Jenniffer González y Ritchie Torres emplazan a secretaria de Energía: “El estado actual de la red eléctrica en Puerto Rico es inaceptable”
Cientos de boricuas se trasladaron este viernes a la sede de LUMA Energy en San Juan para protestar por las más recientes interrupciones en el servicio que dejaron a unos 350,000 abonados sin luz a mediados de semana
Nueva York – Miembros de Cámara de Representantes de Estados Unidos enviaron esta semana cartas a la secretaria del Departamento de Energía federal (DOE), Jennifer Granholm, en las que le solicitan que intervenga con urgencia para resolver la crisis energética en Puerto Rico a raíz de los nuevos apagones registrados en las pasadas semanas en la isla.
Ayer, precisamente, cientos de boricuas se trasladaron hasta el exterior de la sede de LUMA Energy (compañía privada encargada de la transmisión y distribución de la energía eléctrica en la isla) en la Avenida Ponce de León en San Juan para protestar por las interrupciones en el servicio que entre el miércoles y la madrugada del jueves dejaron a unos 350,000 abonados sin luz.
Una de las cartas, con fecha del 13 de junio, fue enviada por la comisionada residente en Washington D.C. y candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), la republicana Jenniffer González; y por el representante demócrata de Nueva York, Ritchie Torres.
En la misiva, suministrada a El Diario, los legisladores manifiestan su preocupación, no solo por la recurrencia de los apagones sino por su extensión.
“Estas interrupciones de electricidad están teniendo un impacto severo en la vida diaria de los puertorriqueños, obstaculizando el acceso a servicios esenciales, interrumpiendo los negocios, al tiempo que plantean importantes riesgos para la salud y la seguridad”, señalan los congresistas en el documento.
Los suscribientes compararon la situación actual por la caída del sistema con la que experimentan los boricuas en medio de huracanes.
“Por muchas semanas, cientos de residentes en Puerto Rico han estado sin electricidad. El apagón más reciente dejó más de 340,000 clientes sin servicio, mientras impactó reservas de aguas y el principal aeropuerto. Se reportó que multiples municipalidades en el centro y sur de la isla tendrán que esperar semanas para que la electricidad sea restablecida. Este periodo de espera puede ser comparado con lo que muchas familias tienen que pasar justo después de un desastre natural, la diferencia es que está ocurriendo sin un huracán o cualquier desastre mayor. Nosotros no podemos esperar a una emergencia para arreglar algo que sabemos que no funciona. El estado actual de la red eléctrica en Puerto Rico es inaceptable”, plantean en el texto.
Los representantes urgieron a la secretaria del DOE proveer la asistencia necesaria para agilizar la reconstrucción del sistema eléctrico en Puerto Rico.
“Esta intervención debe incluir el establecimiento de protocolos de emergencia para atender las necesidades inmediatas de los afectados por los apagones, y al mismo tiempo fomentar las colaboraciones con estados, compañías de electricidad y otras agencias federales para proveer asistencia urgente a quienes necesitan que se les restablezca el servicio”, emplazan González y Torres.
“Adicional, un plan comprensivo debe ser desarrollado e implementado para estabilizar y modernizar la red eléctrica para prevenir incidentes de este tipo en el futuro inmediato. Los recursos federales y conocimientos son esenciales para apoyar los esfuerzos locales en Puerto Rico y asegurar que el proceso de reconstrucción es eficiente y efectivo. Los residentes de P.R. merecen el mismo nivel de apoyo y fiabilidad en la infraestructura que los de territorio continental”, puntualizan.
González, quien forma parte de la Administración Pierluisi bajo la que se firmó el contrato con LUMA Energy, ha dicho que, de prevalecer en las elecciones generales del 5 de noviembre, ordenará a la persona que designe al Departamento de Justicia examinar el contrato de LUMA Energy con el Gobierno.
Nydia Velázquez también envía carta a secretaria del DOE
Un día después del emplazamiento de los representantes, la demócrata de Nueva York, Nydia Velázquez envío una carta similar a la secretaria del DOE en la que pide que Puerto Rico sea incluido en la Calculadora de Estimación del costo de interrupción (ICE).
ICE es una herramienta para la planificación energética resiliente que pueden usar entidades gubernamentales y otras.
En específico, Velázquez plantea en el documento interrogantes sobre potenciales fuentes de financiamiento disponibles para ayudar en la implementación de la calculadora en Puerto Rico, así como maneras para garantizar que compañías privadas como LUMA Energy y Genera PR (encargada de la generación de electricidad en la isla) compartan la información más actualizada sobre apagones y el impacto en los consumidores.
“Está muy claro que la falta de un servicio eléctrico confiable crea y exacerba vulnerabilidades en diferentes sectores de la población. Mientras los operadores privados no logran obtener resultados, el costo físico, emocional y económico para los consumidores aumenta”, lee parte de la misiva enviada por Velázquez a Granholm.
“Como mínimo, cada consumidor debería ser compensado adecuadamente por las pérdidas económicas que ha experimentado debido a los apagones. Además, debe haber una mayor transparencia en cuanto al alcance de los daños causados por las interrupciones del servicio por parte de los operadores privados”, añadió la congresista.
A juicio de Velázquez, “esta es una clara oportunidad para que el DOE profundice en su compromiso de alcanzar justicia energética y confiabilidad en la isla”.
“Hay vidas en juego, y los residentes están urgentemente esperando por apoyo federal para recuperarse de esta crisis energética. Los puertorriqueños han sufrido de una significativa negligencia gubernamental por los últimos años. Es hora de revertir este patron y tomar acción decisiva para que los responsables de brindar un servicio eléctrico de calidad rindan cuentas”, expuso la legisladora.
Cabe señalar que LUMA Energy ha dicho que no se hará responsable por las pérdidas económicas de los clientes debido a los daños provocados por las interrupciones en el servicio bajo el argumento de que esto significaría más aumentos en la factura.
“Hablo directamente al pueblo de Puerto Rico con mucha empatía y sensibilidad porque sé lo que significa perder enseres (electrodomésticos). Desde que LUMA comenzó a operar, ninguna empresa se iba a responsabilizar por los enseres de todos”, declaró Juan Saca, presidente del consorcio en una conferencia esta semana.
“Si LUMA paga por estos daños, el costo se reflejará en la cuenta del cliente”, añadió.
La labor de Granholm en cuanto a la reconstrucción de Puerto Rico
Granholm encabeza los trabajos del “Equipo de Modernización y Recuperación de la Red de Puerto Rico” creado bajo la administración del presidente Joe Biden.
En resumen, Granholm está encargada de supervisar lo que son los procesos reconstrucción de la red eléctrica y la transformación a energía renovable, acorde con la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico (Ley 17 de 2019)
En la visita de Biden a Puerto Rico el 3 de octubre de 2022, dos semanas después del huracán Fiona, el presidente anunció la encomienda que le había asignado a la secretaria del DOE, y reconoció que hacía falta avanzar en la recuperación de la isla.
Granholm ha visitado unas ocho veces la isla desde el 2022. La más reciente fue junto a la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, en marzo pasado.
Desde Canóvanas, las funcionarias insistieron en el compromiso de la Administración para que más hogares en Puerto Rico se reconstruyan y obtengan paneles solares bajo los distintos programas federales administrados, no solo por el DOE, sino por el Departamento de Vivienda federal.
En febrero pasado, el DOE anunció la apertura del “Programa Acceso Solar” que se espera beneficie a 30,000 familias en P.R. con sistemas de paneles solares y baterías.
La iniciativa se nutre de unos $440 millones del Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico (Puerto Rico Energy Resilience Fund, PR-ERF) aprobado en el Congreso y firmado por el presidente Joe Biden.
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