DOJ obtuvo en secreto registros telefónicos y mensajes de 43 empleados del Congreso
Los fiscales obtuvieron los registros, de entre 2017 y 2018, a través de citaciones y otros procesos legales
Este martes se dio a conocer que el Departamento de Justicia, DOJ, ignoró algunas de sus políticas al obtener en secreto los registros telefónicos y de mensajes de texto de 43 empleados del Congreso y dos miembros del Congreso, así como de algunos periodistas, en relación con la investigación del FBI sobre la presunta coordinación de la campaña de Trump con Rusia, según un nuevo informe del organismo de control interno del departamento.
El informe del Inspector General Michael Horowitz el DOJ no actúo con motivos políticos, sino que no tuvo suficientemente en cuenta la separación constitucional de poderes al confiscar registros de comunicaciones de empleados y legisladores solo porque tenían acceso legal a secretos de Estado a través de sus trabajos.
De acuerdo con la agencia AP, los fiscales obtuvieron los registros, de entre 2017 y 2018, a través de citaciones y otros procesos legales a proveedores externos, entre ellos Apple y adjuntaron órdenes de censura para evitar que las empresas notificaran a los clientes.
Entre quienes han dicho que sus registros fueron obtenidos se encuentra el candidato del presidente electo Trump para director del FBI, Kash Patel, quien entonces era miembro del Comité Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes que conducía una investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones. Patel dijo en una demanda contra el departamento el año pasado que Google le notificó que en 2017 el departamento había obtenido una citación del gran jurado para sus registros.
En tanto, las incautaciones de registro de periodistas de The New York Times, The Washington Post y CNN ya habían sido reportadas con anterioridad y el DOJ de Biden endureció sus directrices sobre el tema.
El Inspector General no recomendó presentar cargos contra nadie en su revisión y no encontró ninguna indicación de que los fiscales de carrera asignados a la investigación de filtración estuvieran motivados por la política.