El Puente con presencia en NY y Puerto Rico teme que reducción de fondos federales bajo Trump afecte sus programas
La entidad, que trabaja para combatir el cambio climático, se beneficia particularmente de fondos de la Agencia de Protección Ambiental (EPA)
Francisco Cintrón-Moscoso (al centro) es el director de programas de la organización El Puente. Crédito: El Puente | Cortesía
Nueva York – El director de programas de la organización El Puente con sede en Williamsburg, Brooklyn, Federico Cintrón-Moscoso, dijo estar preocupado por el impacto que pudieran tener las nuevas políticas adoptadas por la Administración Trump para recortar el gasto en distintas agencias, y, por ende, los fondos federales para el funcionamiento de entidades como la que dirige.
En entrevista con El Diario, el líder comunitario indicó que El Puente, cuyos miembros trabajan para combatir el cambio climático, se beneficia particularmente de fondos de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), por lo que cualquier reducción los podría afectar directamente.
“Nosotros acabamos de someter en diciembre una propuesta a la EPA que ya de por sí no sabemos qué va a pasar con esa propuesta ahora mismo, y no nos han informado si va a continuar o no (el proceso). La EPA es una fuente de fondos importantes para el trabajo climático. Lo había sido los últimos cuatro años. Se han desarrollado iniciativas y proyectos nuevos para este trabajo. Nos va a afectar si ese dinero se detiene o se cambia para utilizarse en cualquier otra cosa; definitivamente va a afectar el trabajo que estamos haciendo”, destacó el activista.
Cintrón-Moscoso añadió que, no contar con el financiamiento necesario, tendría un impacto tanto en el trabajo en Nueva York como en el que realizan en el espacio que compraron recientemente en Río Piedras, Puerto Rico, ya que se han sometido propuestas para proyectos en ambas jurisdicciones.
“Son proyectos, precisamente, para fortalecer el trabajo comunitario en aspectos ambientales en ambos lugares. Uno es para la creación de Consejos Asesores de Política Pública; otros tienen que ver con el diseño y reconstrucción de refugios climáticos como el que estamos haciendo en Puerto Rico”, explicó.
El boricua argumentó que proyectos que ya están encaminados tal vez no corran riesgo.
“Yo colaboro con otros grupos en otros proyectos que ya estaban corriendo. Esos quizás no se van a afectar…Pero, los que directamente sometimos y estaban en revisión, pues son esos (los que estarían en riesgo)”, expuso.
Cintrón-Moscoso afirmó que la amenaza de recortes en fondos no los desalentará de continuar promoviendo iniciativas y esfuerzos en pro de la justicia ambiental y en favor de las comunidades más vulnerables a los efectos del cambio climático.
“Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Parte del dinero que nosotros recibimos es de fundaciones privadas. Seguiremos reforzando esas relaciones para seguir adelantando el trabajo que estamos llevando a cabo. Eso no nos va a detener…”, aseguró.
Sin embargo, el entrevistado anticipó que el impacto mayor se podría ver en proyectos de infraestructura pública y de vivienda que se nutren de fondos por desastre a través de FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias), o de programas que administra el Departamento de Vivienda federal (HUD).
“El impacto ahí a los residentes y a las comunidades pobres podría ser mucho mayor”, alertó.
Sobre la propuesta de Trump de eliminar FEMA, Moscoso-Cintrón considera que esa no es la solución a las deficiencias en los procesos de aprobación y desembolso de fondos. A su juicio, desmantelar FEMA pondría en riesgo fondos federales destinados a Puerto Rico, territorio constantemente afectados por eventos climatológicos como huracanes.
“La idea es preocupante porque tenemos que entender que estas emergencias van a aumentar; no van a disminuirse. Y lo que nos han probado los últimos años y los últimos meses, por ejemplo, con los fuegos en Los Ángeles (California), está clarísimo que es necesario tener una agencia que pueda velar para organizar la repartición de fondos y las ayudas a estas emergencias…Eso no significa que es perfecta. Nosotros hemos hecho muchas críticas en la manera y en el trabajo que han hecho en Puerto Rico. Pero de ahí a saltar a decir que hay que eliminarla, no es la solución”, argumentó.
A pesar de que el Gobierno dejó sin efecto el memo circulado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OMB) que congelaba fondos federales para préstamos, subvenciones y otros tipos de asistencia, y una jueza federal extendió el bloqueo que había emitido temporalmente, hay varias órdenes ejecutivas firmadas por Trump que ponen en jaque fondos para estados, territorios y tribus.
Luego de que Trump y su equipo rescindieron del memo, la EPA instruyó a oficiales para que permitieran el desembolso de fondos a algunos programas como los de la Ley de Inversión en Infraestructuras y Empleo y Ley de Reducción de Inflación, incluyendo subvenciones de asistencia para estados y tribus, “brownfields” (terrenos abandonados) y el llamado Súperfondo para limpieza de terrenos contaminados.
La orden de emergencia nacional energética firmada por Trump poco después de juramentar establece un freno en el desembolso de fondos asociados a ambas leyes que también aplican a territorios como Puerto Rico. Esa orden fue promulgada antes del memo.
La pausa al desembolso de fondos mediante la orden se estableció con el fin de examinar si los estatutos cumplen con la política pública de Trump.
Por otro lado, esta semana trascendió que la Administración Trump puso bajo licencia administrativa a cerca de 170 empleados de la EPA adscritos a la Oficina de Justicia Ambiental y Cumplimiento Externo de Derechos Civiles (OEJECR). OEJECR es la dependencia que se encarga de hacer cumplir las leyes de derechos civiles que prohíben la discriminación por raza, color de piel, nacionalidad, etc., a solicitantes de la asistencia financiera federal de la EPA.
Según oficiales de la agencia que hablaron con NPR bajo condición de anonimato por temor a represalias, la mayoría de los afectados son trabajadores a tiempo parcial que encabezan esfuerzos para reducir daños ambientales en comunidades pobres y/o de minorías históricamente más afectadas por los cambios ambientales.
En el caso de agencias como HUD, el memo que había emitido la OMB, el 27 de enero, pudo haber afectado varios programas que benefician a distintas comunidades, incluyendo la de ancianos, personas sin hogar, y discapacitados. Algunos de estos programas también benefician a Puerto Rico.
Entre los que menciona un comunicado de National Low Income Housing Coalition (NLIHC) son: Sección 8, Sección 811, Sección 202, Subvenciones de asistencia para personas sin hogar, Programa HOME y Subvenciones en bloque para el desarrollo comunitario (CDBG).
“Incluso una pequeña pausa en el financiamiento puede causar un daño significativo a familias de bajos ingresos y sus comunidades”, dijo Renee Willis, la CEO y directora interina de NLIHC.
En la segunda parte de la entrevista al director de programas de la organización El Puente abordamos la reciente compra de una propiedad como sede de sus operaciones en Puerto Rico y cómo piensan transformarla en un refugio climático y de justicia ambiental en beneficio de la comunidad.
