Congresistas piden datos sobre cierre de oficinas de USDA Rural Development en Puerto Rico
Piden a la funcionaria que explique el alcance del cierre de Desarrollo Rural que administra, entre otros, fondos para reparación y construcción de vivienda

La bandera puertorriqueña ondea cerca del Capitolio en San Juan. Crédito: Ricardo Arduengo | AP
Nueva York – El comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C., Pablo José Hernández, junto a otros 10 demócratas en la Cámara de Representantes, enviaron una carta a la secretaria del Departamento de Agricultura federal (USDA), Brooke Rollins, en la que le piden que clarifique las razones y el alcance del cierre de oficinas adscritas a la agencia como la de Desarrollo Rural (RD) que brinda servicios a ciudadanos en la isla.
La carta, con fecha del pasado 27 de marzo, hace referencia a las 11 oficinas del Servicio de Vivienda Rural (RHS) de Desarrollo Rural (RD) que serían cerradas en todo el país, incluyendo en el territorio de Puerto Rico.
Para los legisladores, la planeada terminación de contratos es motivo de preocupación debido a que estas oficinas juegan un papel crucial en el apoyo de comunidades rurales en términos de programas de asistencia para vivienda, financiamiento de instalaciones comunitarias y desarrollo de infraestructura en general.
Los suscribientes hacen referencia a información disponible en el sitio web del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), que encabeza el magnate Elon Musk, que informa sobre la cancelación de contratos en 11 oficinas de RHS de USDA en estados y territorios.
Entre las jurisdicciones en la mira de DOGE se encuentran, además de Puerto Rico, Alaska, Arkansas, Delaware, Florida, Kansas, Maine, Nueva Jersey, Wisconsin, Pennsylvania, y las Islas Vírgenes.
“Aunque reconocemos la importancia de la responsabilidad fiscal, nosotros estamos preocupados que estos cierres afecten desproporcionadamente a comunidades rurales que dependen de estos servicios provistos por estas oficinas”, planteó el grupo de demócratas.
“Las oficinas de RHS y RD administran programas críticos para el bienestar de los residentes en zonas rurales, incluyendo préstamos y subvenciones para unidades de vivienda individuales y multifamiliares; instalaciones comunitarias, tales como hospitales y escuelas, y proyectos de infraestructura esencial. Cerrar estas oficinas pone en riesgo el acceso a estos servicios vitales, potencialmente llevando a impactos negativos a la vida y estabilidad económica de las áreas rurales”, argumentaron en la misiva.
Los congresistas emplazaron a la secretaria de USDA a que explique los criterios utilizados para determinar que las oficinas deben ser cerradas; si el Departamento abrirá las oficinas en nuevas ubicaciones; cómo la USDA se está asegurando que los servicios críticos sigan siendo accesibles y que el financiamientos para programas esenciales no se retrasará; y, en caso de que sean cerradas permanentemente, si USDA proveyó notificación previa al Congreso acorde con requerimientos de ley.
“Nosotros la urgimos a que sea clara en estas preguntas y le requerimos una pronta respuesta. Las comunidades rurales se merecen la seguridad de que su Gobierno continúa comprometido en garantizar un acceso confiable a los servicios de los que dependen. El personal dedicado en estas oficinas juega un rol invaluable en apoyar las comunidades rurales, y su cierre representaría una pérdida significativa”, concluyeron.
Entre los firmantes de la carta se encuentran los otros cinco representantes de origen boricua, Nydia Velázquez (D-NY), Alexandria Ocasio Cortez (D-NY), Ritchie Torres (D-NY), Nellie Pou (D-NJ), y Darren Soto (D-FL).
El resto del grupo lo completa Yassamin Ansari (D-AZ), John Mannion (D-NY), Sarah McBride (D-DE), Stacey Plaskett (D-USVI), y Bennie Thompson (D-MS).
El Servicio de Vivienda Rural de Desarrollo Rural maneja una variedad de programas dirigidos a construir o mejorar viviendas e instalaciones comunitarias en las referidas zonas. Aparte de las ayudas ya mencionadas, también ofrece asistencia para financiar centros de cuidado infantil, residencias para ancianos, así como vehículos y equipos de primera respuesta. Además, proveen fondos para asistencia técnica en coordinación con organizaciones sin fines de lucro.
En Puerto Rico, Desarrollo Rural, durante la Administración Biden, encaminó varias asignaciones de fondos federales.
Uno de los programas más populares en Puerto Rico fue el de Préstamos Directos Sección 502, bajo la que solicitantes de bajos ingresos pueden comprar o construir una vivienda en áreas elegibles, ya que provee asistencia para aumentar la capacidad de pago.
Bajo el programa de “Préstamos y subvenciones para la reparación de viviendas unifamiliares”, mejor conocido como Sección 504, se ofrecen préstamos a propietarios de viviendas con bajos ingresos para reparar, mejorar o modernizar sus hogares. Además, se administran subvenciones para dueños de viviendas de edad avanzada e ingresos bajos para eliminar riesgos de salud y seguridad.
Otro programa que estaba disponible en Puerto Rico era Rural Energy for America Program (REAP), resultado de la Ley de Reducción de Inflación (IRA).
Este programa ofrecía subvenciones y préstamos a productores agrícolas, pequeñas empresas y cooperativas en Puerto Rico para apoyar sistemas de energía renovable e impulsar la eficiencia energética.
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