Trump pide al Supremo frenar orden de repatriar a migrante deportado por error a prisión en El Salvador

La Administración de Donald Trump solicitó este lunes al Tribunal Supremo impedir que se ejecute una orden judicial que obliga a repatriar a un migrante salvadoreño enviado por equivocación a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, pese a contar con protección contra su deportación.

Kilmer Armado Ábrego García, residente de Maryland y casado con una ciudadana estadounidense, fue deportado el 15 de marzo a pesar de tener una suspensión judicial vigente. La jueza Paula Xinis había dado al Gobierno plazo hasta este lunes para garantizar su regreso a Estados Unidos.

Según documentos judiciales citados por The Washington Post, el Ejecutivo argumentó que actualmente no tiene la capacidad de traer de vuelta a Ábrego porque se encuentra bajo custodia del gobierno salvadoreño.

Con ese argumento, pidió la intervención del máximo tribunal tras no obtener respuesta favorable del Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito.

“La Constitución encarga al presidente, no a los tribunales federales de distrito, la conducción de la diplomacia exterior y la protección de la nación contra terroristas extranjeros, incluyendo su deportación”, defendió el Gobierno en su escrito al Supremo.

El caso ha generado críticas debido al modo en que se manejó la detención y deportación del migrante. Ábrego fue arrestado por el ICE el pasado 12 de marzo en Texas, bajo el argumento de que su estatus migratorio había cambiado.

Poco después, fue incluido en uno de los vuelos que trasladaron a más de 200 venezolanos y varios salvadoreños a su país de origen.

Entre los deportados, Ábrego fue enviado directamente al Cecot, la prisión salvadoreña conocida por albergar a presuntos miembros de pandillas. El Gobierno estadounidense reconoció más tarde que su deportación fue resultado de un “error administrativo”.

La defensa del migrante sostiene que en 2019 un informante vinculó falsamente a Ábrego con la pandilla MS-13, lo que desencadenó una orden de deportación. Sin embargo, tras presentar una solicitud de asilo, un juez le otorgó una suspensión de dicha orden, que se encontraba vigente al momento de su expulsión.

Ahora, el Gobierno de Trump busca evitar que el mandato de la jueza Xinis se haga efectivo, en medio de cuestionamientos por la responsabilidad del Ejecutivo en un caso que involucra procedimientos judiciales, diplomacia internacional y derechos de los migrantes.

Con información de EFE.

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