DHS negó haber deportado niños estadounidenses a Honduras: “Las madres decidieron llevárselos”
Tres menores de siete años, nacidos en Estados Unidos y por lo tanto ciudadanos estadounidenses, fueron enviados fuera del país junto a sus madres
Según denuncias, ICE habría dificultado o incluso impedido el contacto de las madres con sus abogados y familiares Crédito: Pablo Martinez Monsivais | AP
El Departamento de Seguridad Nacional negó este martes que el gobierno de Donald Trump haya deportado a tres niños ciudadanos estadounidenses junto a sus madres indocumentadas, como reportaron medios y activistas migratorios.
A través de su cuenta oficial en la red social X, el DHS afirmó: “No. ICE no deportó a niños ciudadanos estadounidenses. Las madres decidieron llevárselos de regreso a Honduras”.
En el mismo mensaje, subrayó su compromiso con la protección infantil y destacó que el programa CBP Home es gratuito y accesible para todos los dispositivos móviles.
Este desmentido surgió luego de una creciente ola de críticas hacia el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas tras conocerse que tres menores de siete años, nacidos en Estados Unidos y por lo tanto ciudadanos estadounidenses, fueron enviados fuera del país junto a sus madres, quienes se encontraban en situación migratoria irregular.
Tom Homan, asesor presidencial conocido como el zar de la frontera, responsabilizó poco antes a las madres por la situación y argumentó que ellas mismas solicitaron llevarse a sus hijos consigo.
“Si decides tener un hijo ciudadano estadounidense, sabiendo que estás en este país ilegalmente, te pones en esa situación”, declaró Homan durante una rueda de prensa. También afirmó que, de haber separado a las familias, el gobierno habría enfrentado duras críticas por dividir a padres e hijos.
No obstante, organizaciones de derechos civiles, como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, sostienen una versión distinta. Según denuncias, ICE habría dificultado o incluso impedido el contacto de las madres con sus abogados y familiares durante su detención, por lo que las mujeres quedaron casi incomunicadas y sin posibilidad de recibir asesoría legal o solicitar formas de alivio migratorio.
De acuerdo con la ACLU, esta falta de acceso al debido proceso derivó en su deportación sin las garantías mínimas.
Ambas madres, según los activistas, reunían condiciones para acogerse a mecanismos legales que podrían haber evitado su expulsión. Sin embargo, al haber sido trasladadas rápidamente por ICE sin representación legal, sus casos no fueron evaluados por un juez.
Ante esto, las organizaciones de derechos humanos han exigido que el gobierno permita su retorno para que puedan ejercer su derecho a una audiencia y presentar su caso de manera adecuada.
La situación también reavivó el debate sobre el alcance de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, que garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en suelo estadounidense sin importar el estatus migratorio de sus padres.
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