Identifican a segundo migrante supuestamente enviado por error a mega cárcel en El Salvador bajo Ley de Enemigos Extranjeros
La jueza de distrito Stephanie Gallagher estableció el mes pasado que la remoción de Daniel Lozano-Camargo viola un acuerdo legal por asilo
Imagen aérea del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador. Crédito: Salvador Melendez | AP
Nueva York- Kilmar Abrego García no sería el único migrante que el gobierno de Estados Unidos envió por error a la mega cárcel de El Salvador o Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). POLITICO divulgó esta semana la alegada identidad de otro hispano que, según una jueza, fue deportado de manera impropia al país centroamericano.
El reporte del medio estadounidense identificó al afectado como Daniel Lozano-Camargo, de 20 años y originario de Venezuela. Lozano-Camargo hasta el 15 de marzo laboró en un negocio de detallado automotriz cuando la Administración Trump lo catalogó como un “enemigo extranjero” bajo la ley del mismo nombre ((AEA) de 1798, que actualmente está siendo disputada en cortes. El migrante tenía un permiso de trabajo válido.
Lozano-Camargo alegó que huyó a EE.UU. escapando de la persecución en su país de origen. Aunque el joven ha sido procesado en dos ocasiones por crímenes menores relacionados con drogas, su familia insiste en que no pertenece a la pandilla Tren de Aragua, que Trump catalogó de organización terrorista mediante orden ejecutiva.
Al venezolano lo protegía un acuerdo legal del 2024 que le impedía a las autoridades migratorias de EE.UU. sacarlo del país mientras su solicitud de asilo continuaba pendiente.
El informe de POLITICO especifica que la jueza de distrito Stephanie Gallagher estableció el mes pasado que la remoción de Lozano-Camargo violaba ese convenio.
Gallagher ordenó a la Administración Trump “facilitar” el regreso de Lozano-Camargo, pero el Gobierno se resiste a cumplir con la orden.
En un documento legal divulgado este lunes, el Departamento de Justicia señala a Lozano-Camargo como miembro de una violenta pandilla terrorista, lo que, a juicio de las autoridades, lo descalifica de recibir asilo.
Se suponía que para este martes estaba pautada una audiencia en relación con el caso en una corte de Baltimore, Maryland.
El gobierno federal reveló la identidad en metadatos de documentos judiciales, especifica el artículo del medio.
En documentos públicos del tribunal, a Lozano-Camargo se le identifica únicamente como “Cristian”. Gallagher aprobó el uso del seudónimo a pedido de los abogados defensores que llevan el caso. La orden aplica únicamente a las partes en el litigio, no a otras personas externas.
POLITICO contactó a los abogados del joven y les preguntó directamente sobre la confidencialidad que rodea el caso, pero se limitaron a contestar que el Gobierno tiene la obligación de permitir que su cliente y otros inmigrantes presenten sus solicitudes de asilo en EE.UU.
“Presentamos esta moción para exigirle al gobierno que cumpla con las promesas que hizo al tribunal y a los miles de jóvenes vulnerables cuyo futuro depende de la integridad de este proceso”, compartieron los abogados con el medio. “Agradecemos que el tribunal haya confirmado el derecho de Cristian y de otros miembros de la demanda colectiva a presentar sus solicitudes de asilo de forma segura en Estados Unidos”, añadieron.
Archivos judiciales en Texas confirman que agentes arrestaron a Lozano-Camargo en dos ocasiones el año pasado por posesión de cocaína. En junio, la policía de Houston lo arrestó y lo acusó de poseer entre uno y cuatro gramos de cocaína. Fue liberado bajo una fianza de reconocimiento personal de $1,000 dólares, pero la misma fue revocada después de que no se presentara a una cita judicial en octubre.
En noviembre, el Departamento de Seguridad Pública de Texas arrestó a Lozano-Camargo bajo cargos de posesión de menos de un gramo de cocaína. En ese caso, se le impuso una fianza de $2,500, la que aparentemente no pudo pagar.
En enero de este año, el hispano se declaró culpable de un cargo reducido de drogas como parte del acuerdo. Fue sentenciado a 120 días de cárcel, pero se le acreditaron 63 días ya cumplidos, y fue transferido a la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
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