Tribunal recuerda a la Casa Blanca que no puede deportar inmigrantes a Libia
Funcionarios de la Administración Trump filtraran que se estaba organizando un vuelo militar para trasladar a un grupo de inmigrantes a Libia
La bandera Libia frente a las Naciones Unidas. Crédito: Andrew Burton | AP
Un tribunal federal en Boston bloqueó este miércoles la posible deportación de inmigrantes a Libia o Arabia Saudí al considerar que esta medida violaría una resolución previa que exige al gobierno notificar y dar oportunidad de defensa a los afectados antes de su expulsión.
El juez Brian E. Murphy respondió así a una moción de emergencia presentada por abogados de inmigrantes de Laos, Vietnam y Filipinas, quienes temían ser enviados en cuestión de días a Libia, un país inmerso en conflicto y señalado por violaciones a los derechos humanos.
El grupo de defensores —integrado por el Proyecto de Derechos de los Inmigrantes del Noroeste (NWIRP), la Alianza Nacional de Litigios de Inmigración (NILA) y Human Rights First (HRF)— acusó al gobierno de Donald Trump de intentar eludir una orden judicial vigente que protege a personas con órdenes de deportación definitiva.
La resolución, emitida por el mismo juez en abril, impide al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) trasladar a estos inmigrantes a terceros países sin antes notificarlos formalmente y permitirles impugnar la medida.
La alarma se disparó luego de que funcionarios de la Administración Trump filtraran a la prensa que se estaba organizando un vuelo militar para trasladar a un grupo de inmigrantes a Libia. De concretarse, habría sido una violación directa a la orden del tribunal, según argumentaron los abogados.
Murphy fue claro al señalar que su fallo no puede ser eludido transfiriendo responsabilidades migratorias a otras agencias, como el Departamento de Defensa. Subrayó que cualquier deportación que ocurriera sin los pasos establecidos constituiría un incumplimiento de su dictamen.
“La orden de este tribunal no puede ser sorteada simplemente cambiando de manos a los detenidos”, escribió Murphy. Recordó que el DHS está obligado a garantizar garantías mínimas antes de proceder con cualquier traslado.
Desde hace semanas, la Casa Blanca explora acuerdos con países como Ruanda y Libia para recibir inmigrantes que, según Washington, tienen antecedentes penales.
En una reunión de gabinete reciente, el secretario de Estado, Marco Rubio, respaldó esta estrategia, afirmando que EE.UU. estaba “buscando activamente” socios dispuestos a acoger lo que calificó como “algunos de los seres humanos más despreciables”.
“Cuanto más lejos de Estados Unidos, mejor”, dijo Rubio, calificando estos acuerdos como un favor que otros países harían a su gobierno.
Para los representantes legales de los inmigrantes, sin embargo, el enfoque viola derechos básicos.
Matt Adams, director legal de NWIRP, recalcó que el fallo judicial busca impedir que personas sean “expulsadas en secreto a un país donde podrían ser perseguidas o torturadas”. Y concluyó: “La agenda de deportación de la administración Trump no invalida la ley”.
Con información de EFE.
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