Exigen cambiar modelo de “cárcel preventiva” para aligerar cierre de Rikers Island en NYC

Corren los meses y el plan municipal sobre el cierre definitivo de la cárcel de ‘Rikers Island’, en agosto de 2027, para ser reemplazada por una red de centros más pequeños distribuidos en la Gran Manzana, a juicio e interpretación de organizaciones por la reforma penitenciaria “duerme en los laureles”.

La investigación titulada “Plan para el Cierre de Rikers”, llevada a cabo el mes pasado por una Comisión Independiente, confirma esta conclusión. Las organizaciones que vigilan las medidas para clausurar la prisión más grande y peligrosa de Nueva York profundizan en el papel del gobierno municipal en dicho proceso, y además analizan la función de los jueces y del sistema de justicia penal para “enterrar” este centro, considerado como “infernal”.

Se concluye, de manera destacada, que para que la Ciudad cumpla con el mandato legal de clausurar Rikers, los jueces deben modificar diversas prácticas procesales previas al juicio.

Sin embargo, desde el último trimestre de 2024, el sistema de cortes de la Gran Manzana anunció cambios en ciertos procesos para evitar retrasos en la resolución de casos penales y al consiguiente aumento de la población carcelaria. Algunos balances de las instancias judiciales sostienen que estos cambios están dando resultados.

Pero como destaca el reporte independiente, en febrero de 2025, casi el 85% de las más de 6,800 personas en las cárceles de la ciudad se encuentran en prisión preventiva, a la espera del resultado de sus causas penales. 

Las condenas de prisión representan otro 8% de la población carcelaria, y las categorías restantes, por ejemplo, quienes violan la libertad condicional o esperan su traslado a una prisión estatal, representan poco más del 7%.

El drama de la prisión preventiva

En este sentido, Peter Martin, director de Responsabilidad Judicial del Centro para Alternativas Comunitarias, afirmó que este informe demuestra contundentemente que las decisiones diarias de los jueces en los tribunales determinan directamente si la población carcelaria de la ciudad de Nueva York aumenta o disminuye. 

“Al destacar investigaciones que demuestran que la prisión preventiva, no mejora la seguridad pública, ni reduce la reincidencia, el informe presenta argumentos convincentes de que los jueces y los administradores judiciales, son indispensables para el cierre de este complejo penitenciario”, destacó Martín.

Por ello, se insta a legisladores municipales y estatales a realizar ajustes radicales en la forma cómo se administra en Nueva York procesos como la prisión preventiva. Es decir, más opciones previas al juicio, además de la fianza y la cárcel.

El reporte cita estudios realizados en la ciudad de Nueva York, que indican que la prisión preventiva obliga a las personas a declararse culpables, lo que las deja con tasas de condena significativamente más altas que las de personas en situaciones similares que son liberadas. 

Se destaca además que la prisión preventiva tiene un costo humano devastador, especialmente para los miembros más vulnerables de la sociedad. 

“Las personas encarceladas en las cárceles y prisiones del país, y específicamente en Rikers, padecen enfermedades mentales de manera desproporcionada. La prisión preventiva solo agrava los problemas de salud mental”, se pondera.

De las personas que actualmente se encuentran tras las rejas en la ciudad de Nueva York, el 57% ha necesitado servicios de salud mental durante su encarcelamiento. En febrero de 2025, al 21% de los detenidos se les había diagnosticado una enfermedad mental grave, frente al 16% en agosto de 2021. 

En el Centro Rose M. Singer de Rikers Island, más del 75% de las mujeres encarceladas son madres solteras, y el 80% tiene problemas de salud mental. Además, una de cada cuatro mujeres ingresa al centro como sobreviviente de agresión sexual. 

“Estas estadísticas, por sí solas, sugieren la necesidad de alternativas al encarcelamiento”, recomienda la investigación.

Una condena

Un estudio reciente en la ciudad de Nueva York reveló que las personas detenidas antes del juicio tenían un 420% más de probabilidades que las personas liberadas de quedarse sin hogar, un 74 % más de probabilidades de perder su trabajo y un 41% más de probabilidades de sufrir efectos adversos en su capacidad para mantener a sus hijos.

“El tamaño de la población carcelaria depende principalmente de cientos de decisiones diarias que toman los jueces de nuestros tribunales, y demasiados jueces siguen tomando decisiones que conducen a la tortura y la muerte de nuestros vecinos”, aseveró Darren Mack, codirector de Freedom Agenda.

Se recomienda que en lugar de “intentar presionar a los jueces para que priven a más personas del debido proceso” encarcelándolas en Rikers antes de una condena, el gobierno municipal debería colaborar con ellos para que más neoyorquinos, accedan a programas comunitarios alternativos.

Hay reformas

El pasado mes octubre, funcionarios judiciales publicaron una serie de “innovaciones en la gestión de casos” centradas en la idea de que los fiscales de distrito, los jueces y los abogados defensores deberían realizar un esfuerzo más coordinado, para avanzar en las sentencias, en los que un acusado se encuentra privado de libertad.

En un comunicado el Juez Administrativo Principal, Joseph A. Zayas anunció innovaciones en las operaciones judiciales, para agilizar la tramitación de casos de delitos graves y reducir las demoras innecesarias en los tribunales penales de la ciudad de Nueva York.

Entre estas nuevas medidas, destacan los protocolos para supervisar de forma más eficaz y eficiente el proceso de descubrimiento de pruebas en cada etapa, identificar y resolver obstáculos para garantizar que los casos estén listos para el juicio y supervisar los plazos a lo largo de su evolución.

El dato:

• 7 veces se han disparado del año fiscal 2011 al año fiscal 2024, los incidentes y las denuncias de uso de la fuerza por parte de los funcionarios penitenciarios. Desde 2020, las cárceles de la ciudad han experimentado picos significativos de violencia y la falta de asistencia del personal penitenciario a las citas médicas programadas.