Gobierno de Trump pidió al Supremo que le permita reanudar las expulsiones de venezolanos
El gobierno de Trump argumenta que los migrantes están generando una situación “peligrosa” dentro del centro Bluebonnet, en Texas
Un grupo de migrantes formaron con sus cuerpos las letras “SOS” en el patio del centro de detención Crédito: Eli Hartman | AP
La administración de Donald Trump solicitó este martes a la Corte Suprema de Estados Unidos que le autorice continuar con las expulsiones de más de 200 migrantes venezolanos retenidos en un centro de detención en Texas, a quienes vincula con el grupo criminal transnacional Tren de Aragua.
La petición formal del Ejecutivo, presentada en un documento judicial de más de 60 páginas, se produce poco más de un mes después de que el alto tribunal interviniera de emergencia para bloquear el traslado de estos hombres hacia la megacárcel conocida como el Centro de Confinamiento del Terrorismo, en El Salvador, un penal de máxima seguridad señalado por organizaciones internacionales por supuestas violaciones a los derechos humanos.
En su escrito, el gobierno de Trump argumenta que los migrantes están generando una situación “peligrosa” dentro del centro Bluebonnet, ubicado en la localidad de Anson, Texas.
Según el texto, 23 de ellos se atrincheraron recientemente en una celda durante horas y llegaron a amenazar con tomar rehenes y agredir a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Tras ese incidente, los detenidos involucrados fueron trasladados a otra cárcel estatal.
El centro Bluebonnet ha sido foco de atención luego de que imágenes aéreas captadas con un dron mostraran a un grupo de migrantes formando con sus cuerpos las letras “SOS” en el patio, en lo que parece ser un llamado de auxilio frente a las condiciones de su detención.
Para justificar la expulsión, el gobierno republicano invocó una ley poco habitual: la Ley de Enemigos Extranjeros, que históricamente solo ha sido aplicada en contextos de guerra. El Ejecutivo asegura que los migrantes en cuestión constituyen una amenaza nacional y los ha calificado como “invasores”.
El pasado 19 de abril, la Corte Suprema suspendió temporalmente las expulsiones al Cecot tras un recurso presentado por organizaciones defensoras de derechos humanos. Estas entidades alegan que Estados Unidos estaría vulnerando normas internacionales al trasladar a personas detenidas a cárceles extranjeras sin garantías jurídicas ni procesos adecuados de asilo.
Según el acuerdo alcanzado entre la administración Trump y el gobierno de Nayib Bukele, Washington se comprometió a pagar $6 millones de dólares anuales a El Salvador para cubrir gastos operativos del Cecot, a cambio de que esta prisión albergue a migrantes considerados de “alto riesgo”.
Hasta la fecha, más de 200 personas, en su mayoría venezolanos, han sido enviadas a ese penal bajo acusaciones de pertenecer al Tren de Aragua, una banda criminal originada en Venezuela. Sin embargo, un análisis reciente del medio Bloomberg reveló que el 90% de estos migrantes no posee antecedentes penales en territorio estadounidense.
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