Gobierno de Trump demanda a cuatro ciudades de NJ por políticas “santuario” a inmigrantes
Las ciudades Newark, Hoboken, Jersey City y Paterson fueron demandadas por el gobierno federal alegando "violaciones migratorias", como ya antes sucedió con NY
El alcalde de Newark (NJ), Ras Baraka, en protesta pro inmigrantes el 7 de mayo de 2025. Crédito: Seth Wenig | AP
El gobierno federal de Donald Trump demandó a cuatro ciudades santuario de Nueva Jersey y a sus funcionarios electos por presuntas violaciones migratorias.
La demanda civil federal cuestiona la validez de las leyes de las ciudades santuario y busca que un juez las anule. El Departamento de Justicia (DOJ) alega que los gobiernos de Newark, Hoboken, Jersey City y Paterson obstruyeron ilegalmente el trabajo de los agentes federales de inmigración. Los alcaldes demócratas de esas ciudades -Ras Baraka, Ravi Bhalla, Steven Fulop y Andre Sayegh- y los cuatro ayuntamientos figuran como acusados, reportó.
Según las afirmaciones del gobierno federal, “estas ciudades (junto con sus funcionarios electos) niegan a los agentes federales de inmigración el acceso a los inmigrantes indocumentados bajo custodia local; restringen la capacidad de los funcionarios locales para entregar a los inmigrantes indocumentados a los agentes federales; e impiden a los funcionarios locales, por lo demás dispuestos, proporcionar información crucial a las autoridades federales de inmigración”.
El alcalde de Newark, calificó la demanda del DOJ como “ridícula”. Hace dos semanas Baraka fue arrestado frente a una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en su ciudad, la más poblada de Nueva Jersey.
“Es un desperdicio de dinero de los contribuyentes. Es realmente ridículo. No hay evidencia de que las ciudades santuario representen un peligro para la comunidad ni para la policía”, declaró Baraka ayer a CBS News. “Intentan convertirnos en chivos expiatorios porque, como saben, dijeron que arrestarían a millones de delincuentes, y lo que estamos descubriendo es que la mayoría de las personas que están deteniendo no son delincuentes”.
El caso anterior de Baraka fue desestimado, pero la representante estadounidense LaMonica McIver fue acusada federalmente de agresión durante la protesta del 9 de mayo en Delaney Hall. McIver negó haber actuado mal y calificó los cargos de “puramente políticos”.
En general, la administración Trump no ha tenido éxito en desafiar las leyes de ciudades santuario. Varias sentencias anteriores han establecido que el gobierno federal no puede usar su poder adquisitivo ni retener fondos para obligar al cumplimiento de las leyes de inmigración. Los tribunales también han dictaminado que los gobiernos estatales y locales tienen autonomía para determinar sus propias políticas.
“Nada en nuestras políticas impide que las fuerzas del orden cumplan con su deber. Nos negamos a convertir nuestra ciudad en un brazo de la policía federal de inmigración, algo que los tribunales ya han dictaminado que no es nuestra función”, había dicho Baraka en una declaración anterior. “Los inmigrantes tienen muchas más probabilidades de ser víctimas de delitos que perpetradores, y no hay ninguna prueba de que las políticas de santuario hagan que las comunidades sean menos seguras. De hecho, es todo lo contrario: hemos reducido los homicidios 61% desde que asumí la alcaldía. Así que nuestras políticas no sólo son legales, sino que funcionan”.
En febrero Pam Bondi, la entonces nueva fiscal general de Estados Unidos nombrada por Trump, aprovechó su primera conferencia de prensa oficial para anunciar una similar demanda al estado Nueva York, así como a la gobernadora Kathy Hochul, la fiscal general estatal Letitia James y Marc Schroeder -comisionado del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) del estado-, alegando que sus políticas limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración.
