28 congresistas piden a gobierno de Puerto Rico que no suministre datos de licencias de conducir de indocumentados a DHS y ICE
El comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C. lidera la misiva que fue enviada a la gobernadora Jenniffer González
Ciudadanos realizan trámites en una oficina de DMV en South Carolina. Crédito: Bruce Smith | AP
Nueva York – Veintisiete congresistas liderados por el comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C., Pablo José Hernández Rivera, firmaron una carta en la que le expresan a la gobernadora Jenniffer González Colón su preocupación por el suministro a las autoridades federales de información personal de migrantes con licencia de conducir en la isla.
“Le escribimos para expresar nuestra profunda preocupación por la reciente decisión del Gobierno de Puerto Rico de compartir información personal sobre inmigrantes con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), incluyendo información sobre personas que obtuvieron licencias de conducir bajo la ley de Puerto Rico”, inicia la misiva con fecha de este jueves.
En el documento, los legisladores argumentan que el Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico (DTOP) dijo, el 6 de junio, que la entrega de datos sobre indocumentados que sacaron su licencia de conducir en el territorio se hizo acorde con una citación judicial y que estaban obligados a cumplir con el requerimiento para evitar el retiro de fondos federales.
“Sin embargo, el 10 de junio de 2025, el director de ICE en Puerto Rico contradijo públicamente dicha afirmación indicando que no se había emitido ninguna citación ni se había amenazado con retener la financiación”, añade el texto de los congresistas demócratas.
De acuerdo con los representantes, la ley federal de migración no exige que Puerto Rico, ni ningún otro territorio u estado, comparta voluntariamente datos personales como los que maneja el DTOP con las autoridades federales.
“Por el contrario, el poder ejecutivo no puede obligar a las jurisdicciones a llevar a cabo acciones de control migratorio. Los gobiernos estatales y locales de todo el país, en ejercicio de su autonomía, se han resistido a los esfuerzos ilegales de la Administración para condicionar los fondos federales a la cooperación local con las autoridades de inmigración”, plantea el texto.
“Los tribunales han declarado repetidamente inconstitucionales dichos esfuerzos”, agrega la carta.
Los congresistas afirman que el gobierno de Puerto Rico debe proteger la información confidencial que los inmigrantes le han proporcionado a menos que una orden judicial disponga lo contrario. “Esta información no debe divulgarse voluntariamente, especialmente para perjudicar a los residentes y contradecir las leyes que, como servidores públicos, juramos proteger”, exponen.
El llamado finaliza con un emplazamiento a la gobernadora a reconsiderar la decisión del DTOP de compartir voluntariamente datos de inmigrantes con HSI.
“También le animamos a seguir el ejemplo de otras jurisdicciones que se han resistido legalmente a la extralimitación federal”, concluyen.
La carta cuenta con el aval de influyentes líderes en la Cámara, como Adriano Espaillat, presidente del Caucus Hispano del Congreso; Bennie G. Thompson, miembro de alto rango del Comité de Seguridad Nacional; Robert García, miembro de alto rango en el Comité de Supervisión y Responsabilidad; y Nydia M. Velázquez, miembro de alto rango del Comité de Pequeños Negocios.
ICE ha dicho que no cuentan con ningún memorándum para el manejo de este tipo de información y que las solicitudes se realizan a través de un subpoena (orden judicial).
Las licencias de conducir para indocumentados fueron aprobadas en la Asamblea Legislativa en Puerto Rico, en el 2013, bajo la Administración del gobernador Alejandro García Padilla, del Partido Popular Democrático (PPD).
La licencia es una autorización que expide el secretario del DTOP para manejar un vehículo de motor por las vías públicas de la isla.
Para solicitarla, el extranjero debe haber residido en Puerto Rico por un periodo mayor de un año; no poseer una tarjeta de Seguro Social ni documento que verifique que no es elegible y no poseer documentación que demuestre que es ciudadano (a) de los Estados Unidos.
La Ley Núm. 97 de 7 de agosto permitió la otorgación de ese permiso especial para conducir que beneficia a más de 20,000 migrantes.
La información divulgada por medios locales indica que datos de unos 6,000 recipientes fueron provistos a las autoridades federales en la isla.
En Puerto Rico, el Departamento de Transportación es el que emite las licencias a través de la Directoría de Servicios al Conductor (CESCO) a través de toda la isla.
Un informe de “Migration Policy” divulgado en mayo confirma que la indagación en información asociada a licencias de conducir es una de las estrategias de agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), adscrita al DHS (Departamento de Seguridad Nacional) para ubicar a indocumentados.
El reporte especifica que, aún cuando las jurisdicciones cuentan con protecciones, a menudo carecen de mecanismos de cumplimiento, lo que significa que la información se comparte rutinariamente con el ICE.
“En varios estados, ICE ha escaneado fotografías de licencias de conducir utilizando tecnología de reconocimiento facial”, detalla el análisis.
El artículo, titulado “En un intento por aumentar las deportaciones, la administración Trump expande silenciosamente una vasta red de datos”, añade que la mayor parte de la información en manos de la agencia migratoria proviene de acuerdos de intercambio de datos con estados y localidades.
“El ICE utiliza datos del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), particularmente en estados que permiten a personas no autorizadas obtener una licencia de conducir. Los procedimientos varían considerablemente según el estado. En 2023, 19 estados (además de Washington, D.C. y Puerto Rico) emitían licencias de conducir sin importar el estatus migratorio”, expone el texto escrito por Muzaffar Chishti y Colleen Putzel-Kavanaugh.
“Muchos estados tienen prohibiciones legales específicas que limitan el intercambio de información con agencias federales; por ejemplo, Illinois exige una orden judicial, una citación o una orden judicial para compartir información con el ICE”, añaden.
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