Alcalde de Aguadilla cuestiona al gobierno de Puerto Rico por retirarle fondos del DHS tras declararse “ciudad santuario”
Para Julio Roldán Concepción, la aprobación de la Ordenanza 82 no es argumento suficiente
Sello del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Crédito: Carolyn Kaster | AP
NUEVA YORK – El alcalde de Aguadilla, Julio Roldán Concepción, emplazó al gobierno de Puerto Rico, encabezado por Jenniffer González, a que explique en detalle las razones para retirarle fondos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), luego de que el ayuntamiento se declarara “santuario”.
A través de un comunicado de prensa emitido este lunes, el ejecutivo municipal emplazó directamente a Arthur Garffer, secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), a que detalle cuáles fueron los criterios y el análisis legal para remover los fondos federales de la Operación Stonegarden (OPSG).
El funcionario se refiere al alcance de la Ordenanza 82 que firmó tras ser aprobada por la Legislatura Municipal el 26 de junio.
El decreto le prohíbe a los empleados municipales colaborar con redadas o en investigaciones migratorias, y crea un protocolo para el manejo de solicitudes de información por parte de agencias federales.
De acuerdo con el alcalde de Aguadilla, la acción de Garffer es vergonzosa y atenta contra la seguridad del pueblo.
“Mis primeras palabras sobre esta acción es la vergüenza que siento que un funcionario público haya servido de ‘conejillo de indias’ para tomar este claro acto de castigo contra la seguridad de nuestro pueblo y más aún contra la seguridad de nuestras costas. Quisiera saber si este señor leyó el acuerdo que el gobierno municipal tiene con el gobierno federal en la cooperación de trabajos de vigilancia nocturna, velando no solo la entrada de indocumentados, sino la entrega ilegal de droga y armas por nuestras playas. Esas funciones han continuado cabalmente todo este tiempo de manera ininterrumpida”, cuestionó Roldán Concepción.
El alcalde, del Partido Popular Democrático (PPD), opuesto al de la gobernadora, argumentó que la acción no detendrá lo que llamó la cruzada en defensa de los derechos civiles y los derechos humanos de las comunidades inmigrantes en el municipio.
Para el encargado del ayuntamiento, el hecho de que la ciudad se haya declarado santuario no es razón para el descarte de los fondos o para privar a su Administración de presentar propuestas de colaboración para los años fiscales 2023 y 2024.
“Sabemos que las funciones del Departamento de Seguridad Pública tienen como función la administración y coordinación de los fondos federales. No es razón alguna que su único intento para quitarnos los fondos sea la Ordenanza 82”, expuso.
Resaltó que la Ley número 107 del 2020 o Código Municipal de Puerto Rico establece un marco legal y otorga campo de acción para que los municipios ejerzan sus facultades y funciones, al tiempo que establece políticas para su autonomía y descentralización.
“Quiero saber si el funcionario leyó el artículo 1.008 de la Ley número 107, del 13 de agosto de 2020, según enmendada, conocida como Código Municipal de Puerto Rico, confiere a los municipios los poderes naturales y cedidos que le correspondan para ejercer las facultades inherentes a sus fines y funciones. Asimismo, en su inciso (p), les faculta Ejercer el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en todo asunto de naturaleza municipal que redunde en el bienestar de la comunidad y en su desarrollo económico, social y cultural, en la protección de la salud y seguridad de las personas, que fomente el civismo y la solidaridad de las comunidades y en el desarrollo de obras y actividades de interés colectivo con sujeción a las leyes aplicables”, citó Roldán Concepción.
En ese contexto, el ejecutivo municipal planteó que el término “ciudad santuario” no tiene una definición legal precisa y las políticas varían de una jurisdicción a otra.
Añadió que las decenas de jurisdicciones en Estados Unidos que se han declarado oficialmente como “ciudades santuario” no están violando leyes federales, sino ejerciendo autonomía municipal legítima para proteger a la ciudadanía.
El alcalde insistió en que, ante las intervenciones de agencias migratorias federales como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), exigirán que los procedimientos se hagan siguiendo el debido proceso de ley.
“Todos somos testigos de las intervenciones que han venido haciendo las autoridades federales de manera hostil, sin empatía con las personas que intervienen y sin un debido proceso de ley. Hoy nos posicionamos en el lado correcto de la historia buscando únicamente que estos procesos se hagan bien y conformes a la ley libre de discrimen y prejuicios. Esta ordenanza es un acto de humanidad, solidaridad y respeto a la dignidad que todo ser humano merece”, afirmó Roldán.
El alcalde finalizó con un llamado al secretario del DSP para que revise los acuerdos entre el municipio y las autoridades federales.
“Las comunidades de inmigrantes documentadas, son parte esencial de nuestro tejido social, económico y cultural. Son trabajadores, estudiantes, emprendedores, padres y madres que contribuyen diariamente al bienestar colectivo y que llegan a nuestro país en busca de una mejor calidad de vida, es por esto por lo que resulta urgente que los gobiernos municipales adopten una postura clara, unitaria y coherente con los principios de equidad, inclusión y derechos humanos. Hago un llamado al secretario Garffer a que con sensatez y sentido común revise los acuerdos que tiene el Municipio de Aguadilla con las autoridades federales y llegará inequívocamente a la conclusión de que no existe violación alguna a este acuerdo”, puntualizó.
La ordenanza en cuestión impone límites en la cooperación entre las autoridades municipales y agencias migratorias federales, salvo en los casos en los que exista una orden judicial válida o una amenaza comprobada a la seguridad pública.
“Queda prohibido a todo funcionario o empleado municipal, incluyendo personal de la Policía Municipal detener, interrogar o investigar a una persona, únicamente, por su estatus migratorio; compartir información confidencial con agencias federales de inmigración sin una orden judicial válida; participar en redadas, arrestos o actividades coordinadas por ICE o CBP que no estén respaldadas por una orden judicial”, lee parte del documento.
El texto legislativo establece que no se utilizarán fondos, recursos humanos ni materiales para facilitar la implementación de políticas migratorias federales, a menos que exista la orden de un juez.
La ordenanza dispone que cualquier información recopilada por las agencias municipales sobre datos personales de los residentes será confidencial y no podrá ser divulgada a las agencias federales sin una orden judicial.
Garffer informó al Municipio, mediante carta el 21 de julio, que la denegación de fondos respondía a la Ordenanza 82 que es incompatible con los principios de cooperación para implementar el programa federal.
“Esta política representa un incumplimiento con los principios de cooperación interagencial que son fundamentales para la implementación y efectividad del programa OPSG”, señaló el funcionario en la misiva.
“El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a través de sus agencias componentes, establece como requisito esencial la colaboración activa entre los gobiernos locales y las agencias federales para el fortalecimiento de la seguridad en las fronteras. En virtud de lo anterior, la postura adoptada por el Municipio de Aguadilla mediante la Ordenanza Núm.82 constituye un impedimento para continuar con la participación en el programa”, añadió el funcionario estatal.
“Esta determinación se toma en consideración a la Ordenanza Núm.82 firmada recientemente bajo su Administración, mediante la cual se declara al Municipio de Aguadilla como una ciudad santuario”, lee parte del documento.
Para el año fiscal 2023, se habían asignado $150,000, y, para el 2024, $95,903.
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