Nueva York protegió tribunales contra arrestos de inmigrantes: ahora se defiende del gobierno de Trump
Una ley que aprobó el estado de Nueva York en 2020 enfrenta nuevos desafíos ante la presión en tribunales del gobierno federal para operativos de ICE
El gobierno federal quiere ampliar acciones migratorias en Nueva York. Crédito: Corte de Distrito Sur NY | AP
En el primer mandato del gobierno del presidente Donald Trump, el estado de Nueva York promulgó una ley para evitar que los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) operaran en cerca de tribunales, debido a impactos negativos en la aplicación de la justicia.
A cinco años de la promulgación de la Ley de Protección de Nuestros Tribunales (POCA, por sus siglas en inglés), las autoridades neoyorquinas enfrentan un nuevo reto que ha llegado a un tribunal federal, luego de una demanda de la Administración Trump contra la gobernadora Kathy Hochul y varios funcionarios, incluida la fiscal general del estado, Letitia James.
Las primeras acciones contra ICE en tribunales fueron las órdenes ejecutivas 170 y 170.1, emitidas en 2017 y 2018, las cuales también limitaban la cooperación de los empleados estatales con las autoridades migratorias federales.
“El regreso de la aplicación agresiva de la ley por parte del ICE en 2025 —incluyendo vigilancia y arrestos en juzgados e instalaciones estatales— ha frenado una vez más la participación de los inmigrantes en el sistema judicial, lo que obliga a los proveedores de servicios legales a ayudar a sus clientes a navegar en un ambiente de miedo e intimidación”, acusa un documento amicus curiae o “amigos de la corte”.
El documento fue emitido ante la Corte de Distrito Sur en Nueva York por ocho organizaciones que defienden los derechos civiles y de inmigrantes: Legal Aid Society, Immigrant Defense Project, Sanctuary for Families, New York County Defender Services, LatinoJustice PRLDEF, Neighborhood Defender Service of Harlem, Make the Road New York, y Brooklyn Defender Services.
Meghna Philip, directora de la Unidad de Litigios Especiales de Legal Aid Society recordó que, en su primer gobierno, las acciones migratorias del presidente Trump sembraron “miedo”, provocando que inmigrantes rechazaran acudir a tribunales, incluso si eran víctimas de delitos, o preferían no pedir ayudas estatales.
“Nueva York tiene el deber constitucional de garantizar la igualdad de acceso a la justicia, los beneficios y los servicios para todos los neoyorquinos, independientemente de su estatus migratorio”, dijo Philip. “El segundo gobierno de Trump ha atacado abiertamente a las jurisdicciones santuario. Esta demanda es otro ejemplo de ese ataque político y debe ser desestimada”.
En 2020, el Brennan Center for Justice también celebró la aprobación de POCA para proteger el sistema de cortes estatales, recordando que California promulgó una ley similar en 2019, mientras que otros sistemas judiciales estatales y locales habían emitido órdenes que limitan la aplicación de la ley por parte del ICE en Nueva York, Oregon, Nueva Jersey, Seattle y Albuquerque.
En su primer gobierno, el presidente Trump perdió varias batallas legales similares en cortes federales, incluidos los estados de Massachusetts, Nueva York y Washington.
El enfoque en la comunidad
El amicus curiae destaca cómo cuatro millones y medio de inmigrantes que viven en Nueva York aportan a sus comunidades, al representar el 23% de la población.
“Son trabajadores y dueños de negocios. Son inquilinos y propietarios de viviendas. Vienen con sus familias y forman familias aquí. Son víctimas de delitos y sobrevivientes de violencia doméstica. Luchan y prosperan. En pocas palabras, los inmigrantes son neoyorquinos”, dice el documento.
Se pide a la corte federal desestimar los esfuerzos de ICE para mantener operaciones sin restricción en Nueva York.
“Este escrito se basa en las experiencias de los amici y sus clientes y miembros inmigrantes para subrayar la importancia de POCA y las Órdenes Ejecutivas para ellos y sus comunidades”, agrega el documento. “La POCA y las Órdenes Ejecutivas no solo contribuyen a la salud y seguridad de los neoyorquinos, sino que también ayudan a Nueva York a cumplir con sus obligaciones constitucionales”.
El argumento legal en el amicus curiae especifica que la ley federal no invalida la facultad de Nueva York para promulgar leyes beneficiosas para su comunidad, por lo que el gobierno federal no puede obligar a Nueva York a ser un instrumento de sus políticas.
“El Tribunal debería conceder la moción de desestimación de los demandados”, dice el documento.
El miedo a pedir justicia
Diversos reportes señalaron que el enfoque de mano dura para la aplicación de la ley migratoria de la Administración Trump ha erosionado la confianza entre las fuerzas del orden y la comunidad inmigrante, como ocurrió en su primer mandato, debido al temor a la deportación.
Según la encuesta del Proyecto Nacional de Defensa de las Mujeres Inmigrantes, en 2017, hubo menos disposición de la comunidad migrante de cooperar en casos de delitos o incluso presentar demandas.
El 22% dijo que temía presentar una denuncia policial; el 21% que temía participar en la investigación de la escena del crimen, donde podría ser testigo clave; y el 18% incluso dijo que temía cooperar con fiscales.
Fiscales incluso reconocieron que los incidentes de violencia doméstica, agresión sexual, trata de personas y abuso infantil no se denunciaban lo suficiente, lo que complicaba investigarlos.
“Cuando ICE ataca los juzgados, silencia a las víctimas, intimida a los testigos e impide que nuestra comunidad busque justicia o servicios vitales”, declaró Rex Chen, Asesor Jurídico Supervisor para los Derechos de los Inmigrantes de LatinoJustice PRLDEF. “El Departamento de Justicia está sacrificando la seguridad pública solo para ganar puntos atacando a los inmigrantes”.
Yasmine Farhang, directora ejecutiva del Immigrant Defense Project, destacó un reto que enfrentan los jueces estatales en la impartición de la justicia que involucra a inmigrantes en medio de la presión del gobierno federal.
“Los jueces están determinando si [es correcto] privar a los miembros de la comunidad de su libertad, separarlos de sus familias o despojarlos de sus medios de vida”, dice el argumento. “La táctica del ICE de secuestrar a personas dentro y alrededor de los tribunales estatales fue injusta y atemorizó a muchas personas”.
Lucas Márquez, director de derechos civiles y reforma legilativa de Brooklyn Defender Services, se sumó al llamado de destimar la demanda recordando el alcance de las leyes que impiden operativos de ICE.
“La Ley de Protección de Nuestros Tribunales garantiza que los neoyorquinos puedan acceder a los tribunales en una variedad de procedimientos, desde responder a citaciones hasta mantener la custodia de sus hijos”, dijo.
Piyali Basak, directora general del Neighborhood Defender Service of Harlem enfocó su perspectiva en cómo la Administración Trump “devalúa la dignidad y la humanidad de los inmigrantes neoyorquinos”.
“Seguiremos luchando para garantizar que las comunidades inmigrantes puedan acceder de forma segura a los tribunales, programas, beneficios y servicios a los que tienen derecho por ley”, consideró.
Nueva York enfrenta otras acciones de la Administración Trump, incluso el zar de la frontera Tom Homan amagó con “inundar” la ciudad si no colabora con agentes de ICE para detener a indocumentados.
Diversos grupos de derechos civiles han ganado algunos otros pleitos judiciales a favor de inmigrantes, como una reciente decisión para que ICE proporcione condiciones mínimas bajo la Constitución, para las personas que mantiene retenidas en el número 26 de Federal Plaza, en el Bajo Manhattan.
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