(Entrevistas) Estudio de Taller Salud revela que más de la mitad de los puertorriqueños come solo dos veces al día
Una de cada tres personas adultas sufre hambre o acceso limitado a comida saludable
La inseguridad alimentaria es un problema persistente en Puerto Rico. Crédito: Taller Salud | Cortesía
NUEVA YORK – Inmediatamente después del paso del huracán María por Puerto Rico en septiembre de 2017, Rosa Villegas junto a otros líderes de la organización Taller Salud en Loíza se movilizaron para llevar alimentos calientes a decenas de familias atrapadas entre las inundaciones y la devastación.
“Nuestras comunidades Melilla y Villa Santos colindan con el Río Grande de Loíza que desembocan las aguas de las inundaciones a esa área. Nos unimos como comunidad a llevar alimentos, porque, prácticamente, estaban abandonadas a su suerte y no podíamos entrar…La comunidad ayuda a la comunidad; entramos y llevamos comida caliente a esas personas, algunas de las que estaban encerradas en sus casas en el segundo nivel”, relató la líder comunitaria en entrevista con El Diario.
Para esas fechas se repartieron más de 4,000 almuerzos, detalló la miembro del comité de seguridad alimentaria de la organización enfocada en mejorar el acceso de las mujeres a la salud, reducir la violencia en entornos comunitarios y fomentar el desarrollo económico.
“Era crítico ver tanta gente que venía a buscar alimentos. Nos comentaba la misma comunidad que sí había necesidad”, añadió la activista.
En eventos de emergencias como este es cuando se evidencia más claramente la crisis de inseguridad alimentaria, o de falta de acceso a alimentos nutritivos, contra la que batallan miles de puertorriqueños en el territorio.
Sin embargo, la realidad es una cotidiana que no se ha atajado de raíz.
“Sigue igual”, dijo Villegas.
“En Puerto Rico se pasa hambre“
“Verdaderamente, en Puerto Rico se pasa hambre. La gente cree que solo es en Haití o países conocidos por su pobreza, pues creen que, como en Puerto Rico se ve que estamos aparentemente bien; pero, si tú no consumes tus seis comidas al día, caes en inseguridad alimentaria”, afirmó.
La falta de un plan integral del Gobierno para atender la problemática y la necesidad de establecer alianzas con distintos sectores para encaminar soluciones fue lo que llevó a la entidad a realizar el estudio “Alimentación y Dignidad: Un Análisis Comunitario de la Inseguridad Alimentaria en Puerto Rico”, cuyos resultados fueron divulgados esta semana.
Con base en datos recopilados en comunidades del referido municipio de la costa noreste, Salinas (sur) y San Germán (oeste), el estudio confirmó que más de una tercera parte de la población adulta enfrenta inseguridad alimentaria y que los grupos más afectados son el de las mujeres, adultos mayores y niños.
Por varios días, diversos equipos de Taller Salud junto al Comité de Seguridad Alimentaria de Loíza se encargaron de entrevistar a personas que acudían a comedores comunitarios y se realizaron sesiones de escucha. También se les proveyó una encuesta.
En Loíza, donde el 63% de los encuestados es de raza negra y un 31.4% no tiene trabajo, el análisis reveló que un 50.6% solo consume dos comidas completas al día, y un 14.9 % consume una.
Otro dato relevante es que un 63.2 % de la población consultada recibe fondos del Programa de Asistencia Nutricional o PAN.
El estudio señala que los hogares que participan en programas de asistencia federal como el mencionado son “especialmente vulnerables a la inseguridad alimentaria”.
“Cualquier retraso o reducción en estos beneficios representa una limitación inmediata para asegurar el acceso a compra de alimentos mensualmente”, lee parte del documento de 36 páginas.
Cabe señalar que el PAN, en muchos casos, es el complemento de ingresos para puertorriqueños que trabajan, y, aún así, el dinero no da.
“Tengo que escoger si pagar la comida o la luz”
“Soy madre soltera, tengo tres trabajos y tengo que escoger si pagar la comida o la luz”, manifestó una participante en una sesión de escucha en Salinas.
Los hallazgos también apuntan a que el 32.6% de los participantes enfrentan varios impedimentos para el acceso a alimentos que incluyen, aparte de falta de recursos económicos, la de transporte público. Según las estadísticas, un 21% enfrenta impedimentos para acudir a supermercados y otros puntos de venta. En algunos casos, las personas tienen que salir de Loíza para abastecerse.
“Aquí en Loíza no hay transporte público. No tenemos mega supermercados, sólo mercados pequeños. A raíz del turismo, los comercios han tratado de subir un poco el precio de los alimentos. Entonces, se nos hace bien difícil comprar…”, amplió Villegas, al tiempo que especificó que muchos residentes tienen que salir a Canóvanas, Río Grande o Carolina a comprar comida.
A lo anterior, se suma la baja disponibilidad y el alto costo de alimentos frescos.
Un 17.2% de las personas encuestadas reportó como regular o malo los alimentos accesibles localmente.
Ese dato resulta pertinente a la luz de que un 48% de los encuestados reveló sufrir de alta presión y un 24% de diabetes.
“Si tú no tienes salud, no tienes cómo moverte, cómo defenderte”, resaltó Villegas.
Aunque los que sufren el mayor impacto suelen ser los adultos mayores, particularmente los que viven solos que, en el mejor de los casos cuentan con amas de llaves algunas horas al día, otras poblaciones como la de menores también tienen que batallar contra la escasez de alimentos, particularmente durante los meses de verano.
“En junio y julio que no hay escuela, ¿dónde están esos niños?, en las casas. Los papás pueden estar trabajando. ¿Quién les cocina a estos niños?”, planteó la portavoz de Taller Salud.
Reconoció que el estigma que rodea estos temas y la vergüenza de los que los sufren puede ser un factor que complique visibilizar el problema.
“Hubo muchas personas que se vieron intimidadas para contestar varias de las preguntas”, reveló.
Los apagones agravan la inseguridad alimentaria
Un ángulo novel del estudio es cómo la crisis energética y los apagones recurrentes en la isla agravan el panorama.
El informe plantea que las interrupciones en el servicio, no solo impactan la refrigeración y conservación de los alimentos, también el bolsillo de las familias.
“Se menciona ese punto en el estudio, porque es un riesgo. Por ejemplo, yo hago una compra hoy de $300 y llevo una semana sin luz, pues se me daña todo. No solo eso, sino las personas que se ponen insulina que tiene que estar refrigerada. Eso provoca un caos también”, abundó Villegas.
Por otra parte, la recopilación destaca que la dependencia de Puerto Rico hasta en un 85% de alimentos importados, principalmente de Estados Unidos, sumado a la baja inversión para la producción local es un reto que tiene que resolverse.
Falta de voluntad política para un problema de raíz
Para la directora ejecutiva de Taller Salud, Tania Rosario Méndez, parte central del problema es la falta de voluntad política que no permite que se atienda el asunto a nivel sistémico.
“Yo pienso, definitivamente, que esto es falta de voluntad política, porque las barreras que la gente nos compartió son barreras de diseño estructural. O sea, que no hay políticas públicas para mitigar la pobreza, fomentar el desarrollo económico para crear empleos e incentivar sectores donde ha habido rezago económico. No hay un sistema que permita que las zonas más aisladas y rurales estén conectadas con las más urbanas. Eso nada más resolvería un montón de problemas”, sostuvo Rosario Méndez.
“La falta de transporte afecta la capacidad de asegurar empleos, el acceso a la escuela y a la universidad, el acceso a alimentos. Una sola cosa pudiera hacer un cambio significativo en la calidad de vida de la gente. Esos no son cosas que se puedan resolver del todo a nivel comunitario; requieren políticas públicas; requieren inversión del Estado; requieren que haya una integración entre los municipios”, añadió la directora ejecutiva.
“En Puerto Rico hay comida y la comida se bota”
Como ejemplo, compartió el dato de que los restaurantes y comedores comunitarios en la isla continuamente botan comida porque no existe un plan para hacer llegar esas provisiones a los más necesitados.
“En Puerto Rico hay comida y la comida se bota. Los restaurantes botan su comida; los comedores botan la comida; los supermercados botan el excedente de su inventario. No es un problema de que no hay comida”, argumentó la consultora.
También resaltó la situación de agricultores locales que no tienen cómo vender la totalidad de sus cosechas.
“Hay tierras que deberían estar sembradas que no están sembradas. Los agricultores a veces pierden su cosecha, no está garantizada que se vaya a comprar o redistribuir. Así que son problemas de diseño, porque si tienes gente con hambre, pero comida en el zafacón, pues tienes un problema”, puntualizó.
A modo de seguimiento al estudio y con el fin de ejecutar soluciones, la especialista en salud pública adelantó que parte del plan es reunirse con representantes de distintos municipios en Puerto Rico priorizando los examinados en la investigación.
“Lo estamos haciendo primero con las alcaldías de los pueblos en los que recogimos datos. Ya nos hemos reunido y tenemos reuniones programadas. Nosotros invitamos a legisladores a la presentación del informe, y vinieron. Hay unas reuniones de seguimiento que hay que pedir para presentar enmiendas a proyectos; iniciar una conversación que dé fruto para que se puedan aprobar políticas públicas nuevas”, detalló.
También se disponen a entregar el informe a personal del Departamento del Trabajo y al de Agricultura para potencial discusión.
Las recomendaciones
Entre las recomendaciones contenidas en el reporte figuran que el Departamento del Trabajo realice la Encuesta sobre Seguridad Alimentaria, según establecido en la Ley 26 del 27 de mayo de 2022, para facilitar el establecimiento de políticas públicas.
Asimismo, el texto recomienda que, a través del Censo de Agricultura de Puerto Rico que se realiza cada cinco años, se puedan presentar datos a nivel municipal.
Otra de las sugerencias es fortalecer la legislación para la redistribución de alimentos no vendidos de modo que se reduzca el desperdicio.
El estudio también aconseja crear y mantener censos comunitarios de poblaciones vulnerables e inventarios sobre puestos de comida, comedores comunitarios, villas pesqueras y otras localidades que faciliten el acceso a alimentos a nivel municipal.
Además, se necesitaría aumentar la producción y uso adecuado de los terrenos agrícolas a nivel municipal y que se priorice el incentivo a la producción agroecológica y la tenencia de tierras en manos locales.
Yamilin Rivera Santiago, directora de Comunicaciones y Desarrollo de la organización, añadió que otra medida que ayudaría a atajar el problema sería congelar los precios de ciertos alimentos o los de la canasta básica como se hace en medio de eventos de emergencia como huracanes.
“Fijarle los precios a la canasta básica. Por la inflación, por ejemplo, tuvimos el tema de los huevos. Subieron exponencialmente de $4 dólares a $11, $12 dólares. Todo el mundo desayuna huevo y a veces los que tienen presupuesto reducido, cocinan arroz blanco y un huevo frito, es algo que se consume mucho aquí. Esa congelación de precios para garantizar que no se vean afectados por la inflación podría ser una medida que podría ayudar a las personas que no tienen ingresos a contar con que puedan comprar la leche, arroz, café, que son alimentos que están en la canasta básica en cualquier cocina puertorriqueña”, abundó Rivera Santiago.
Mencionó además la necesidad de desarrollar espacios que son propiedad del Estado y están en desuso para que agricultores y mercados locales puedan beneficiarse.
“Si no comemos bien, no tendremos una nutrición buena; los niños en las escuelas, si no están bien nutridos, tienen unas carencias de atención, de comprensión, etc., eso está debidamente demostrado. También, las personas, por los alimentos procesados, terminan padeciendo de muchas otras condiciones de salud que, si desde el principio, educáramos para tener esa seguridad alimentaria, sería otra realidad para el puertorriqueño”, añadió.
Hispanic Federation, Center for Disaster Philanthropy, Robert Wood Johnson Foundation, Maria Fund y Global Giving colaboraron en el estudio de manera económica.
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