(Entrevista) Concejal boricua de Chicago, Jessie Fuentes: “La Junta no es la respuesta”
En entrevista con El Diario, la funcionaria insistió en que el Congreso debe poner una fecha definitiva para la salida de la Junta de Puerto Rico
La boricua Jessie Fuentes representa al distrito 26 en el Concejo Municipal de Chicago. Crédito: Cortesía
NUEVA YORK – La concejal boricua de Chicago, Jessie Fuentes, insistió en la abolición de la Junta de Control Fiscal de Puerto Rico (FOMBPR) ante la posibilidad de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nombre a aliados que sean afines a los bonistas que piden que se les pague la totalidad de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
En entrevista exclusiva con El Diario, la política que representa el distrito 26 tras ser electa a la posición en el 2023, argumentó que algunos componentes de la Junta, como su director ejecutivo Robert Mujica, se están lucrando desde sus posiciones.
“El director ejecutivo de la Junta está haciendo más dinero que algunos dueños de compañías en la isla. Eso es injusto y criminal, y yo creo que es importante, no solo que abolamos la Junta, que fue aprobada bajo PROMESA en la Administración de Barack Obama; pero yo quiero ser clara, en este momento es más importante abolir la Junta porque la versión de la Junta de Trump va a ser incluso más peligrosa”, anticipó.
Fuentes insistió en que “la Junta no es la respuesta” para los problemas fiscales de Puerto Rico porque no fue ni creada ni electa por los puertorriqueños en el territorio.
“Primero que todo, los que son miembros de la Junta no viven en Puerto Rico y no conocen las complejidades y los matices de vivir en una isla colonizada”, cuestionó.
“Si nosotros vamos a tener una junta asesora o una infraestructura de individuos que van a buscar crear planes financieros para lidiar con la deuda, ellos no pueden ser dueños de fondos de inversión, dueños corporativos o individuos ricos que también están recibiendo ganancias por estar en la Junta”, consideró.
Las declaraciones de Fuentes, quien representa a vecindarios con amplia presencia boricua como Humboldt Park, se dieron, aproximadamente, un mes después de que Trump despidiera a seis de los siete miembros de la Junta por supuesta ineficiencia para avanzar en el proceso de reestructuración de la AEE y por sus salarios y gastos exorbitantes.
Además, el planteamiento de la demócrata progresista va a tono con una reciente resolución que presentó ante el Concejo y que fue adoptada la semana pasada por sus miembros en la que se le pide al Congreso que establezca una fecha específica para la salida del organismo de la isla.
La acción en Chicago ocurrió después de que el Concejo de St. Louis en Missouri adoptó una resolución similar contra la Junta.
La resolución presentada por Fuentes sostiene que, 10 años después de su creación, el organismo federal continúa ejerciendo una amplia autoridad sobre las políticas fiscales de la isla, “lo que genera serias preocupaciones sobre la erosión de la gobernanza democrática local y la autodeterminación de los puertorriqueños”.
El documento además alerta que, si el organismo continúa operando en el territorio sin una fecha concreta de salida, la recuperación a largo plazo, la autonomía fiscal y la rendición de cuentas democrática estará amenazada.
La ley PROMESA (Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico) bajo la que fue creada la Junta (Junta de Supervisión y Administración Fiscal para Puerto Rico), establece que el gobierno local debe someter cuatro presupuestos balanceados consecutivos antes de que el ente abandone la isla. Puerto Rico además debe completar todos sus procesos de reestructuración de deuda pública y reingresar al mercado de bonos.
A preguntas de por qué pensaba que el Congreso federal ni siquiera ha enmendado la referida ley para quitarle poderes a la Junta o adelantar el cese de sus funciones, respondió: “Yo nunca apoyé PROMESA, porque yo no pienso que esa sea la respuesta al tipo de crisis fiscal que estamos viendo en Puerto Rico. Yo creo que nosotros tenemos que repensar todo en su conjunto, el asunto de las finanzas de Puerto Rico, no solo enmendar una ley que ha probado no ser efectiva. Cuando estamos pensando en la crisis financiera, tenemos que pensar en los que nos pusieron en esta posición. Seamos honestos, hay corporaciones que ayudaron a Puerto Rico a estar en esta crisis y no son puertorriqueños, así que nosotros tenemos que ver por qué estamos en este punto en primer lugar, examinar cómo llegamos aquí y crear un plan que le permita a quienes nos pusieron en esta posición a que paguen por esa deuda”.
Expuso que los que continúan sufriendo por el descalabro fiscal son los puertorriqueños a pesar de que no crearon la crisis.
“Antes que todo tenemos que reconocer el daño que la Junta nos ha causado. La Junta, Trump votó todos los miembros, pero la Junta que estaba activa era la Junta de Obama. Y ha puesto en vigor medidas estrictas de austeridad para lidiar con la deuda de Puerto Rico. La gente que paga por la deuda son trabajadores, y ha habido escuelas que han cerrado, personas que han sido despedidas, hospitales que han cerrado, realmente impactando la calidad de vida de los boricuas en la isla…, una deuda que no fue creada por la clase trabajadora”, sostuvo.
Sobre el súbito despido de, prácticamente, la totalidad de los miembros del organismo, Fuentes es de las que cree que Trump quiere ubicar a personas que favorecen los intereses de los bonistas “buitres” en el pleito por la reestructuración de la deuda de la AEE. La última postura que asumieron los miembros de la Junta ya destituida era que Puerto Rico no tenía la capacidad de pagar la totalidad de la deuda de la corporación, como exige el grupo de bonistas disidentes, lo que ha mantenido el tranque entre las partes en el litigio.
“Yo creo que Trump ha encontrado otra oportunidad para enriquecer a sus amigos. Tenemos que mirar muy cautelosamente los nombramientos que él va a estar haciendo a la Junta, el tipo de interés financiero que tengan, las corporaciones que corren, cómo estarían tomando ventaja de la laguna fiscal que vemos en Puerto Rico, cómo se apalancarían en una posición en la Junta para poder hacer eso. Mira, lo que Trump hizo con este último presupuesto en el Congreso (“Gran y hermosa ley de presupuesto) fue el robo más grande que se ha visto en la historia de nuestro gobierno; impuestos a la clase trabajadora y recortes de impuestos a los más ricos de este país. No nos confundamos, Trump hará lo mismo con las posiciones en la Junta”, sentenció la concejal.
En ese sentido, Fuentes rechazó que los cambios puedan traducirse en ahorros para los puertorriqueños en la isla.
Trump no ha hecho ninguna expresión pública desde que, a principios de agosto, trascendió en un medio conservador estadounidense la noticia sobre los despidos. Tampoco circulan detalles de los trámites encaminados en la Cámara y en el Senado para nombrar a los nuevos miembros.
La ley PROMESA establece que la Junta estará compuesta de siete miembros designados por el presidente y uno exoficio nombrado por el gobernador o gobernadora de Puerto Rico. Uno de esos miembro será seleccionado de una lista de individuos presentada por el presidente de la Cámara de Representantes; otro miembro será seleccionado de una lista separada presentada por el presidente de la Cámara de Representantes que estará compuesta de individuos que mantienen su residencia principal en el territorio o tienen las oficinas centrales de su negocio en el territorio; dos serán seleccionados de una lista presentada por el líder de la mayoría del Senado; uno será seleccionado de una lista presentada por el líder de la minoría de la Cámara de Representantes; un integrante de una lista presentada por el líder de la minoría del Senado; y otro será seleccionado a la entera discreción del presidente.
El 18 de septiembre, tres de los seis exintegrantes despedidos presentaron una demanda contra la Administración Trump en la que alegan que fueron sacados ilegalmente de sus posiciones o sin justa causa. PROMESA dispone que el presidente de EE.UU. puede remover con justa causa a cualquier miembro de la Junta. Justa causa significa que debe haber una razón válida y fundamentada para la destitución y que no puede ser una decisión arbitraria.
En las cartas de despido que envió la Casa Blanca el mes pasado no se especifican las razones.
En misiva posteriores, el gobierno federal señala que los despidos se debieron a que los miembros de la Junta no lograron avances significativos para resolver la crisis fiscal del territorio ni avanzar en el proceso de quiebra de la AEE.
Fuentes no es la única que ha reclamado la salida de la Junta de Puerto Rico.
Otros políticos en EE.UU., incluso a nivel federal, también han solicitado públicamente la disolución del organismo creado en el 2016.
Por ejemplo, Raja Krishnamoorthi, representante demócrata de Illinois, pidió recientemente la derogación de PROMESA.
“El repentino despido de casi toda la Junta fiscal de Puerto Rico por parte del presidente Trump plantea serias preocupaciones sobre la priorización del favoritismo político por encima de la ciudadanía. Los puertorriqueños ya enfrentan mayores costos y una deuda abrumadora; el Congreso debe derogar PROMESA para frenar el abuso y proteger su derecho a un futuro financiero justo y democrático”, emplazó el legislador mediante un mensaje en la red social X.
Por la misma red, la senadora de Massachussets, Elizabeth Warren, planteó que Trump busca nombrar a la Junta a sus “compinches de Wall Street”.
“Donald Trump despidió a casi todos los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico porque, al parecer, no fueron lo suficientemente amables con sus compinches de Wall Street. No se equivoquen: el pueblo puertorriqueño sufrirá las consecuencias, con aumentos en las tarifas eléctricas o recortes en la salud y la educación”, compartió Warren.
Estancamiento en el tema del estatus de Puerto Rico
En la entrevista a Fuentes, El Diario también indagó sobre el tema del estatus político de Puerto Rico.
La concejal reconoció que el asunto está muerto en el Congreso.
Previamente, la política presentó resoluciones en apoyo a proyectos como “Puerto Rico Self-Determination Act” o “Ley de Autodeterminación para Puerto Rico”, radicado por las representantes demócratas de Nueva York, Nydia Velázquez, y Alexandria Ocasio-Cortez, en el 2021.
Esa medida en particular buscaba crear una Asamblea Constitucional de Estatus con delegados elegidos por los votantes puertorriqueños. Estos representantes redactarían un plan de transición para acompañar cada una de las opciones de autodeterminación, que pueden ser la estadidad, la independencia y la libre asociación. Las alternativas serían presentadas posteriormente a los puertorriqueños que deberán elegir por mayoría la que prefieran en un referéndum avalado por el Congreso.
“Par de años atrás, nosotros estuvimos trabajando extremadamente duro en el proyecto de autodeterminación que buscaba crear un proceso en el que boricuas puedan participar en el determinar su propio futuro, donde habría un referéndum vinculante en el que los boricua puedan votar”, recordó.
En ese sentido, rechazó las propuestas para consultas tipo estadidad, sí o no, o la Ley de Estatus de Puerto Rico (Puerto Rico Status Act), a pesar de que distintas versiones de esta última han sido presentadas por demócratas como Velázquez y AOC en el Congreso. Una fue aprobada en diciembre de 2022 por miembros de esa delegación en la Cámara y por algunos republicanos, como la hoy gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, que en ese entonces era la comisionada residente.
“Un referéndum estadidad, sí o no, no es un referéndum vinculante. La gente de Puerto Rico realmente no se estaría involucrando en un proceso de libre determinación. Eso se ha ido diluyendo a través de varias sesiones (del Congreso) y nosotros no tenemos el tipo de viabilidad para empujar eso (la Asamblea) hacia adelante. No es que no sea una conversación o un tema que vamos a dejar que muera. Yo creo que ahora lo que estamos mirando es cómo cerramos la laguna fiscal (de la Ley 22) en Puerto Rico, porque esa laguna de impuestos ha creado una seria gentrificación en la isla. Si vas a Puerto Rico, vas a ser testigo de la privatización de las playas, mansiones multimillonarias construidas en las costas…”, expuso sobre sus prioridades y las de sus aliados.
“Así que ahora mismo yo creo que hay un enfoque específico para cerrar la laguna fiscal y asegurarnos que haya soberanía alimentaria en Puerto Rico y que estamos protegiendo a Puerto Rico de futuros desastres. El huracán María sacudió a la isla de Puerto Rico y Puerto Rico no recibió la ayuda que necesitaba para realmente reconstruirse. Esos desastres naturales seguirán llegando a la isla de Puerto Rico y debemos de asegurarnos que tengamos la infraestructura y los lugares para que Puerto Rico pueda sobrevivir a esos desastres”, continuó.
Fuentes dijo tener reservas con la campaña de líderes independentistas en la isla y en la diáspora para impulsar mediante orden ejecutiva un proceso para que Puerto Rico se convierta en república.
“Yo soy independentista y yo creo en la independencia de Puerto Rico, pero yo no quiero imponer mi opción de estatus a la isla de Puerto Rico. Yo realmente creo que Puerto Rico merece un proceso auténtico, robusto y comprensivo de autodeterminación que le permita a la gente de Puerto Rico a determinar su propio futuro. No un proyecto, no una orden ejecutiva para determinar eso. Yo creo que la gente de Puerto Rico tiene el derecho de determinar cómo va a ser su futuro. Por eso es que yo apoyo una legislación de libre determinación”, recalcó.
La concejal describió como “simbólica” la iniciativa de los independentistas, ya que es al Congreso quien tiene la palabra final sobre el estatus de Puerto Rico debido a sus poderes plenarios sobre los territorios.
A su juicio, ninguna orden ejecutiva del presidente por sí sola viabilizaría una transición de esa magnitud.
Reconoció, sin embargo, que la iniciativa de independencia por decreto podría promover la discusión del tema en el Congreso, particularmente, entre republicanos.
“Hay republicanos que tienen diferentes posturas sobre lo que Puerto Rico debería ser. Yo he hablado con republicanos que piensan que Puerto Rico debe ser un estado; también he hablado con republicanos que no quieren saber nada de eso, y yo creo que los puertorriqueños vienen de ambos lados. Nosotros tenemos puertorriqueños que son republicanos; tenemos puertorriqueños que son demócratas; tenemos individuos de ambos lados del espectro político… y debe haber un discurso por parte de ambos partidos, pero de nuevo, tiene que haber inversión para que el pueblo de Puerto Rico determine su propio futuro”, puntualizó.
Añadió que vale la pena que partes interesadas discutan más a fondo el impacto de la libre asociación como opción de estatus en términos de idioma, Constitución, etc.
Aquí puedes leer la primera parte de la entrevista exclusiva de El Diario a Fuentes, en la que conversamos sobre los operativos y redadas migratorias de ICE en Chicago y la respuesta de las distintas comunidades, incluyendo la puertorriqueña.
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