Casa Blanca quiere ganar caso arancelario ante el Supremo, pero de perder tiene un plan B
Los asesores de Donald Trump están listos para recurrir a un conjunto de otras leyes comerciales para mantener la presión sobre los socios comerciales de EE.UU.
Un fracaso parcial ante la Corte Suprema dificultaría en gran medida que el presidente usara los aranceles como una herramienta omnipotente para lograr concesiones en diferentes temas. Crédito: Mark Tenally | AP
La Casa Blanca está bastante confiada de cara a la audiencia de mañana miércoles en el Tribunal Supremo, donde los jueces apoyarán los extensos poderes arancelarios del presidente Donald Trump. Pero por si acaso tienen un plan B.
Los asesores del mandatario llevan semanas fabricando estrategias para reconstruir al régimen arancelario global del presidente si la corte dictamina que se extralimitó en sus funciones. Ellos están al pie del cañón para recurrir a un conjunto heterogéneo de otras leyes comerciales para mantener la presión sobre los socios comerciales de EE.UU. y preservar miles de millones de dólares en ingresos arancelarios, de acuerdo con seis funcionarios desempeñándose actualmente de la Casa Blanca y anteriores, y otras personas familiarizadas con el pensamiento del gobierno, algunas de las cuales pidieron anonimato para compartir detalles de conversaciones privadas.
“Saben que existen diversas leyes que pueden utilizar para recuperar la autorización arancelaria”, afirmó Everett Eissenstat, ex subdirector del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump. “Tienen a su disposición muchas herramientas para compensar esos ingresos arancelarios”.
La planificación de los sucesos pone de manifiesto lo mucho que está en juego para Trump, quien ha usado la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, una ley de 1977 establecida para emergencias nacionales, para imponer aranceles a la mayoría de sus socios comerciales, la base de su agenda económica para el segundo gobierno. Los magistrados analizarán si la ley confiere al presidente un amplio poder para establecer restricciones económicas, o si el magnate neoyorquino lo ha extendido más allá de lo previsto por el Congreso.
Si la corte restringe ese poder, podría trastocar no solo la estrategia comercial “Estados Unidos primero” de la Casa Blanca, sino también las negociaciones globales que Trump ha impulsado a través de ese poder.
“Todo gira en torno a la política exterior. No estamos en 1789, donde se podía distinguir claramente entre política comercial, política económica, política de seguridad nacional y política de defensa. Todos estos asuntos están completamente interconectados”, afirmó Alex Gray, quien se desempeñó como jefe de gabinete del Consejo de Seguridad Nacional y subsecretario adjunto del presidente durante la primera administración Trump. “Reducir las herramientas de las que dispone para ello es realmente peligroso”.
Detrás del telón, los asesores comerciales y legales han modelado como podría ser una perdida parcial, en la que el Supremo ratifica el uso de la ley de 1977 en varias circunstancias, pero no en otras, y que otros medios legales podrían estar disponibles para lograr objetivos parecidos.
No obstante, esas opciones son más lentas, limitadas y, en algunos casos, igualmente vulnerables a las impugnaciones legales, lo que lleva incluso a los aliados de la Casa Blanca a reconocer que la estrategia arancelaria de Trump es más débil de lo que está dispuesto a admitir públicamente.
Incluso un fracaso parcial ante la Corte Suprema dificultaría en gran medida que el presidente usara los aranceles como una herramienta omnipotente para lograr concesiones en diferentes temas, desde presionar a empresas fuera del país para que inviertan en Estados Unidos hasta obligar a otras naciones a alcanzar acuerdos de paz.
“No existe otra autoridad legal que actúe con tanta rapidez ni que le otorgue al presidente la flexibilidad que deseaba”, aseveró un partidario de las políticas arancelarias de Trump, quien formó parte del grupo que presentó un escrito de amicus curiae en apoyo de sus aranceles. “Parecen muy seguros de que van a ganar. No entiendo por qué están tan seguros. Dos tribunales distintos ya se han pronunciado con extrema severidad al respecto”.
Todavía así, los asesores de la Casa Blanca transmiten confianza, convencidos de que los jueces no le quitaran al mandatario republicano su herramienta de negociación favorita, y seguros de que, incluso si lo hacen, tiene muchos planes de emergencia, informó Político.
“Francamente, hay un poco de bravuconería, como si pensaran: ‘No van a derribar esto'”, indicó una persona cercana al gobierno.
Una autoridad de la Casa Blanca, que pidió que no se diera a conocer su nombre para hablar sobre las deliberaciones internas, expreso que la administración lo considera “un caso bastante claro”.
“Estamos utilizando una ley aprobada por el Congreso, en la que se le otorgó al poder ejecutivo la autoridad para utilizar aranceles para abordar emergencias nacionales”, explicó el funcionario en cuestión.
Los asesores admiten que otras autorizaciones arancelarias no son un “reemplazo directo” de la ley de emergencia, si bien confirmaron que están trabajando en ellas.
De hecho, el gobierno ya ha sentado algunas bases políticas bajo esas facultades, como la Sección 301, de 1970, que EE.UU. uso contra China durante el primer mandato de Trump, o la Sección 232, de la era de la Guerra Fría, que permite la imposición de aranceles por razones de seguridad nacional.
La administración republicana ha empezado una docena de investigaciones (en virtud de la Sección 232) para determinar su la importación de bienes como madera, semiconductores, productos farmacéuticos y minerales críticos originarios de otros países perjudica la seguridad nacional. Desde enero, el mandatario ha usado la mencionada facultad para imponer nuevos aranceles al cobre, el aluminio, el acero y los automóviles.
Estados Unidos prometió aplazar el cobro de aranceles a los buques chinos que llegan a puertos estadounidenses tas la conclusión de la investigación, en virtud de la Sección 301, sobre las prácticas de construcción naval de China, como resultado de la reunión de Trump y líder Xi Jinping. Asimismo, la nación norteamericana acordó aplazar una investigación sobre el cumplimiento por parte de China del acuerdo comercial firmado en el primer gobierno de Trump.
Por su parte, la Sección 122, solo permite aranceles a corto plazo de hasta el 15% y por un mínimo de 150 días, salvo que el Congreso decida prorrogarlos, una cláusula específica destinada a paliar las emergencias por déficit comercial. Dicha faculta podría servir de puente ente un fallo judicial adverso y los nuevos aranceles que el mandatario republicano pretende imponer amparándose en otras disposiciones.
Posteriormente, la Sección 338, una disposición poco usada que está en vigor hace casi un siglo. En teoría, podrían permitirle a Trump imponer inmediatamente aranceles de hasta 50% a cualquier país, si puede explicar cómo este está levando a cabo sus acciones “irrazonables” o “discriminatorias” que dañen el comercio estadounidense. Esta seccion no exige una investigación formal antes de que el ejecutivo pueda imponer aranceles, pero probablemente se enfrentaría a desafíos legales similares.
“Al final, todo esto se reduce al Congreso”, señaló Eissenstat. “Quizás el Congreso intensifique su papel tras la audiencia y el fallo. Ya veremos”.
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