Hispanic Federation lidera jornada de cabildeo en el Congreso en favor de SNAP para Puerto Rico

La organización, con sede en NYC, además encabezó una sesión informativa en la Cámara federal y una carta a congresistas

Campaña de SNAP para Puerto Rico en el Congreso — Contrario a los estados, en Puerto Rico no aplica a SNAP. Crédito: Nam Y. Huh | AP

11 Dic 2025, 13:00 PM EST

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NUEVA YORK – Más de 50 empleados del Congreso federal participaron este martes en una sesión informativa organizada por Hispanic Federation en la que activistas de esa y otras entidades, así como líderes políticos insistieron en la necesidad de una transición en Puerto Rico del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) al de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

El propósito del encuentro fue urgir al Congreso a que tome acción para cambiar el sistema “discriminatorio” hacia los puertorriqueños en la isla que limita la capacidad de que las poblaciones más vulnerables puedan acceder a alimentos a precios asequibles.

Desde los 80, en la isla aplica la subvención en bloque conocida como el PAN que implica menos financiamiento para asistencia alimentaria a pesar de los altos niveles de pobreza e inseguridad nutricional en el territorio. El PAN presenta varias limitaciones. Por ejemplo, las partidas no se pueden aumentar automáticamente en medio de emergencias como huracanes a menos que medie la intervención del Congreso. En los estados donde aplica SNAP, el D-SNAP proporciona asistencia alimentaria temporal a los hogares afectados por un desastre natural. Básicamente, el programa facilita la emisión de beneficios complementarios de SNAP para los hogares que ya reciben esa ayuda tras eventos de ese tipo.

Los líderes en pro de la transición destacaron las virtudes del H.R. 5168 o Puerto Rico Nutrition Assistance Fairness Act (Ley de Equidad en la Asistencia Nutricional en Puerto Rico), presentado por el comisionado residente, Pablo José Hernández, y que busca hacerle justicia a los beneficiarios en la isla.

La medida, que cuenta con el apoyo de la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, “pondría fin a esta desigualdad de larga data y mejoraría drásticamente la seguridad alimentaria para las familias de bajos ingresos, los niños, los adultos mayores y los veteranos en todo el archipiélago”.

El H.R. 5168 dispone para una transición de PAN a SNAP en la isla en un periodo de 15 años. La medida modificaría la Ley de Alimentos y Nutrición de 2008 para incorporar Puerto Rico a SNAP.

Durante el encuentro esta semana, Frankie Miranda, presidente y director ejecutivo de Hispanic Federation, pidió a los legisladores federales que prioricen, como parte de la Ley Agrícola (Farm Bill) la transición de Puerto Rico a SNAP.

“Durante más de 40 años, las familias en Puerto Rico han sido excluidas sistemáticamente del programa SNAP, han enfrentado restricciones en la financiación federal para la nutrición y se han visto obligadas a vivir con tasas de pobreza persistentemente altas”, declaró el portavoz.

“Los estadounidenses saben muy bien lo limitada que es la asistencia alimentaria a la hora de poner comida en la mesa, una realidad que se agrava en Puerto Rico debido a su exclusión del programa SNAP. La Federación Hispana ha defendido durante mucho tiempo la igualdad en la asistencia federal para Puerto Rico y ha luchado contra la discriminación sistémica que lo ha impedido. La ley bipartidista de Equidad en la Asistencia Nutricional para Puerto Rico es un paso crucial para abordar las disparidades nutricionales de las comunidades vulnerables en la isla. Exigimos que el Congreso autorice la transición de Puerto Rico al programa SNAP en la próxima Ley Agrícola”, afirmó Miranda.

A finales de noviembre, el comisionado residente confirmó a El Diario que la transición de PAN a SNAP no fue incluida en la Ley de Agricultura (Farm Bill) que fue prorrogada en el Congreso como parte del paquete de medidas que llevaron a la reapertura del gobierno federal.

“Estamos a la espera de ver si el liderato republicano lo integra en una versión más pequeña del Farm Bill. He notado más apertura que en años anteriores, y estamos también a la espera de que se presente un proyecto similar de parte de la senadora de Nueva York, Kirsten Gillibrand”, especificó Hernández en entrevista con este periódico.

En declaraciones escritas tras la reunión en la capital federal, Hernández dijo que su legislación busca fortalecer la seguridad alimentaria a largo plazo en Puerto Rico.

“El programa de nutrición de Puerto Rico es esencial para nuestras familias, y este debate se centra en fortalecer la seguridad alimentaria a largo plazo en la isla. La transición de PAN a SNAP busca brindar estabilidad, equidad y protección ante desastres. Mi legislación está diseñada para lograrlo con apoyo bipartidista”, indicó el también presidente del Partido Popular Democrático (PPD) en la isla.

Gillibrand, por su parte, catalogó de “inaceptable” que a los puertorriqueños en el territorio se les niegue el mismo programa del que pueden beneficiarse los boricuas en los estados.

“Es totalmente inaceptable que, cuando las familias en Puerto Rico sufren hambre, se les niegue el acceso al mismo programa federal de asistencia alimentaria disponible para las familias en el territorio continental”, afirmó la también demócrata.

“He luchado durante años para que se apruebe la Ley de Equidad de Asistencia Nutricional para Puerto Rico. Nuestro proyecto de ley corregiría la injusticia creada cuando el Congreso revocó la participación de Puerto Rico en el SNAP hace más de 40 años, y garantizaría que los ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico reciban la misma asistencia alimentaria que cualquier otro estadounidense. Agradezco a la Federación Hispana y a los grupos de defensa por su importante labor y espero que esta legislación vital se apruebe pronto”, apostó.

El también demócrata pero de Florida, Darren Soto, planteó que la exclusión de Puerto Rico de SNAP confirma que los boricuas son tratados como ciudadanos de segunda clase.

“A pesar de ser parte de Estados Unidos, seguimos viendo que los puertorriqueños son tratados como ciudadanos de segunda clase. Con aproximadamente el 43% de la población de la isla viviendo por debajo del umbral de la pobreza, es fundamental que el Congreso trabaje en conjunto para garantizar que las familias tengan acceso a los mismos programas de asistencia que quienes viven en el territorio continental, incluido SNAP”, emplazó el congresista.

En representación del gobierno de Puerto Rico, Gabriella Boffelli, directora ejecutiva de la oficina de la Administración de Asuntos Federales de la isla en Washington D.C., destacó los esfuerzos previos de Jenniffer González para impulsar la discusión de la transición en el Congreso.

“Durante su gestión en el Congreso, (la hoy gobernadora) presentó el proyecto de ley H.R. 253, la Ley de Equidad de Asistencia Nutricional de Puerto Rico, que propone una vía para la transición del NAP al SNAP, permitiendo que tanto Puerto Rico como el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) se preparen para una transición ordenada y exitosa. También colaboró con el Comité de Asignaciones para incluir una cláusula que actualizaría un estudio de viabilidad, publicado por el USDA en 2022, que revisa los procedimientos del PAN y SNAP y explica los cambios necesarios para cumplir plenamente con el SNAP”, expuso.

Boffelli además recordó que, a nivel local, la Administración continúa las gestiones para atemperar la isla a los requisitos de SNAP. Parte de los esfuerzos se concentran en el programa Cuna de Talentos, bajo el que se busca que beneficiarios del PAN ingresen al mercado laboral.

“Nuestra Administración está trabajando activamente en cambios y mejoras al programa con el doble propósito de brindar un mejor servicio a los beneficiarios del PAN y alinear a Puerto Rico con el SNAP para prepararnos para una posible transición. Agradecemos a todas las partes interesadas que han apoyado la transición y que han trabajado con nosotros durante muchos años. Esperamos seguir trabajando juntos con el objetivo de implementar el SNAP en Puerto Rico”, puntualizó la directora de PRFAA.

En el evento también se encontraban expertos en temas económicos como el Sergio M. Marxuach, director de Políticas y asesor jurídico general del Centro para una Nueva Economía.

Marxuach planteó que el mencionado proyecto de ley, no solo ayudaría a atajar el problema de inseguridad alimentaria, sino que beneficiaría a agricultores en varias jurisdicciones.

“La aprobación del proyecto de ley H.R. 5168 pondría en marcha un proceso de transición que abordaría la discriminación arbitraria y de larga data contra los ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico que enfrentan inseguridad alimentaria y dificultades económicas a diario, al mismo tiempo que beneficiaría a los agricultores del continente. Es una oportunidad única para que el Congreso haga lo correcto por Puerto Rico y, a la vez, beneficie a los agricultores estadounidenses”, explicó el analista.

Al día siguiente de la sesión, Hispanic Federation junto a socios de la Coalición para la Seguridad Alimentaria de Puerto Rico, Center for a New Economy, el Banco de Alimentos de Puerto Rico, el Instituto del Desarrollo de la Juventud y Espacios Abiertos participaron de una jornada de cabildeo con reuniones en oficinas de congresistas.

Carta a congresistas firmada por más de 110 organizaciones

Adicional, enviaron una carta a legisladores clave en la discusión que fue firmada por más de 110 organizaciones de Nueva York, Illinois, Florida, California, Connecticut y Carolina del Norte.

En la misiva destacan que la medida tienen como objetivo abordar las disparidades nutricionales que experimentan las familias y los niños residen en Puerto Rico y garantizar que, “durante períodos de recesión económica, emergencias de salud pública, desastres naturales y creciente inseguridad alimentaria, los ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico tengan acceso equitativo a asistencia nutricional, comparable a la disponible para las poblaciones más vulnerables en el territorio continental de EE.UU.”.

Los firmantes afirman que el asunto central del debate no es si Puerto Rico debería participar en SNAP, sino por qué ha permanecido excluido de este programa establecido durante tanto tiempo.

Argumentan que, bajo el PAN, ha empeorado el problema de inseguridad alimentaria de los residentes de Puerto Rico.

“Desde 1982, los ciudadanos estadounidenses en Puerto Rico han estado excluidos del programa SNAP y, en cambio, reciben asistencia nutricional limitada a través de una subvención global con un límite máximo, en el marco del PAN. Esta subvención, financiada con solo el 75% de lo que proporcionaría el Programa de Cupones para Alimentos, dio lugar a criterios de elegibilidad más estrictos y a la reducción de los beneficios, lo que empeoró la inseguridad alimentaria de los residentes de Puerto Rico. Las disposiciones legislativas propuestas describen un enfoque mesurado y pragmático para la transición de Puerto Rico al programa SNAP, con la intención de minimizar las interrupciones y promover una implementación efectiva durante un período de 10 a 15 años”, lee otra parte de la misiva.

El documento hace particular énfasis en el impacto económico en cadena que supondría la transición, no solo a nivel isla, sino de EE.UU.

“Puerto Rico importa aproximadamente el 85% de sus alimentos y productos de los Estados Unidos continentales. Al adoptar el programa SNAP, se estima que los hogares puertorriqueños tendrían un mayor poder adquisitivo, lo que generaría una mayor demanda de productos como carne de cerdo, aves de corral, carne de res, soja, maíz para alimentación animal, productos lácteos (incluidos queso y leche), así como arroz, alimentos enlatados, cereales y productos procesados. Este cambio crearía nuevos mercados para los agricultores, procesadores de alimentos y fabricantes estadounidenses. Se estima que cada dólar distribuido en beneficios de SNAP genera entre $1.50 y $1.80 dólares en actividad económica. Se prevé que la transición de Puerto Rico al programa SNAP genere una importante actividad financiera para la economía estadounidense, beneficiando potencialmente a sectores como la agricultura, el transporte, el comercio minorista y la manufactura”, especifican.

Hasta principios de este mes, el presidente del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes, el republicano Glenn “GT” Thompson, no tenía una opinión definitiva sobre el H.R. 5168. “Todavía estamos trabajando en todo. No hemos finalizado nada en este momento”, dijo el legislador de Pennsylvania a El Nuevo Día.

El año pasado, Thompson excluyó de su versión del Farm Bill la transición por entender que la isla no estaba lista a nivel de infraestructura administrativa y de requisitos laborales.