Comisionado residente Pablo José Hernández comparte video de su trabajo en el Congreso a poco para cumplir 1 año en el cargo
El funcionario se atribuyó haber impulsado la discusión de temas como la transición a SNAP en la isla y fiscalizar a la Junta y a LUMA
Pablo José Hernández es el comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C: Crédito: Oficina del Comisionado Residente de Puerto Rico en Washington | AP
NUEVA YORK – En un mensaje en video a poco para cumplir un año como comisionado residente de Puerto Rico en Washington D.C., Pablo José Hernández, se atribuyó desde haber impulsado la discusión de temas como la transición a SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria), hasta fiscalizar a entidades como la Junta de Control Fiscal (FOMBPR) y LUMA Energy.
“En Washington, siempre llevo a Puerto Rico conmigo. Lo llevo en el corazón cuando luchamos para bajarle el costo de vida a nuestra gente”, inició el comisionado en la grabación compartida en sus cuentas de redes sociales.
“Por eso protegemos el PAN (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria), impulsamos el SNAP y defendemos con uñas y dientes los fondos de Medicare y Medicaid”, añadió Hernández mientras se desplaza entre su oficina y distintos rincones de la Cámara.
Hernández introdujo, en septiembre pasado, el H.R.5168 o “Puerto Rico Nutrition Assistance Fairness Act” (“Ley de Equidad en la Asistencia Nutricional de Puerto Rico”) para incorporar a Puerto Rico a SNAP. Actualmente, la isla se beneficia de una subvención en bloque conocida como el PAN (Programa de Asistencia Nutricional) que implica menos dinero para asistencia nutricional que la que reciben los estados.
La legislación no fue incluida en la más reciente extensión de la “Farm Bill” o Ley Agrícola que fue aprobada recientemente como parte de la legislación para reabrir el gobierno federal.
Por otro lado, el congresista se adjudicó supervisar el desempeño y ejecución de la Junta y de las compañías privadas que administran el sistema eléctrico en la isla, así como el desembolso de fondos para reconstrucción poshuracanes.
“Llevo a Puerto Rico conmigo cuando fiscalizamos a la Junta (de Control Fiscal), a LUMA (Energy) y a Genera (PR). No bajamos la guardia; defendemos la energía renovable y presionamos para desembolsar los fondos de FEMA (Agencia Federal para Manejo de Emergencias) para lo que hacen falta, la reconstrucción de nuestra red eléctrica”, expuso.
En el video también aparece el presidente del Caucus Hispano del Congreso (CHC), el representante demócrata de Nueva York, Adriano Espaillat, quien felicitó a Hernández por su gestión.
“Felicidades, un placer tenerte aquí en el Congreso, trabajar muy cercanamente contigo”, expresó Espaillat, a lo que el comisionado aprovecha para responder: “Siempre dando la batalla por nuestros inmigrantes y por toda la comunidad hispana de Estados Unidos”.
“Allá en Barrio Obrero”, replica el dominicano en referencia a uno de los barrios de la capital boricua más azotados por las redadas y operativos de las autoridades migratorias en la isla.
Seguidamente, se ve a Hernández en una reunión en la que menciona la necesidad de extender las protecciones del TPS (Estatus de Protección Temporal) a las poblaciones más vulnerables.
El también presidente del Partido Popular Democrático (PPD) destacó en su mensaje la aprobación en la Cámara del H.R. 2261 o “Strengthening Oversight of DHS Intelligence Act” (Ley de Fortalecimiento de la Supervisión de la Inteligencia del Departamento de Seguridad Nacional) que exige que los funcionarios designados del DHS garanticen que cierta información de inteligencia se comparta, almacene y difunda de una manera que proteja los derechos y las libertades civiles, así como el derecho a la privacidad.
La medida, que aún no ha sido aprobada en el Senado, además otorga autoridad legal a la referida agencia para que capacite a su personal de inteligencia en esos temas.
Por otro lado, el comisionado resaltó la aprobación en el Congreso de la extensión permanente en el reembolso por el arbitrio federal al ron, mejor conocido como “cover-over”. Lo anterior aplica al ron producido en la isla y vendido en EE.UU.
“Dinero nuestro que ahora vuelve a la isla cuando nuestros parientes en la diáspora preparen Coquito. Salud”, expresó mientras pide un vaso con la tradicional bebida alcohólica navideña.
El cambio se traducirá en un aumento de, aproximadamente, $200 millones anuales.
“Puerto Rico está conmigo en la alegría de los veteranos y en su nuevo centro de vida, en los estudiantes que orientamos para conseguir sus fondos, en los inmigrantes que ayudamos a proteger contra el abuso y la maldad”, añadió Hernández en el video antes de que se vieran segmentos de su participación en una reciente audiencia en el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara a la que pertenece.
En el encuentro la pasada semana, Hernández no alcanzó a cuestionar a la secretaria del DHS, Kristi Noem, sobre los operativos migratorios en la isla, ya que esta abandonó antes de tiempo la audiencia.
Sin embargo, expuso para el récord su desaprobación con el manejo de casos como el de Aracelis Terrero, una dominicana sobreviviente de violencia doméstica que fue detenida en Cabo Rojo por agentes de la la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza), aun cuando contaba con permiso de trabajo. La migrante fue trasladada a Texas sin que se divulgaron de inmediato detalles de su ubicación.
Junto a los representantes de Florida, Darren Soto y María Elvira Salazar, demócrata y republicana, respectivamente, Hernández presentó el H.R.6031 o Ley de Integridad de Medicare Advantage (Medicare Advantage Integrity Act of 2025) con el fin de que se le asigne más dinero a ese programa en la isla.
Con respecto a la Junta, el comisionado tuvo un acalorado intercambio con el director ejecutivo del organismo federal, Robert Mujica, en julio pasado, en una audiencia en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara para evaluar la labor de la entidad a casi una década de operaciones en la isla. Hernández directamente cuestionó a Mujica sobre los al menos $2,000 millones de dólares en pagos a consultores y firmas de asesoría legal como parte del proceso de reestructuración de la deuda del gobierno de Puerto Rico bajo la ley PROMESA (Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica) que también creó la Junta.
Unas dos semanas después, transcendió que el presidente Donald Trump removió a seis de los siete miembros del ente federal. Las supuestas razones fueron los altos salarios de sus miembros y el despilfarro de dinero. La Casa Blanca también habría tomado en consideración la cifra de los $2,000 millones.
Debido a que Puerto Rico es un territorio, el comisionado residente puede votar en comités legislativos, más no en el hemiciclo de la Cámara que es donde se aprueban las medidas. El funcionario puede presentar proyectos de ley.
Desde antes de asumir oficialmente el cargo, Hernández anticipó que el tema del estatus no sería prioridad en su agenda en medio de divisiones dentro del PPD sobre su definición. Reiteró en que se enfocaría en el desarrollo económico, luchar por la equidad en programas con fondos federales y en agilizar el desembolso de partidas para proyectos de reconstrucción posdesastres.
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