Republicanos cuelgan resoluciones en el Congreso que buscaban detener avance militar de EE.UU. en Venezuela
El Caucus Hispano del Congreso insistió en que Donald Trump debe contar con el visto bueno de la Legislatura para proceder con los operativos bélicos
Un petrolero durante su incautación por parte de tropas estadounidenses en la costa de Venezuela, el 10 de diciembre. Crédito: Red social X / Secretaría de Justicia de EE.UU. | AP
NUEVA YORK – El Caucus Hispano del Congreso (CHC) cuestionó la votación de la mayoría republicana en la Cámara en contra de una resolución concurrente que buscaba prohibir el despliegue de militares estadounidenses en Venezuela sin la autorización de la legislatura federal.
Por medio de un comunicado este miércoles, el liderato del CHC insistió en que el presidente Donald Trump debe contar con el visto bueno de la Legislatura para proceder con operativos bélicos en otros países.
“La Constitución y War Powers Act de 1973 no podrían ser más claros en cuanto al rol del Congreso para autorizar poderes de guerra al Ejecutivo. En caso que cualquier presidente decida que las fuerzas armadas de los Estados Unidos deben de utilizarse en contra de un adversario extranjero, deben primero buscar la autorización del Congreso. Este presidente no es la excepción”, afirmaron los miembros del organismo.
Los demócratas argumentaron que la resolución presentada por Jim McGovern (Massachusetts) y Joaquín Castro (Texas) establece claramente que las Fuerzas Armadas de EE.UU. “pueden solamente entrar en hostilidades dentro o contra Venezuela bajo la autorización explícita del Congreso”.
“Esta no fue una votación sobre si este asunto amerita actos de guerra, fue unavotación preguntando si el Congreso obligará al presidente Donald J. Trump a cumplir con su juramento constitucional”, plantearon los legisladores.
“Hoy, los republicanos una vez más demostraron que no están dispuestos a cumplir con esta obligación fundamental”, concluyeron los integrantes del CHC.
La Ley de Poderes de Guerra de 1973 limita el poder presidencial para desplegar recursos militares estadounidenses sin la aprobación del Congreso. El estatuto exige una notificación en un plazo de 48 horas, así como la retirada de las tropas en un término de 60 días (90 con prórroga) si el Congreso no autoriza la acción.
Sin embargo, las garras de la ley no parecen ser infalibles en algunos casos.
A pesar de la existencia del estatuto, resoluciones conjuntas como la de Autorización para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF) de 2001, por ejemplo, facilitaron el uso de fuerza militar contra los responsables de los atentados terroristas del 11 de septiembre y sus compinches. Posteriormente, varias administraciones presidenciales han ampliado AUFM para justificar acciones militares contra más de media docena de grupos en todo el mundo, según destacó un reporte de Friends Committee on National Legislation.
El H. CON. RES. 64, introducida el 1 de diciembre y referida al comité de Asuntos Exteriores, no pasó el cedazo de la Cámara este miércoles.
La resolución contaba con 46 coauspiciadores, tres de estos republicanos. En específico,
Don Bacon, de Nebraska; Thomas Massie, de Kentucky; y Marjorie Taylor Greene, de Georgia.
La resolución buscaba ordenar la retirada de las Fuerzas Armadas de los EE.UU. de las hostilidades dentro o contra Venezuela que no hayan sido autorizadas por el Congreso.
“De conformidad con la sección 5(c) de la Resolución sobre Poderes de Guerra (50 U.S.C. 1544(c)), el Congreso ordena al Presidente que retire a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de las hostilidades dentro o contra Venezuela, a menos que estén explícitamente autorizadas por una declaración de guerra o una autorización legal específica para el uso de la fuerza militar”, lee parte de la medida.
La resolución conjunta 61 también fue rechazada ayer en la Cámara.
El fin de H.Con.Res 61, introducida por el demócrata de Nueva York, Gregory Meeks, el 17 de noviembre, era “bloquear los letales ataques aéreos del presidente contra embarcaciones en aguas venezolanas”.
Mientras los esfuerzos legislativos para detener el despliegue militar ordenado por la Administración Trump en Venezuela y la región no dan frutos, las fuerzas armadas destruyeron ayer otra supuesta narcolancha en aguas internacionales del Pacífico Oriental. Cuatro personas que tripulaban la embarcación murieron como resultado del operativo.
El ataque fue ordenado por el secretario del Departamento de Defensa, Pete Hegseth, según informó el Comando Sur en su cuenta oficial de X.
Las autoridades militares incluyeron en la publicación un video en el que se ve el impacto a una lancha en movimiento.
El ataque coincidió con el discurso a la nación de Trump en el que anunció que otorgará a 1,450,000 miembros de las Fuerzas Armadas un “bono especial” o “dividendo del guerrero” de $1,776 dólares. La cifra hace referencia al año de la fundación de EE.UU.
El martes, el presidente ordenó el bloqueo “total y completo” de todos los petroleros venezolanos sancionados que entren y salgan de Venezuela, tal y como procedieron con uno la semana pasada en el Caribe que fue remolcado hasta un puerto estadounidense.
La Administración no ha descartado realizar ataques terrestres bajo el argumento de combatir los grupos del narcotráfico con los que asocia al Gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro.
La ofensiva militar estadounidenses en el Caribe Sur cerca de Venezuela incrementó en septiembre y sus ramificaciones alcanzan a territorios como Puerto Rico, donde militares han estado realizando entrenamientos en bases militares y en las costas.
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