Editorial: El censo nacional y los inmigrantes

El próximo censo nacional, para el cual se estableció la meta de un recuento completo de todas las personas que viven en Estados Unidos, tendrá lugar recién en 2030. Entonces, ¿por qué es hoy, faltando años para su lanzamiento, objeto de debate y controversia? ¿Por qué es hoy importante? 

Los números obtenidos a partir de los censos, que se realizan como lo ordena la Constitución cada 10 años, constituyen hitos en la historia del país. 

Determinan cómo se van a determinar los fondos federales para construir y mantener carreteras, hospitales, escuelas, servicios de bomberos y mucho más. 

Tienen una importancia decisiva en la representación política al asignar los escaños de cada estado en la Cámara de Representantes. Son la base para la redistribución de los distritos electorales. Establecen el número de participantes por cada estado en el colegio electoral, que decide los resultados de las elecciones presidenciales.

Un cambio en la estructura del censo transformaría el Congreso. 

También el censo es ya tema en la división que polariza nuestro país, desde que Donald Trump anunció que se incluiría en él una pregunta sobre el estado migratorio del censado. 

El objetivo declarado: omitir a todos los indocumentados de los resultados del censo. De esta manera, estados con una alta población de inmigrantes recibirían menos servicios para todos sus residentes. 

Trump anunció su decisión en agosto por medio de un posteo en su sitio social Truth, donde estipula que “Las personas que se encuentren en nuestro país ilegalmente NO SERÁN CONTADAS EN EL CENSO”.

Pero la verdad es que por más que lo anuncie, excluir una parte de la población del censo viola la enmienda 14 de la Constitución, que dice que los representantes se distribuirán entre los estados contando el “número total de personas en cada estado”, independientemente de su estatus migratorio. 

Con 68 millones de inmigrantes, la decisión de incluir una pregunta sobre el estado migratorio podría afectar a una de cada cinco familias en el país, que se abstendrían de participar en el proceso por temor a las consecuencias. O al menos es lo que espera Trump. 

Un censo piloto que contiene la pregunta ya está en camino de ser iniciado. Se lanzará en abril y durará hasta septiembre, involucrando a más de 150,000 hogares en dos estados: Alabama y Carolina del Sur. 

Ya en su primer mandato, Trump había intentado incluir la pregunta sobre la legalidad migratoria en el censo de 2020, pero los tribunales declararon el intento ilegal. 

El cálculo es simple: la inclusión de la pregunta tiene como propósito intimidar a los inmigrantes, incluyendo a los legales – como lo demuestran las redadas de ICE en todo el país –  y tanto a familias de indocumentados como aquellas en las que una parte de sus miembros son ciudadanos o residentes permanentes. Temerán que su información personal sea compartida con agencias de control migratorio. Al igual que en las redadas de ICE, esta táctica pretende intimidar. Sembrar el terror es un objetivo primordial. 

Es más: incluso si fallara el intento de incluir la pregunta migratoria en el censo, el revuelo que causaría sería suficiente para que en muchos casos estos inmigrantes se abstengan de participar, aún sabiendo que con ello disminuirán a la larga los beneficios que ellos mismos reciben.

Sea como fuere, el objetivo de perseguir a los inmigrantes y castigar a estados bajo gobiernos demócratas sería logrado. 

El censo de 2030 debe llevarse a cabo tal como lo ordena la Constitución, incluyendo a todos los habitantes del país y entre ellos a los inmigrantes. Para eso fue creado.