NYC sería la más devastada si aprueban regla que establece que solo estadounidenses pueden ocupar viviendas públicas

Si una nueva regla propuesta por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de Estados Unidos que establece que solo ciudadanos estadounidenses ocupen espacios de vivienda pública o subsidiada llegara a entrar en vigencia, las consecuencias para la ciudad de Nueva York serían devastadoras: por lo menos 3,000 hogares se verían afectados, si se toma en cuenta las tendencias de la última década. Y detrás de este número “frío”, podrían existir simplemente una aproximación muy conservadora.

La propuesta que fue desempolvada y reforzada la semana pasada, tendría consecuencias directas para miles de familias mixtas, es decir hogares con niños ciudadanos nacidos en el país y padres sin estatus legal o con estatus temporal, como destaca un reporte municipal realizado por varias agencias municipales en 2019, en donde además se concluye que esa posibilidad tendría un predecible impacto en el sistema de albergues y la salud pública de la Gran Manzana.

Sin embargo, a diferencia del intento de 2019, la propuesta actual crea requisitos de verificación de ciudadanía para todos los que viven en viviendas asistidas por HUD, incluidos más de 4,3 millones de hogares con al menos un ciudadano estadounidense, contabilizan algunas coaliciones.

Los análisis históricos no actualizados, proyectados por HUD, apuntan a que cerca de 13,000 personas (incluyendo ciudadanos y no ciudadanos), podrían estar en la lista de personas que pierdan los beneficios de la vivienda pública.

Muchas de estas familias viven en desarrollos de la Autoridad de Vivienda Pública de la Ciudad de Nueva York (NYCHA) o usan vales federales conocidos como Sección 8.

“Eso sería una maldad muy grande que finalmente afectaría a niños nacidos aquí. Es decir, esa política es algo así: si tus padres no tienen papeles, entonces vete a un país que no es el tuyo o quédate en la calle”, reaccionó airada “Bertha”, una residente isleña del complejo Amsterdam House en Manhattan.  

“Bertha” destaca que la proporción de familias mixtas que ella conoce en ese complejo son mínimas, porque la mayoría tienen décadas aquí, pero conoce apenas un par de hispanos muy honestos y trabajadores que no se merecerían que se les niegue ese beneficio”, comentó.

Dada la magnitud del parque de viviendas públicas en la ciudad de Nueva York, que es el más grande de la nación, incluso un pequeño porcentaje de lo que se conoce como familias mixtas, representa una cifra considerable, elevándose a miles de afectados.

Activistas defensores de vivienda y organizaciones de derechos civiles han criticado la propuesta argumentando que podría obligar a familias a separarse o enfrentar la pérdida de su hogar, incluso cuando algunos de sus miembros son ciudadanos estadounidenses con derecho legal a recibir asistencia.

Ya hay un dato muy claro: 86% de las personas afectadas serían hispanas. El HUD indicó que estima que aproximadamente 24,000 migrantes indocumentados en 20,000 hogares con estatus migratorio mixto se benefician de esta asistencia en todo el país.

Organizaciones como National Low Income Housing Coalition (NLIHC), junto con el National Housing Law Project y la coalición Protecting Immigrant Families, están lanzando la campaña “Keep Families Together” (Mantener a las Familias Unidas) para oponerse a la propuesta.

Números no actualizados

En efecto, de acuerdo con cifras de la contraloría municipal, actualmente NYCHA tiene 142,974 familias y si aproximadamente 3,000 de ellas podrían ser de estatus mixto, afectados bajo una regla como la propuesta, eso implicaría que apenas 2.1 % de los residentes de vivienda pública estarían en situación de riesgo de entrar en el aro de la política federal.

La Administración Trump ya había propuesto en su primera administración una regla para rescindir la elegibilidad de este grupo específico de grupos familiares de programas de vivienda pública y subsidios federales, en 2019. En ese año, producto de una evaluación interna de HUD, se estimó que unos 108,000 inquilinos en 25,000 hogares mixtos en todo el país, serían afectados si la regla se implementaba.

Siete años después, las proyecciones apuntan a que posiblemente hay un ligero aumento en este tipo de grupos familiares, pero todo indica que se mantiene la tendencia de que 72% de familias mixtas viven en solo tres estados: California, Texas y Nueva York. 

De ese total, Nueva York representaba cerca del 12% de los hogares afectados.

Al analizar los datos, se podría asegurar que esos números pueden haber cambiado desde entonces, por crecimiento poblacional, cambios en la elegibilidad de la vivienda o variaciones demográficas, pero esta proporción ha sido usada reiteradamente como referencia, cuando se discute el impacto en la ciudad de Nueva York, de este tipo de medidas, que viene rodando en la Casa Blanca desde la era de Trump.

Efectos devastadores para NYC

Un análisis profundo acerca de los efectos devastadores de la aplicación de esta medida, realizado por varias agencias municipales durante la Administración del exalcalde Bill de Blasio, concluyó que la aplicación de esta norma, “inevitablemente trasladaría los costos a otros sistemas de la ciudad, como albergues y servicios de crisis”. 

En los escenarios planteados, por equipos técnicos de la municipalidad neoyorquina, una vez que las familias mixtas se queden sin hogar, esto supondrá una carga para la Ciudad para proporcionar refugio de emergencia.

Además, debido a que al menos 4,900 niños en la Gran Manzana (cifras proyectadas que en este momento podrían ser más altas) se verían afectados por la norma federal propuesta, la agencia de bienestar infantil se verá obligada a abordar las repercusiones de las separaciones familiares y las condiciones de vivienda inadecuadas para los niños, lo que también supondrá una carga financiera para la Ciudad. 

“HUD no tiene en cuenta las cargas administrativas y los costos de desalojo para las ciudades y los propietarios privados. Además de los costos humanos y la carga administrativa de eliminar a todas las familias mixtas de estos programas, tanto para las terminaciones de los subsidios, como para los desalojos de vivienda pública. Y, probablemente, resultará en litigios costosos y prolongados”, estimó el reporte.

Cuestión de salud

El otro escenario para la Gran Manzana debidamente explicado en el reporte municipal es que las familias mixtas inevitablemente enfrentarán impactos negativos en la salud. Está claramente documentado como el desplazamiento, a menudo, obliga a las personas a mudarse de sus comunidades en donde se encuentran sus redes de apoyo social y proveedores médicos, lo que puede afectar negativamente los resultados de salud entre las comunidades de inmigrantes.

Se precisa que los adultos que viven en viviendas inestables, tienen tasas más altas de depresión, ansiedad y enfermedades cardiovasculares. Y los niños son más propensos a tener problemas de comportamiento y de rendimiento escolar, en comparación con aquellos con viviendas estables.

“La población con vivienda inestable tiene un mayor riesgo de problemas de salud mental y conductual, y complicaciones por el manejo de enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión. Además, la falta de vivienda contribuye al crecimiento y desarrollo deficiente en los niños, y a tasas más altas de hospitalización costosa y utilización de salas de emergencia”, indica el informe. 

Además, el costo inasequible de la vivienda reduce los recursos financieros disponibles para cubrir otras necesidades básicas de salud, como alimentos y atención médica, lo que aumenta el riesgo de enfermedades crónicas y complicaciones de salud relacionadas.

Está bien documentado además que los inmigrantes tienen más probabilidades de no tener seguro que la población nacida en el país, ante los impactos negativos en la salud de las personas que podrían enfrentar inestabilidad de vivienda. Por ello la proyección es que la Ciudad incurriría en costos de atención médica no compensados, ​​como resultado del aumento de las visitas a la sala de emergencias y la provisión de otra atención médica. 

“Cruel e inhumano”

La primera líder electa neoyorquina que literalmente puso el “grito en el cielo” al conocerse esta propuesta, fue la congresista Nydia M. Velázquez (NY-7) quien calificó el boceto de la norma como “cruel e inhumano”.

“Las familias de estatus mixto ya están pagando lo que les corresponde y reciben beneficios muy por debajo del estándar nacional, bajo estrictos requisitos de elegibilidad. Esta es una política que busca obligar a las familias a elegir entre la separación familiar y quedarse sin hogar. Está diseñada para aterrorizar a las comunidades inmigrantes, así de simple”, reaccionó Velásquez.

La congresista de origen boricua interpreta que esta regla no hará nada para resolver la urgente crisis de vivienda de la nación, en donde hay un déficit de casi 4 millones de unidades, ya que “expulsar” a un número selecto de familias de viviendas beneficiarias de programas de HUD, no cambiará esa realidad. 

“Esta administración está usando a los inmigrantes como chivo expiatorio, para distraer de su fracaso en invertir en vivienda asequible. Yo lideré la lucha contra esta misma política durante el primer mandato de Trump y logramos derrotarlo”, remató.

En etapa de comentarios públicos

La regla se encuentra actualmente en etapa de propuesta y en período de comentarios públicos, tras su publicación en el Registro Federal. No ha entrado en vigor, y no se aplicarán cambios hasta que HUD concluya el proceso de revisión y determine si adopta una versión final de la norma.

Por el momento, las reglas vigentes continúan permitiendo que familias de estatus mixto reciban asistencia prorrateada bajo los programas federales de vivienda.

La regla propuesta por la oficina del secretario de HUD, Scott Turner, le requeriría a las personas presentar prueba de ciudadanía o estatus legal o de estatus elegible, independientemente de la edad.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump, se acabaron los días en que migrantes ‘ilegales’, personas sin derecho a pensión y estafadores manipulaban el sistema y se aprovechaban de los contribuyentes estadounidenses. Nos cuidaremos que todos los residentes de viviendas financiadas por el HUD sean inquilinos elegibles. Tenemos tolerancia cero con el desprecio a los ciudadanos estadounidenses que trabajan duro y, al mismo tiempo, permitimos que otros se aprovechen de lagunas legales que datan de décadas”, puntualizó Turner.

En detalle:

• El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) publicó una nueva regla propuesta que modificaría los criterios de elegibilidad para acceder a viviendas públicas y subsidios federales de alquiler, incluyendo el programa conocido como Sección 8.

• La medida exigiría que todos los miembros de un hogar demuestren ciudadanía estadounidense o estatus migratorio elegible para poder residir en una vivienda financiada con fondos federales.

• Actualmente, las familias denominadas de “estatus migratorio mixto”, aquellas en las que conviven miembros ciudadanos o residentes legales con otros sin estatus migratorio elegible, pueden recibir asistencia prorrateada. Es decir, el subsidio se calcula únicamente con base en los integrantes que cumplen los requisitos legales.

• La nueva propuesta eliminaría esa posibilidad indefinida y podría impedir que estas familias mantengan la ayuda. si todos los miembros no cumplen con los criterios exigidos.

El dato:

• 80,000 familias podrían perder su asistencia de vivienda, incluyendo cerca de 37,000 niños, si se finaliza e implementa, esta propuesta federal proyecta la organización National Low Income Housing Coalition (NLIHC)