Demócratas: pregunta de ciudadanía en el censo podría dejar sin contar a comunidades inmigrantes
66 congresistas demócratas pidieron revertir cambios al ensayo del censo 2026 que, advierten, podrían reducir la participación y afectar el conteo nacional
Se ve el maletín de una censista mientras toca la puerta de una residencia, el 11 de agosto de 2020, en Winter Park, Florida. Crédito: John Raoux, File | AP
Un grupo de 66 legisladores federales advirtió que cambios propuestos por la administración de Donald Trump al próximo ensayo del censo, incluida la incorporación de una pregunta de ciudadanía, podrían desincentivar la participación de familias inmigrantes y provocar que millones de personas no sean contadas en el país.
En una carta enviada al Departamento de Comercio, 15 senadores y 51 miembros de la Cámara de Representantes señalaron que las modificaciones planteadas para la prueba operativa del Censo de 2026 —un ejercicio clave de preparación para el censo de 2030— “harán imposible un conteo preciso de todos los estadounidenses” y podrían afectar la asignación de fondos federales y la representación democrática.
La iniciativa fue liderada en la Cámara de Representantes por el presidente del Congressional Hispanic Caucus, Adriano Espaillat; la presidenta del Congressional Asian Pacific American Caucus, Grace Meng; y el miembro de mayor rango del Comité de Supervisión, Robert Garcia.
En el Senado encabezaron la carta Ruben Gallego, Gary Peters y Andy Kim.
Los legisladores criticaron cambios propuestos por la administración Trump al diseño de la prueba del Censo 2026.
Entre ellos destacan la reducción de los sitios de prueba de seis a dos, un recorte del 75 % en el número de participantes, el reemplazo del formulario corto del censo por la encuesta más extensa American Community Survey, la inclusión de una pregunta de ciudadanía y la prueba de carteros como enumeradores.
También denunciaron que se redujo a la mitad el período de comentarios públicos y que se disolvió el comité asesor del Buró del Censo sin explicación.
“Cada familia latina merece ser contada completa y con precisión, no borrada por una prueba defectuosa diseñada para fallar a las comunidades a las que debía servir”, afirmó Espaillat. “Un subregistro de las comunidades latinas no será un simple error estadístico: conducirá a un robo de representación, recursos y poder durante una década”.
Sitios de prueba
El senador Gallego advirtió que los cambios propuestos eliminarían sitios de prueba en las reservas Fort Apache y San Carlos Apache, en Arizona, y que la pregunta de ciudadanía podría disuadir la participación de ciudadanos estadounidenses que forman parte de familias inmigrantes.
“Estos cambios podrían dejar a decenas de miles de familias latinas y comunidades tribales sin contar, lo que significa menos financiación y menos representación durante los próximos diez años”, señaló.
El congresista Garcia expresó preocupaciones similares, al afirmar que el intento de introducir la pregunta de ciudadanía “plantea serias dudas de que se esté sentando nuevamente las bases para intimidar a comunidades inmigrantes y manipular el censo con fines políticos”.
Por su parte, Peters dijo estar “profundamente preocupado” por la propuesta de cancelar cuatro de los seis sitios de prueba del Censo 2026 y por la inclusión de la pregunta de ciudadanía, que —según investigaciones del propio Buró del Censo— puede reducir la probabilidad de que las personas respondan.
Meng señaló que un censo completo y preciso es esencial para determinar la representación en el Congreso y distribuir billones de dólares en financiación federal para escuelas, hospitales y servicios sociales.
Según dijo, los cambios propuestos “amenazan la integridad del censo decenal y ponen en riesgo la participación y representación de comunidades asiático-estadounidenses, nativas hawaianas y de las islas del Pacífico”.
El senador Kim afirmó que la prueba planteada por la administración “garantizaría que el Censo de 2030 fracase incluso antes de comenzar”, y recordó que el conteo nacional es “uno de los pilares más fundamentales de nuestra democracia”.
Participación de comunidades inmigrantes
En su carta, los legisladores argumentaron que los cambios anunciados con escasa notificación pública producirían una prueba “científicamente inútil”, desincentivarían la participación de comunidades inmigrantes y minoritarias, generarían preocupaciones constitucionales y de privacidad, y privarían al Congreso de datos necesarios para planificar el censo de 2030.
También advirtieron que cada persona que no sea contada en el censo de 2030 representará diez años de pérdida de financiación federal para escuelas, hospitales y vivienda en su comunidad.
Por ello, los congresistas pidieron al Departamento de Comercio restaurar los seis sitios de prueba originales, utilizar el formulario corto del censo, eliminar la pregunta de ciudadanía, entregar al Congreso el acuerdo de confidencialidad con el Servicio Postal y un análisis legal sobre la protección de la privacidad de los participantes, además de restablecer el período estándar de 60 días para comentarios públicos.
