Venezolano demanda a EE.UU. por $1,3 millones tras denunciar abusos en prisión en El Salvador
Neiyerver León Rengel denunció abusos y tortura durante meses en la cárcel CECOT de El Salvador, tras ser deportado desde Estados Unidos
Un vehículo blindado se encuentra estacionado afuera del megacentro penitenciario conocido como Centro de Detención contra el Terrorismo (CECOT) en Tecololuca, El Salvador. Crédito: Salvador Melendez | AP
Neiyerver Adrián León Rengel, venezolano de 28 años, demandó a Estados Unidos por al menos $1,3 millones de dólares tras denunciar detención ilegal y abusos sufridos luego de ser deportado a El Salvador y recluido en la prisión CECOT.
En declaraciones a CBS News, Rengel describió su experiencia como “un infierno total” y relató que durante su reclusión fue golpeado de forma constante y sometido a condiciones extremas.
“Llegó un momento en que pensé en ahorcarme con la sábana que nos dieron”, aseguró al medio.
El venezolano formó parte de un grupo de más de 200 migrantes enviados a El Salvador en marzo de 2025, donde permanecieron incomunicados durante cerca de cuatro meses antes de ser liberados en un intercambio de prisioneros en julio de ese año.
Según la demanda presentada ante un tribunal federal en Washington, los hechos constituyen detención ilegal y causaron un “trauma psicológico extremo”.
El documento sostiene que Rengel fue golpeado, privado de atención médica adecuada y mantenido sin contacto con su familia ni representación legal, según CBS.
El caso cuenta con el respaldo de organizaciones como la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) y el Fondo de Defensores de la Democracia.
“Lo que le sucedió a Adrián Rengel es tortura avalada por el gobierno y una negación de su humanidad por el simple hecho de ser inmigrante”, afirmó al medio Juan Proaño, director ejecutivo de LULAC.
Sin orden ni antecedentes
Un informe de Human Rights Watch ya había advertido que los detenidos en CECOT enfrentaron abusos físicos y psicológicos, incluyendo agresiones sexuales en algunos casos, y calificó esas condiciones como “detención arbitraria” y “tortura” bajo el derecho internacional.
La deportación de Rengel se produjo en el marco de una política de la administración de Donald Trump que utilizó una ley de 1798 para expulsar a migrantes venezolanos acusados de pertenecer a organizaciones criminales. Sin embargo, investigaciones de “60 Minutes” y CBS News concluyeron que muchos de los deportados no tenían antecedentes penales ni vínculos comprobados con pandillas.
En el caso de Rengel, sus abogados sostienen que no existía una orden de deportación en su contra y que mantenía un proceso migratorio activo con audiencia programada para 2028. También afirman que fue vinculado a la banda Tren de Aragua por un tatuaje.
El propio Rengel negó esas acusaciones en su testimonio a CBS: “Nunca he sido miembro de una pandilla ni de un grupo criminal. Jamás”, dijo al medio.
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