Exención de 60 días a la Ley Jones por parte de Trump para bajar costo de gasolina no tendría efecto significativo

NUEVA YORK – El abogado Manuel Quilichini no anticipa un efecto significativo ni en estados ni en territorios como Puerto Rico de la exención por 60 días del presidente Donald Trump a la “Ley Jones” (Ley de la Marina Mercante) para reducir el precio de la gasolina y otros derivados del petróleo.

En entrevista con El Diario, Quilichini, quien ha examinado ampliamente el alcance y los efectos de la también llamada ley de cabotaje, argumentó que dos meses no son suficientes para estabilizar los precios del mercado.

“Veo que es un intento de mantener los costos bajos porque todo usa combustible, así que me sorprendió que lo hiciera; me decepcionó que fuera solamente por 60 días, porque la estabilización de los precios va a tomar más de 60 días, aún cuando termine la contienda (guerra)”, declaró el experto.

“O sea, que usted entiende, como otros expertos, que ese tiempo, los 60 días, no es suficiente para lograr una estabilización”, indagó este periódico.

“No lo es, porque los precios se han disparado; hay mucho temor; hay mucha desconfianza. Yo hubiese esperado que lo hubiesen puesto por seis meses, por ejemplo. Eso acelera que los precios se normalicen”, expuso el abogado con especialización en Administración de Empresas y Finanzas.

“Si siguen atacando las facilidades de producción de combustible, refinerías y campos, el efecto de la moratoria es cero, porque entonces hasta por la escasez de manufactura los precios se disparan, los precios se mantienen altos, y todo lo que destruya no se reconstruye en días. Eso puede tomar mucho tiempo, especialmente, si toman la isla de Kharg y otros y destruyen toda la capacidad manufacturera, eso toma años”, argumentó.

Quilichini catalogó como “devastadoras” las consecuencias que pueden tener en Puerto Rico los aumentos en el precio del combustible en vista de la alta dependencia a las importaciones. En la isla se importa más del 80% de productos, que incluyen, pero no se limitan a combustible.

“Todos (en Puerto Rico) dependemos del combustible. Todo llega por el aire; todo llega por el mar. Hemos visto que los precios, de los pasajes (boletos de avión), han ido subiendo. Es natural que el precio de nuestro combustible para generar electricidad va a seguir subiendo, y ese es un costo que se le pasa a todos los consumidores. Entonces tienes el problema de que, si yo tengo un distribuidor que le sube el costo de la electricidad, él sube sus costos, pero ese costo ya inflado pasa al vendedor. El vendedor también tiene gastos de electricidad y le va a añadir esos costos también. El efecto puede ser multiplicador. Esto no es que aumente un 2%; es que en la cadena de distribución, puede aumentar un 2% en cada cadena”, explicó el entrevistado.

Según el expresidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), para que los precios realmente bajen en el territorio, lo ideal es que se le permita a barcos de bandera extranjera llegar hasta Puerto Rico con productos, porque la mayoría actualmente viene a través de barcos de la marina mercante.

Exenciones de la Ley Jones en Puerto Rico

Quilichini puso como ejemplo la exención de 10 días que la Administración Trump concedió a Puerto Rico justo después del huracán María en el 2017.

“Mira lo que sucede: todo lo que viene por barco, que es lo que se vería directamente afectado, ya está contratado con barcos de bandera americana (estadounidense). Para que estos precios bajen de verdad, deberíamos permitir que barcos de bandera extranjera trajeran lo que ahora mismo trae la marina mercante. Eso no se negocia en 30 días. Eso no se negocia en 60 días. Lo vimos cuando trajeron combustible a Puerto Rico en una moratoria de 10 días (tras el huracán María). Supuestamente era para permitir que llegara el petróleo; no llegó un barco…El problema es que, en lo que tú consigues el combustible, lo embarcas y llega acá, pasaron los 10 días. Pasa lo mismo con 60 días. Sesenta días no va a tener en mi apreciación ningún impacto económico significativo, especialmente, si tomas en consideración todos los otros elementos alcistas al precio del combustible. Así que yo creo que el puertorriqueño no verá ninguna diferencia”, reiteró.

Aparte de la del 2017, el gobierno del expresidente Joe Biden otorgó una dispensa a la Ley Jones en Puerto Rico tras el huracán Fiona en el 2022. Tampoco está claro el impacto preciso de esa exención.

El investigador añadió que la mayoría del combustible que recibe Puerto Rico viene de EE.UU., y por ende, con los cargos adicionales de transporte de la marina mercante.

“Usualmente, el combustible que nosotros estamos recibiendo viene de EE.UU., no viene de Venezuela y aquí no tenemos otro productor, así que en ese caso todo el combustible que viene a P.R., viene con la marina mercante y con el costo de la marina mercante y con el costo de la ley de cabotaje engranado ahí. Se dice que los productos nuestros que vienen de EE.UU., que es nuestro mayor proveedor de productos, se dice que cada furgón, por culpa de la ley de cabotaje, cuesta $3,000 dólares por furgón. Se estima que el costo de la ley de cabotaje excede el $1,600 millones (anuales)”, señaló Quilichini al citar informes del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y de Cato Institute.

Quilichini reconoció, sin embargo, que no hay estudios recientes sobre los impactos precisos de la Ley Jones en la isla.

“No hay estudios actualizados, primero sobre el impacto de la Ley Jones sobre la economía de Puerto Rico y ese impacto tiene que haber subido, porque, como todo ha subido, es natural que esto tenga un efecto adicional. No hay estudio de por qué Puerto Rico tiene ley de cabotaje e Islas Vírgenes no lo tiene. Hay otras jurisdicciones de EE.UU. que no tienen ley de cabotaje”, resaltó.

Estipulaciones de la Ley de la Marina Mercante

La Ley de la Marina Mercante de 1920 regula el comercio marítimo en aguas estadounidenses con el fin de mantener la seguridad nacional y proteger la industria marítima nacional.

Según el estatuto, las mercancías que se mueven entre puertos estadounidenses deben transportarse en embarcaciones construidas en el país. La ley establece que al menos 75% de los buques sean propiedad de ciudadanos o empresas estadounidenses.

También dispone que los trabajadores y miembros de la tripulación sean ciudadanos estadounidenses o extranjeros con estatus legal.

Los barcos de bandera extranjera pueden llegar a Puerto Rico sin intervención de la marina mercante si provienen de o van a un puerto extranjero sin pasar por otro puerto en EE.UU., o si son pesqueros que descargan su propia pesca.

Lo anterior implica mayores gastos por impuestos que a su vez son transferidos a los consumidores. Aún cuando los buques lleguen hasta Florida, descarguen los productos y partan desde ese puerto a la isla, las tarifas de flete también las terminan pagando los puertorriqueños, según han alertado distintas organizaciones y analistas.

“La ley de cabotaje es una medida para proteger la marina mercante y Puerto Rico es uno de los mayores consumidores de productos de EE.UU., porque todo viene de EE.UU. Nosotros (en Puerto Rico) subsidiamos la marina mercante. Puerto Rico subsidia la marina mercante para que pueda operar. No es una marina eficiente; no es una marina mercante moderna, pero nos tienen atrapados con esta ley”, resumió.

El pasado 18 de marzo, Karoline Leavitt, portavoz de prensa de la Casa Blanca, informó que la medida temporal busca mitigar las interrupciones en el suministro de combustible a corto plazo debido a la guerra en Oriente Medio que se ha traducido en un alza en los precios.

“La decisión del presidente Trump de emitir una exención de 60 días a la Ley Jones constituye un paso más para mitigar las interrupciones a corto plazo en el mercado petrolero, mientras las Fuerzas Armadas de los EE.UU. continúan cumpliendo los objetivos de la Operación Furia Épica”, compartió por la red social X.

Leavitt planteó que la expectativa es fortalecer la cadena de suministros críticos.

“Esta medida permitirá que recursos vitales —tales como el petróleo, el gas natural, los fertilizantes y el carbón— fluyan libremente hacia los puertos estadounidenses durante sesenta días; asimismo, la Administración mantiene su compromiso de seguir fortaleciendo nuestras cadenas de suministro críticos”, añadió la secretaria de prensa.

El abogado coincidió en que, al ordenar la dispensa, Trump admitió o confirmó las teorías de varios sectores de que la Ley Jones incrementa el costo de vida, particulamente en territorios como Puerto Rico.

“Lo que pasa es que al típico americano no le toca en el día a día, así que sí es una admisión de que la ley tiene un efecto de incrementar costos. Pero, nuevamente, no es a todos por igual”, contrastó.

Sobre el papel de EE.UU. en la industria petrolera, dijo que, aunque el país ha aumentado su producción, también tiene gran capacidad de refinación o de convertir el crudo en productos.

“EE.UU. es la nación, por lo menos en este hemisferio, que tiene la capacidad más alta de refinar el petróleo, de convertirlo en gasolina o en el producto final. EE.UU. puede estar importando o en un momento dado importaba petróleo y entonces lo refinaba y lo vendía. La gasolina que es un refinado nos llega de EE.UU. porque se refina allá. Que yo sepa, hace años que no recibimos petróleo de otra fuente que no sea EE.UU. EE.UU. ha ido incrementando su capacidad de producción…”, expuso.

Sin embargo, Quilichini argumentó que el precio de productos como la gasolina se establece con base en el precio internacional del crudo sumado a otros factores, lo que también dificulta bajar los precios en la cadena.

“Como hay un precio por barril de petróleo fijado a nivel internacional, eso nos incrementa, pero también, cuando hay escasez de petróleo como en esta eso nos incrementa, pero también, cuando hay escasez de petróleo como en esta situación que estamos viviendo, el suplido internacional se afecta, la gente se asusta, la gente se pone conservadora…”, indicó.

El abogado añadió que el enfoque de la Administración en el impulso de combustibles fósiles y el desplazamiento de las energías renovables tampoco aporta a una mejoría para los consumidores.

“Una de las medidas que se ha sugerido es que abran las reservas nacionales de petróleo. Cada país tiene reservas, porque lo necesita para defensa nacional, para cualquier emergencia. Trump sugirió que los países importaran parte de esas reservas, pero nosotros vivimos de consumir petróleo, especialmente bajo esta Administración de Trump que no cree en energías renovables. Eso quiero decir que, por más que haya reservas, no las puedes usar todas, y buscar controlar el precio del petróleo abriendo el grifo de las reservas, solamente tiene un efecto temporal. Eso no tiene un efecto permanente”, anticipó.

El tema de seguridad nacional

El especialista consideró que el argumento de seguridad nacional para mantener las restricciones de la Ley Jones no se puede ignorar, máxime bajo una Administración que ha intervenido militarmente en varias naciones extranjeras y no descarta hacerlo en otras.

“En estos momentos, la seguridad nacional es la excusa o es el motivo para cualquier acción. Voy a intervenir con los inmigrantes es por seguridad nacional. Voy a intervenir a las compañías que producen chips de computadoras, es por seguridad nacional. El nombre seguridad nacional se ha vuelto la justificación para muchísimas acciones, algunas de cuestionable legalidad…Y ahora que estamos en este ambiente bélico todavía más”, mencionó.

La presencia de China en el organigrama también es un punto clave en la discusión.

“Si (EE.UU.) no tuviese una marina mercante, nosotros estaríamos a expensas de que países extranjeros nos trajeran los productos. El gran temor es que la marina Mmercante más grande y el productor de barcos mercantes más grande del mundo es China. Si China decidiese ponerle un boicot a EE.UU. y no vamos a usar ningún barco de China para transportar productos a EE.UU., eso incrementaría significativamente los costos de la transportación marítima. EE.UU. hoy día no está produciendo barcos de marina mercante y China tiene la flota más grande del mundo, así que están tratando de evitar, y eso sí es un issue de seguridad nacional que no tengamos opciones. Yo sugeriría construir más barcos para depender menos de los demás…El problema es que a EE.UU. un barco que a China le puede costar $1 millón a EE.UU. le cuesta $5, y eso es ineficiente, y alguien lo tiene que pagar y lo terminamos pagando los consumidores”, analizó.

Enmiendas a la Ley Jones

Otra razón que tampoco propicia que el Congreso actúe para al menos enmendar la ley es la falta de representación de Puerto Rico a nivel legislativo.

“Yo lo veo más que lejano, muy remoto (cambiar la ley). Primero, porque hemos visto que el Congreso realmente no tiene un interés particular en el desarrollo económico de Puerto Rico. Dos: ellos se van a enfocar más en el efecto que pueda tener sobre sus constituyentes que votan por ellos, que los eligen, que por una isla que no tiene voto presidencial ni representantes en el Congreso ni el Senado. Yo no anticipo ningún movimiento para eliminar o modificar la ley de cabotaje para Puerto Rico”, planteó.

Para que beneficie de alguna manera a Puerto Rico, mínimo se tendría que enmendar la ley para que las exenciones fueran automáticas en caso de emergencias naturales o de otra índole.

“Lo idóneo sería que no existiera, pero en ausencia de eso, vamos a reconocer que, en caso de emergencia…no lo encajonemos solamente en (desastre) natural, que haya un mecanismo expedito de suspender los efectos de la misma”, propuso.

A juicio del abogado, excluir a Puerto Rico de la ley de cabotaje es un asunto, no solo de justicia económica, sino de derechos humanos.

“En un momento dado, nosotros estábamos muy temerosos de que nos íbamos a quedar sin comida, sin combustible, sin artículos de primera necesidad. En Puerto Rico, hasta la seguridad alimentaria está en riesgo porque nosotros todo lo recibimos de afuera. ¿Qué sucede? En eventos de emergencia, aquí, en Puerto Rico, murieron miles de personas, y no estoy diciendo que la ley de cabotaje fue la causante, pero es que tú no quieres correrte el riesgo de que el desastre se haya extendido y entonces estemos esperando para que nos eximan. Es un problema de derechos humanos porque tú tienes un derecho a la vida. En la medida en que una ley que entorpezca la llegada de ayuda, pone en riesgo la vida y la seguridad a los ciudadanos y eso puede ser visto como un riesgo a los derechos humanos”, afirmó.

“El riesgo al puertorriqueño de que no le llegue comida, combustibles, medicamentos, equipo médico, es un riesgo bien alto y real”, puntualizó.

Mientras fue presidente del CAAPR, Quilichini reactivó la coalición conocida como “Junte de Voluntades”, con el fin de que se eximiera a Puerto Rico de la aplicación de la Ley Jones o que se derogara la misma.

La iniciativa reunió a partes interesadas como empresarios, navieros, abogados y hasta organizaciones de boricuas en EE.UU.

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