Registran más de 8,000 comentarios contra nueva regla del Departamento de Vivienda (HUD) para verificación de ciudadanía
Organizaciones alegan que la norma propuesta reduciría el número de hogares que reciben asistencia y obligaría a las autoridades a recortar servicios esenciales
Foto de archivo de una mujer desalojada de una vivienda en Westminster, Colorado. Crédito: David Zalubowski | AP
NUEVA YORK – Varias organizaciones en defensa de los migrantes, incluyendo LatinoJustice PRLDEF en Nueva York, emplazaron a la ciudadanía a oponerse a la nueva regla del Departamento de Vivienda federal (HUD) que busca asegurar que solo ciudadanos estadounidenses ocupen espacios de vivienda pública o subsidiada.
En un comunicado conjunto esta semana con motivo del cierre del periodo de comentarios públicos a la regla, la mencionada organización junto a Greater Boston Legal Services, The Legal Aid Society, Massachusetts Law Reform Institute, Massachusetts Union of Public Housing Tenants y National Housing Law Project plantearon que las nuevas guías ponen a decenas de miles de hogares en riesgo de perder sus viviendas.
“Al cerrarse el periodo de comentarios públicos sobre la norma propuesta por el HUD —dirigida a las familias de estatus migratorio mixto—, nos unimos a miles de defensores, inquilinos y miembros de la comunidad en todo el país en una oposición inequívoca”, iniciaron el mensaje enviado el miércoles.
A juicio de los activistas, la regla provocará decenas de desplazamientos y agravará la crisis de vivienda en EE.UU., particularmente, en los casos de familias con estatus migratorio mixto.
“Con más de 8,000 comentarios presentados, la abrumadora respuesta subraya cuán perjudicial y desatinada resulta esta propuesta. Esta obligaría a decenas de miles de familias a enfrentarse a una elección imposible: separarse de sus seres queridos o perder sus hogares; todo ello sin hacer nada para abordar la actual crisis de vivienda que atraviesa la nación”, alertaron.
Los suscribientes hacen referencia al análisis de la norma para señalar que el cambio se traduciría en una reducción en el número de hogares que reciben asistencia para vivienda.
“El propio análisis del HUD sobre la norma propuesta admite que reduciría el número de hogares que reciben asistencia y obligaría a las autoridades de vivienda a recortar servicios esenciales —tales como mantenimiento, seguridad, administración y programas para inquilinos—, afectando incluso a los hogares compuestos por ciudadanos estadounidenses”, plantearon.
“Esta propuesta no solo es legal y moralmente indefendible, sino que constituye un ataque directo a la estabilidad, la salud y la unidad de nuestras comunidades. La vivienda pública existe para proporcionar hogares seguros y asequibles a quienes más los necesitan, no para dividir a las familias ni para convertir a los inmigrantes en chivos expiatorios”, añadieron.
Lo que dice la regla propuesta
El documento del resumen de la regla propuesta y el Análisis del Impacto Regulatorio (RIA)empieza haciendo referencia a la Sección 214 de la “Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario” de 1980, para argumentar que la misma le prohíbe al secretario del HUD proveer asistencia financiera a personas que no son ciudadanos o nacionales de los EE. UU., o que no pertenezcan a ciertas categorías de no ciudadanos elegibles.
Según el documento, la nueva regulación exigiría que cada miembro de la familia que resida en la unidad sea ciudadano o nacional de los EE. UU., o posea un estatus migratorio elegible para poder optar por la asistencia.
“En el caso de las familias existentes que recibían asistencia en el marco de un programa cubierto por la Sección 214 al 19 de junio de 1995, estas podrían ser elegibles para recibir uno de los tipos de asistencia de preservación. Por ejemplo, las familias ‘mixtas’ —aquellas con uno o más miembros no elegibles— podrían ser elegibles para recibir asistencia prorrateada continua, mientras que las familias que no califiquen para la asistencia continua podrían ser elegibles para una prórroga temporal de la terminación de la asistencia”, indica el documento.
El texto especifica que, para todas las demás familias mixtas, la norma propone que una familia con al menos un miembro elegible —que posea ciudadanía o nacionalidad estadounidense— sea elegible para recibir asistencia prorrateada, sujeta a la verificación final de la elegibilidad de los demás miembros de la familia.
“Como resultado, la norma propuesta convertiría la asistencia prorrateada en una condición temporal, pendiente de la verificación del estatus de elegibilidad de los miembros de la familia; esto contrasta con la normativa actual, bajo la cual la asistencia prorrateada puede continuar de manera indefinida”, explica el análisis.
Bajo los nuevos procedimientos, se le exigirá a las personas presentar documentación que confirme que poseen ciudadanía o nacionalidad estadounidense. La evidencia puede constar en un certificado de nacimiento, un certificado de naturalización u otro documento que considere válido el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS).
“Actualmente, no se exige a las personas que declaran su ciudadanía o estatus de nacional que presenten documentación para probarlo; solo deben presentar una declaración firmada, y la entidad responsable tiene la facultad discrecional de solicitar documentación de respaldo, tal como se especifica en las directrices del HUD; por el contrario, las personas que declaran poseer un estatus migratorio elegible deben presentar pruebas —incluida documentación— con fines de verificación”, lee otra parte del análisis.
El escrito explica que las Agencias de Vivienda Pública (PHA) y los propietarios que reciben asistencia del HUD actualmente utilizan el sistema de Verificación Sistemática de Extranjeros para Beneficios (SAVE) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para inspeccionar a los inmigrantes elegibles.
“El HUD propone que las entidades responsables (por ejemplo, las PHA o los propietarios de proyectos [o viviendas]) utilicen el sistema SAVE y/o revisen, según sea necesario, los documentos probatorios presentados por los solicitantes y los inquilinos para verificar la ciudadanía”, señalan.
Otro ajuste contenido en la regla obligaría a las autoridades a verificar a todos los solicitantes de programas, independientemente, de su edad.
“Actualmente, los ciudadanos y los inmigrantes elegibles de 62 años o más están exentos de los requisitos de verificación. En el caso de los inquilinos actuales que no hayan presentado previamente pruebas de su ciudadanía o estatus migratorio elegible, se les requeriría hacerlo durante el primer reexamen regular de ingresos y composición del hogar (el cual suele realizarse anualmente) una vez que esta norma propuesta haya sido finalizada e implementada”, detalla la regla propuesta.
El HUD menciona como el efecto económico más significativo la redistribución de los subsidios de alquiler, “trasladándolos de las familias mixtas (que incluyen a algunos individuos no elegibles) hacia los hogares compuestos exclusivamente por miembros elegibles”.
“Junto con la transferencia de la asistencia para la vivienda, esta redistribución generará beneficios, así como también costos asociados a la implementación de dicha transferencia”, alega la agencia.
La Administración Trump, a través de HUD, afirma que la asistencia para la vivienda no constituye un derecho adquirido, ni siquiera para aquellos hogares que cumplen plenamente con los criterios de elegibilidad. “Las familias de ingresos muy bajos compiten con los inmigrantes indocumentados por empleos y viviendas similares”, alegan.
El periodo de comentarios públicos a la norma propuesta culminó el 21 de abril.
