Denuncian ante la ONU en NYC que proyecto Esencia en Cabo Rojo, Puerto Rico, es una “ciudad privada” para multimillonarios
El reclamo para la paralización del megaproyecto llegó este lunes hasta el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas
El logo de las Naciones Unidas (ONU) en el exterior del edificio de la organización en Nueva York. Crédito: Archivo | AP
NUEVA YORK – El megaproyecto Esencia que buscan desarrollar en las costas de Cabo Rojo, Puerto Rico, fue catalogado este lunes por activistas como “un asentamiento neocolonial” para multimillonarios ante el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas (ONU).
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La coalición Defiende a Cabo Rojo fue una de las más de 70 entidades que depuso ayer sobre la situación del territorio como parte de la edición 44 del encuentro anual.
Beatriz Llenín Figueroa denunció que el proyecto promovido por las firmas extranjeras Reuben Brothers y Three Rules Capital para el que el gobierno local habría otorgado más de $500 millones de dólares en exenciones y créditos contributivos es reflejo de un “patrón de despojo” en la isla.
“Una amplia coalición de individuos y organizaciones en el suroeste de Puerto Rico con aliados en el archipiélago y la diáspora hemos asumido el deber de defender y proteger nuestro pueblo, tierra, agua y patrimonio contra el actual patrón de despojo y destrucción disfrazado de inversión y desarrollo y facilitado por una economía racista, neocolonial y promultimillonarios”, expuso Llenín Figueroa.
Para la organización, Esencia es reflejo de la falta de soberanía de Puerto Rico.
“La ciudad privada Esencia, propuesta para construcción en Cabo Rojo, coarta aún más el derecho a la autodeterminación y la soberanía territorial de la que Puerto Rico carece en tanto colonia de Estados Unidos. Mercadeado con ecoimpostura, Esencia es un asentamiento neocolonial y enclave billonario promovido por las firmas foráneas Reuben Brothers y Three Rules Capital con la complicidad del gobierno colonial”, apuntó.
A juicio de la deponente, Esencia no beneficiaría la economía puertorriqueña y, en su lugar, llevaría a limitaciones de acceso público a las playas, extracción de agua en una zona en la que escasea, daños ambientales y arqueológicos, entre otros efectos nocivos.
“A nuestro pueblo, Esencia solo ofrecería un puñado de empleos para servir a la misma clase blanca ultrarrica responsable del 50% de las emisiones de carbono a nivel global”, afirmó.
Otro tema que destacó en el órgano de la Asamblea General fue el de la falta de soberanía alimentaria.
Katherine Martínez Medina, integrante del colectivo La Colmena Cimarrona en Vieques, planteó que, como resultado de décadas de políticas coloniales, Puerto Rico importa aproximadamente, el 85% de los alimentos que consume, principalmente desde EE.UU.
“Esta dependencia es resultado de políticas coloniales de muerte como las leyes de cabotaje que debilitan y encarecen nuestras capacidades productivas haciéndonos depender de un sistema alimentario que no controlamos”, expuso.
“Comparezco ante este comité para denunciar cómo la condición colonial de Puerto Rico continúa violando derechos humanos, entre ellos, el derecho a la alimentación, a la tierra, a la salud y a la autodeterminación de los pueblos”, indicó.
En esa isla municipio, ocupada por la Marina estadounidense por más de 60 años, el problema es más profundo por las tierras contaminadas debido a las maniobras militares.
“Décadas de ocupación y explotación por la Marina de Guerra de EE.UU. destruyeron gran parte de nuestra capacidad agrícola, pesquera y ganadera. Se fracturaron economías locales, formas de sustento y saberes que habían alimentado a generaciones enteras. Hoy intentamos reconstruir esa capacidad productiva en medio del abandono gubernamental, de la especulación sobre la tierra y procesos acelerados de desplazamiento y gentrificación”, continuó.
“A pesar de esto, seguimos sembrando, seguimos pescando, seguimos defendiendo nuestro derecho a permanecer en el territorio y alimentarnos de él. Sin embargo, lo hacemos sin respuestas claras sobre las condiciones de nuestro suelo y agua…”, cuestionó.
Martínez Medina resaltó que, aunque existen más de 2,000 cuerdas (unas 790 hectáreas ) identificadas para uso agrícola, no se cuenta con estudios sobre la presencia de contaminantes en los suelos. “Sin soberanía alimentaria no hay autodeterminación. Sin acceso a la tierra no hay soberanía alimentaria”, recalcó la deponente.
La Colmena Cimarrona reclamó la descontaminación completa de los terrenos, estudios científicos en los que participen los viequenses y la devolución de las tierras agrícolas a las comunidades.
Por parte del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) depuso el senador Adrián González Costa.
El político argumentó que, ante el escenario político actual en la región latinoamericana, hoy más que nunca es necesario abogar por la soberanía de los pueblos.
“En lo que parece ser un retroceso histórico, en cuanto al respeto de la soberanía de los pueblos, cobra especial importancia la aprobación de la Resolución de este Comité Especial reconociendo nuestro carácter de nación latinoamericana y caribeña, así como nuestro derecho a la libre determinación e independencia”, defendió.
El legislador añadió que, en el caso de Puerto Rico, esa es la realidad que se vive durante más de un siglo de dominio económico, social y político.
“Para nosotros no es una nueva amenaza, ha sido nuestro pasado y presente, y no puede ser nuestro futuro. Nuestras tierras han sido ocupadas para propósitos militares, poniendo en peligro la salud y vida de nuestros compatriotas, trauma colectivo que se revivió durante el último año”, agregó.
González Costa se refirió a los 10 años que lleva la Junta de Control Fiscal (FOMBPR) administrando las finanzas de isla sin que sus miembros hayan sido electos por los puertorriqueños.
“Como parte del recrudecimiento de las políticas coloniales, hace ya una década que una junta no electa por los puertorriqueños, sino impuesta por el Congreso estadounidense, ejerce un control selectivo sobre el uso de dinero público, imponiendo medidas de austeridad diseñadas para debilitar el acceso a la salud, el empleo público y la educación, en particular nuestro principal proyecto educativo que es la Universidad de Puerto Rico (UPR), mientras exhibe una sospechosa pasividad antes practicas fiscales nocivas que promueven la corrupción. Y recientemente ha quedado evidenciado cómo ese sistema colonial crea el ambiente propicio para la corrupción gubernamental. Estos son pocos de los muchos ejemplos”, señaló.
Según el deponente, la gestión del comité es “fundamental” para “encaminar verdaderos procesos de descolonización” en Puerto Rico, así como en las entidades gubernamentales de EE.UU.
Boricuas Unidos en la Diáspora (BUDPR) exigió al organismo de la ONU y a la comunidad internacional “acción inmediata” que lleve a la descolonización y a la soberanía del territorio.
“Los puertorriqueños somos un pueblo, y este organismo se creó para representar a los pueblos de todas las naciones. Por ello, solicitamos que presenten ante la Asamblea General la causa de la independencia de Puerto Rico”, pidió Damara González, miembro de la junta directiva de BUDPR y trabajadora social radicada en Nueva York.
La abogada, experta en derechos humanos, Lia Fiol Matta cuestionó por qué la Asamblea General nunca ha considerado las resoluciones sobre Puerto Rico.
En un mensaje, en representación de la coalición Power 4 Puerto Rico, sostuvo que el trato de EE.UU. hacia Puerto Rico siempre se ha caracterizado por la “imposición, la dominación y el control”.
“Todo ello derivado de una invasión militar y de la subordinación al imperio; un trato marcado por el uso y el abuso, por ejemplo, para combatir en guerras estadounidenses, servir de conejillos de indias en experimentos médicos y actuar como enclave militar para las acciones bélicas de EE. UU. Esta conducta contraviene los principios de soberanía y democracia sobre los que se fundó la ONU”, prosiguió la jurista hermana de la exjueza del Tribunal Supremo de P.R., Liana.
“Como la colonia más antigua del mundo, Puerto Rico está cansado de ser ignorado. Tras más de 50 años esperando a que nuestra situación sea abordada en la Asamblea General, ha llegado el momento de actuar. Anhelamos que nuestro país se libere del dominio colonial, no mediante la anexión al imperio que nos asfixia, sino trazando nuestro propio camino en el mundo”, emplazó.
En el 1953, la Asamblea General de la ONU dejó de requerir informes anuales a EE.UU. sobre Puerto Rico tras aprobar la Resolución 748.
El argumento detrás de la acción fue que, con la creación del Estado Libre Asociado (ELA) un año antes, el archipiélago había alcanzado cierto grado de autogobierno.
Cuba fue el país que lideró el llamado para que la ONU reconozca el “derecho inalienable del pueblo de Puerto Rico a la libre determinación y la independencia”.
El representante permanente de Cuba ante la ONU, Ernesto Soberón Guzmán, denunció la persistencia del régimen colonial impuesto por EE.UU.
Soberón Guzmán indicó que el actual estatus político de la isla continúa privando a los boricuas de decidir sobre su futuro y enfrentar los desafíos económicos y sociales. El líder cubano añadió que la imposición de la Junta “ha profundizado la subordinación colonial y agravado las dificultades económicas y sociales que enfrenta el pueblo puertorriqueño”.
El embajador adujo que el ELA es una fórmula que encubre la relación colonial entre EE.UU. y Puerto Rico.
Para el representante el hecho de que la isla permanezca sujeto a los poderes plenarios del Congreso en “asuntos esenciales” confirma la ausencia de soberanía propia y la situación colonial que es incompatible con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General.
Soberón Guzmán consideró que el gobierno de EE.UU. continúa ignorando a la comunidad internacional sobre el caso de Puerto Rico y obstaculizando los esfuerzos encaminados a descolonizar, según destacó un comunicado de la Misión Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas.
EE.UU. no participa en la jornada del Comité de Descolonización de la ONU, entre otras cosas, porque considera que el estatus político no está sujeto a la jurisdicción de esa entidad y a raíz de la resolución del 1953 bajo la que Puerto Rico fue removido de la lista de territorios no autónomos.
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