¿Cuál es la relevancia de la decisión de la Corte Suprema sobre la Cuarta Enmienda y los datos personales?

La Corte Suprema emitió un fallo que fortalece la Cuarta Enmienda respecto a la protección de la privacidad bajo la Constitución de los Estados Unidos. 

La decisión respondió al caso de Chatrie v. los EE.UU., en el cual el demandante, Okello Chatrie, argumentó que sus derechos de la Cuarta Enmienda fueron violados. Esto después del uso de una orden de Geovalla emitida por las autoridades de Midlothian, Virginia, a Google para obtener sus datos privados. 

En un voto de 6-3, la Corte Suprema dictaminó que obtener datos sobre individuos por medio de tecnología de terceros constituye un registro forzoso a los efectos de la Cuarta Enmienda.

Esto significa que los agentes tendrían que obtener órdenes judiciales antes de realizar una inspección, lo cual representa un cambio histórico en cómo se aplica la Cuarta Enmienda en una era digital.

En la opinión escrita por la magistrada Elena Kargan, avalada por la mayoría, se sostiene que cada individuo tiene derecho fundamental a mantener su vida personal privada.  

“Los oficiales llevaron a cabo un registro de la Cuarta Enmienda al adquirir los datos de localización de Chatrie por medio de Google, ya que cada individuo tiene una expectativa razonable respecto a la información de ubicación de su teléfono móvil”, dice parte de la opinión. 

El caso de Chatrie

El 19 de mayo de 2019, un banco en Midlothian, Virginia, fue robado. Tras revisar las cámaras de seguridad, el sospechoso, Okello, fue visto en medio de una llamada mientras se acercaba al banco. En intentos para identificar al sospechoso, el Departamento de Policía de Midlothian decidió solicitar una orden de Geovalla a Google, es decir el permiso para que las autoridades policiales soliciten a empresas tecnológicas datos de ubicación en un área y un tiempo determinados. 

Los oficiales obtuvieron datos de ubicación en forma anónima de cada dispositivo dentro de un radio de 150 metros del banco. Tras recibir esta información inicial, que abarcaba una ventana de una hora, la policía redujo la lista de dispositivos sospechosos y solicitó un segundo conjunto de datos que mostraba los movimientos de esos usuarios durante un periodo de dos horas. Finalmente, se identificó a los sospechosos más relevantes y Google les proporcionó sus nombres e información.

Esta información les ayudó a identificar a Chatrie, ya que los datos revelaron que había ingresado al área de la Geovalla aproximadamente diez minutos antes del robo y luego se dirigió rápidamente al vecindario cercano. 

Como resultado de investigaciones policiales adicionales, Chatrie fue acusado formalmente de cargos de robo y de delitos relacionados con armas de fuego.

En respuesta, Chatrie presentó una moción para suprimir la información que la policía había obtenido de Google. Su argumento es que los oficiales obtuvieron la información mediante un registro que violaba la Cuarta Enmienda, sosteniendo que la orden de Geovella era inválida. 

Las implicaciones del caso

Los gigantes tecnológicos ya no solo proporcionan servicios digitales para usuarios corrientes, sino que, como la Corte Suprema observó en la opinión, se han vuelto “características importantes de la autonomía humana.”

De acuerdo con Pew Research Center, nueve de cada diez estadounidenses tienen un celular. En nuestra sociedad moderna, tener uno se ha vuelto indispensable en las vidas cotidianas.  

Notablemente, Silicon Valley —el epicentro de innovación global, guiada por líderes de las industrias como Alphabet Inc. (Google) y Meta— ha creado un ecosistema en donde nuestros aparatos viajan por todas partes con nosotros. Nos ofrecen acceso rápido a información y asistencias proactivas. Sin embargo, la indispensabilidad también ha creado nuevas fronteras, particularmente en lo que respecta a datos de terceros y la vigilancia gubernamental.

Al usar nuestros teléfonos o aplicaciones, comúnmente compartimos detalles personales con compañías tecnológicas. Por ejemplo, en aplicaciones de GPS, de viaje compartido y aplicaciones de clima, todas las cuales dependen de utilizar nuestras ubicaciones. 

Esto fue incorporado en una doctrina conocida como “la doctrina de terceros datos (Third-Party Doctrine)”, la cual dice que bajo la ley federal los individuos pierden sus protecciones bajo la Cuarta Enmienda si comparten voluntariamente información con terceros servicios. En el caso de Chatrie, el gobierno argumentó que el demandante perdió sus protecciones al compartir información voluntariamente con Google.

En respuesta a este argumento, la Corte Suprema subrayó que las protecciones constitucionales deben ser aplicables independientemente de si un individuo es culpable o de cuál ha sido su crimen.

La magistrada Kagan expuso que el estatus de Chatrie como sospechoso criminal no debe disminuir sus derechos a la Cuarta Enmienda.  

“Un registro no se legaliza por lo que en él se descubra. En el derecho, un registro es legítimo o ilícito desde el momento en que comienza”, indica la opinión. “La Cuarta Enmienda ha sido diseñada para proteger a cada individuo de invasiones arbitrarias y una vigilancia política demasiado intrusiva, independientemente de si es por un tiempo breve. Incluso el monitoreo a corto plazo’ puede proporcionar ‘una gran riqueza de detalles sobre las asociaciones familiares, políticas, profesionales, religiosas y sexuales’ [de una persona]”.

¿Y qué dicen los expertos?

El Harvard Law Review escribió en un artículo en 2025 explicando que existe una desconexión entre la doctrina jurídica actual y la tecnología moderna. 

“Lo que se discute menos es que esta disparidad es la consecuencia inevitable de que la doctrina existente de la Cuarta Enmienda no se ajusta bien a la gran tecnología en general, y a la tecnología privada de vigilancia masiva en particular.”

El Harvard Law Review sostiene que debido a que los celulares son comunes, las autoridades pueden argumentar que tienen una razón justificada para utilizar datos de ubicación personales, aunque exponen a cientos de personas. También destacan que algunos argumentan por la prohibición de órdenes de Geovalla; sin embargo, puede ser contraproducente ya que dejará a la policía sin reglas claras que seguir. 

Con respecto al futuro, este caso eleva serias inquietudes sobre la privacidad y las libertades civiles que dependen en última hora de la aprobación del gobierno y, sobre todo, de las empresas tecnológicas. 

Lo que significa para el público: el fallo no significa la prohibición de órdenes de Geovalla, sino la protección de datos sobre nuestra utilización de aplicaciones y el historial de ubicación bajo la cobertura de la enmienda. Un paso significativo para la protección de la privacidad constitucional.