La “Junta” en P.R. frena implementación de medida de la gobernadora para eximir del pago de $300 a clientes con placas solares

NUEVA YORK – Mediante una carta, el director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico (FOMBPR), Robert Mujica, notificó al gobierno de Jenniffer González que dejaría sin efecto la implementación de la medida legislativa que firmó la mandataria para eximir del cargo de $300 a clientes con sistemas de placas solares de menos de 25 kilovatios (kW).

A principios de enero pasado, González firmó la Resolución Conjunta 5-2026 para “ordenar a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y/o el operador de la red eléctrica LUMA Energy/ LLC. (LUMA) cesar el cobro de todo cargo por concepto de Estudio Suplementario y por mejoras a la red que hubiese sido requerido para sistemas de hasta 25 kilovatios para el Reglamento Numero 8915″.

Dicho reglamento estableció las pautas para interconectar generadores con el sistema de distribución de la AEE y participar en el programa de Medición Neta.

La medición neta le permite a los propietarios de sistemas de energía renovable, como placas solares, enviar el exceso de electricidad que producen a la red eléctrica a cambio de créditos en su factura de luz.

Básicamente, esos créditos se descuentan de la factura.

A juicio de la Administración, los cargos establecidos mediante el reglamento que entró en vigor el 6 de febrero de 2017 son “contrarios al espíritu y letra de la política pública declarada en la Ley 17-2019, mejor conocida como la Ley de Política Pública Energética de Puerto”. Dicha ley estableció como requisito que Puerto Rico alcance un 100% de energía renovable para el año 2050.

Mediante la firma de otra legislación, la gobernadora dejó sin efecto las metas intermedias de transición que establecían la Ley 17.

En la misiva con fecha del 30 de julio que Mujica envió al director ejecutivo de AAFAF, Francisco Domenech, planteó que el cargo aplicable antes de la firma de la resolución garantizaba el pago de $300 para costear el estudio sobre interconexión.

“Antes de la promulgación de la RC 5, el Reglamento 8915 del NEPR (Negociado de Energía de Puerto Rico) exigía a los propietarios de sistemas fotovoltaicos de nueva conexión pagar un estudio único (el “Estudio Suplementario”), realizado por la AEE para evaluar el impacto de conectar el nuevo sistema a la red eléctrica general. El costo de este estudio era habitualmente de $300. La RC 5 elimina la tarifa de $300 incluida en el Reglamento 8915 del NEPR para sistemas de menos de 25 kilovatios y ordena al NEPR reanudar sus procesos administrativos para estudiar y preparar un borrador de reglamento sobre interconexión”, lee parte del texto que reseñaron medios como Metro Puerto Rico.

Como resultado de la resolución, la Autoridad debe preparar el borrador de un nuevo reglamento de interconexión en un plazo de 180 días y finalizar el proceso en un periodo de 365 días. Tras múltiples prórrogas, la AAFAF le presentó a la Junta el alcance de la medida en relación con la ley PROMESA (Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico) el 1 de junio.

Según Mujica, están evualando si dicha presentación cumple con los requisitos de la ley federal bajo la que la Junta administra las finanzas del territorio y encabeza los procesos de reestructuración de deuda pública.

“Le recordamos que la resolución no debe implementarse hasta que se haya completado el proceso establecido en la sección 204(a) de PROMESA. La Junta de Supervisión está revisando actualmente la presentación para determinar si cumple con PROMESA. Como parte de su revisión inicial, la Junta de Supervisión identificó ciertos asuntos que requieren aclaración antes de poder evaluar si la presentación cumple con la sección 204(a) de PROMESA”, expuso en el escrito

Mujica le pidió a las autoridades gubernamentales contestar a una serie de interrogantes como si la resolución, en efecto, se está implementando, si se está cobrando la tarifa de $300 y si ha comenzado el plazo de 180 días para que el NEPR desarrolle el nuevo reglamento.

En caso de que no se esté implementando, el miembro de la Junta pidió especificar el proceso que se está siguiendo para las solicitudes de interconexión de sistemas de 25 kW o menos mientras se desarrolla el nuevo reglamento, y si seguirá aplicándose el Reglamento 8915, total o parcialmente, durante el periodo interino, mientras se desarrolla uno nuevo.

Si la resolución se está implementando actualmente, Mujica indicó que la presentación no aborda la pérdida de ingresos resultante. En esa coyuntura, preguntó si los Estudios Suplementarios siguen siendo necesarios por “razones de seguridad, fiabilidad, capacidad del alimentador, voltaje, flujo de potencia inversa o sistemas de protección” y, de ser así, “cómo se abordarán los costos, incluyendo si serán absorbidos por la AEE o LUMA, recuperados de todos los abonados (es decir, trasladando los costos de los solicitantes de generación distribuida a la base general de clientes), recuperados mediante un cargo de interconexión nuevo o revisado, o financiados mediante otro mecanismo”.

El director ejecutivo de la Junta también le requirió al Gobierno proporcionar datos sobre el impacto financiero estimado de eliminar la tarifa de $300, “incluyendo el número de clientes afectados, el monto facturado o recaudado anteriormente, el monto que se espera reembolsar o cancelar (si lo hubiera) y el costo anual proyectado a futuro”.

Mujica además requirió datos sobre cómo afectaría al presupuesto de la AEE la eliminación de la tarifa de $300.

“Por favor, envíe las respuestas a las solicitudes de información mencionadas antes del 14 de agosto de 2026. Asimismo, confirme para esa fecha que, si la JR 5 aún no se ha implementado, no se implementará a menos que —y hasta que— la Junta de Supervisión acuerde que cumple con PROMESA”, concluyó el exdirector de la División de Presupuesto del Estado de Nueva York bajo la gobernatura de Andrew Cuomo.

LUMA Energy, compañía privada encargado de los activos de distribución y transmisión de energía en la isla, ha insistido en el cargo bajo la premisa de que deben cumplir con el reglamento de NEPR y que el dinero es necesario para los Estudios Suplementarios.

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