La reforma migratoria debe incluir reformas a las política de droga
El mes pasado se reportó que, anticipando el triunfo de los Demócratas en la elección presidencial en noviembre, miembros del Senado se reunieron para proponer reformas migratorias a principio de 2017. En su discurso en la convención Democrática, Hillary Clinton prometió “construir un camino hacia la ciudadanía para millones de inmigrantes que ya contribuyen a la economía”. Sin embargo, a centralizar la reforma migratoria entre las prioridades de una nueva administración, es importante que las nuevas aproximaciones mejoren las propuestas anteriores e incluyan componentes de reforma a la política sobre drogas.
Los activistas que abogan por la reforma migratoria, y los que lo pugnan por la reforma a las políticas de drogas, tradicionalmente han trabajado en silos. Prominentes activistas por la reforma migratoria no han querido tocar el tema de la política de drogas por miedo a poner en riesgo sus oportunidades de éxito. El mantra de “criminales, no familias” para describir las deportaciones de la administración Obama es un ejemplo particularmente cruel de la retórica que domina el debate en el capitolio.
La guerra contra las drogas es también una guerra contra inmigrantes. De acuerdo con el Proyecto de Defensa al Inmigrante (Immigrant Defense Project) uno de cada cuatro deportaciones causadas por un crimen –es decir, más de 250,000 deportaciones– involucraban a personas cuyo delito más serio era una condena por delitos relacionados con las drogas. El año pasado, Human Rights Watch presentó un reporte sobre las deportaciones, notando que “miles de familias en los Estados Unidos han sido destrozadas en años recientes por la detención y la deportación causadas por delitos relacionados con drogas”
Los cambios positivos que recientemente mejoraron la política de drogas tienen que también impactar la reforma migratoria. La marihuana es legal en cuatro estados y en la capital de la nación, y potencialmente podrá ser legal en cinco estados más antes del fin del año. Tanto demócratas como republicanos han notado la necesidad de reducir las condenas tan duras que existen para los delitos relacionados con drogas, y de tratar el uso de drogas como un asunto de salud pública. No tiene sentido deportar a miles de personas debido a delitos relacionados con drogas, máxime cuando algunas de las ofensas más serias se trataron de posesión de marihuana. La reforma migratoria que se aprobó en 2014 en el Senado hubiese aumentado las condenas por delitos de drogas. Es claro que esta propuesta no puede simplemente ser desempolvada y presentado como tal. Nuevas leyes deben tomar en cuenta las nuevas realidades.
Raúl Valdez se mudó a un suburbio de Chicago con su familia cuando tenía sólo un año de edad. A pesar de ser un residente legal, Raúl fue deportado en 2014 por un delito relacionado con drogas por y fue encarcelado en 2003. Su delito fue la posesión de marihuana con intento de entrega, lo que constituyó tráfico de drogas y por lo tanto un delito grave. A pesar de haber permanecido en la cárcel sesenta días, fue deportado a México.
El esfuerzo por avanzar en este tema en el Congreso, según las nuevas realidades, ya empezó. Raúl Grijalva (D-AZ) presentó el “Acta para la protección de visas de veteranos” (“Veteran Visa and Protection Act”) que establece un programa de visas para que ciertos veteranos deportados puedan regresar a los Estados Unidos como residentes permanentes legales, y detener la deportación de veteranos elegibles que están bajo un proceso de deportación. Este avance es bienvenido, y estas iniciativas deben formar parte de cualquier discusión de reformas migratorias en el futuro. Ciertamente, esta propuesta debería ser expandida para incluir a todos, no solamente a quienes han servido en el ejército.
El hecho de que muchas personas llegan a los Estados Unidos para escapar la terrible guerra contra las drogas que existe en sus países ilustra cuán entrelazadas están las políticas migratorias y las políticas de drogas. Los activistas, sean del campo de reformar la política de drogas como del campo de reformas migratorias, deben trabajar conjuntamente para proteger los derechos de todos.
–Juan Cartagena es Presidente de LatinoJustice PRLDEF. Michael Collins es Director adjunto de relaciones nacionales de la Drug Policy Alliance.
