La caravana y los “criminales”

La creciente caravana de migrantes que se dirigen a la Ciudad de México y después a la frontera con los Estados Unidos, retrata el desafío abierto de los inmigrantes que no tienen nada más que perder que sus vidas. Al menos 7.000 personas quienes marchan en contra de las políticas de inmigración transnacionales de facto que han llevado por décadas violencia, desplazamiento, crimen organizado y sentencias de muerte. Pero la marcha también está destacando la tenue relación entre los Estados Unidos y México que solo promete ser más tensa bajo la administración entrante de Andrés Manuel López Obrador. La relación fronteriza generalmente ha sido definida por la complicidad de México con la máquina de deportación de los Estados Unidos, que solo ha contribuido a su reputación de violencia de estado dirigida a los migrantes. El peregrinaje anual de la caravana es tanto una afirmación del derecho humano a migrar como una reprimenda de la respuesta militarizada de México a la crisis humanitaria al sur de su frontera.

La militarización de la frontera sur es el resultado de la exportación de la política de inmigración de los Estados Unidos desde la frontera norte de México hacia el sur, financiada por los Estados Unidos y explotada por el gobierno y los pactos del crimen organizado. Si bien el plan de Trump de construir un muro a lo largo de la frontera norte de México ha sido recibido con incredulidad y ataques por ser antiinmigrante, ha habido poca o ninguna atención a las barreras reales impuestas por toda la frontera sur financiada por los Estados Unidos. México ha aceptado cientos de millones de dólares de los EE.UU. para hacer cumplir el Plan Frontera Sur, un plan de interceptar y deportar sumariamente a los migrantes que huyen de la violencia de Guatemala, Honduras y El Salvador (conocido como el “triángulo norte”), para no ingresar a México y continuar a los Estados Unidos. Como presencié junto a colegas del Gremio Nacional de Abogados durante una delegación a Tenosique, México en 2016, la operación en la práctica ha significado la conspiración totalmente inhumana entre todos los niveles de fuerzas policiacas y federales mexicanas (inclusive la policía local, funcionarios de inmigración y la patrulla fronteriza) con varias entidades del crimen organizado para maltratar, torturar, violar, traficar y desaparecer a los migrantes que intentan llegar a refugios como el Hogar Refugio de La 72.

Si bien parece que México está permitiendo que la caravana pase, de hecho, prefiere dejar ir a los miles de migrantes y que busquen asilo en otros lugares. Y, sin embargo, también es una obligación de México en virtud de la prohibición internacional contra la devolución de refugiados a procesar reclamos creíbles de persecución política por asilo en lugar de hacerle el trabajo sucio de los Estados Unidos en enviar a miles de inmigrantes a jurisdicciones donde corren un riesgo evidente de persecución y muerte. ¿Por qué no es la violencia del estado de la que huyen que se discute en lugar de la narrativa ficticia de que son “criminales” que se utiliza para referirse a su acto netamente no violento? Porque la criminalización de los inmigrantes es una narrativa venenosa que ha sido utilizada por las administraciones de Trump y Peña-Nieto para desarrollar políticas que atacan, aterrorizan, abusan y desaparecen a los inmigrantes que llegan a sus fronteras en busca de justicia por los afrontes y ataques históricos de ambos países. La verdadera actividad criminal que los migrantes huyen y enfrentan en la larga marcha hacia la libertad, donde sea que les quede, está plagada de violencia patrocinada por el estado. Están sujetos a ser secuestrados, robados, violados o incluso asesinados por sus órganos. Sin embargo, al llamarlos criminales, no solo se criminaliza su acto de caminar, un acto que Jesús mismo y otros han caminado antes como refugiados, sino también su presencia. Es esa presencia “criminal” la que sigue usando el Fiscal General y director del Departamento de Justicia, Jeff Sessions. Ya no estamos realmente preocupados por aquellos que han sido condenados por delitos: ahora solo es suficiente haber cruzado una frontera, mientras que su petición de presentar una solicitud de asilo fue denegada para entonces ser catalogada como criminal y deportado.

Y para que no olvidemos, la violencia y la pobreza en los países del triángulo norte del que huyen miles de “delincuentes” es el resultado directo de la intervención de los Estados Unidos en la región. Los Estados Unidos ayudaron a desestabilizar las naciones de la región de que ahora huyen los migrantes mediante su rol en organizar golpes de estado, fomentar regímenes militares y desmantelar los gobiernos progresistas que fueron elegidos democráticamente. Incluso Mike Pompeo, ex-director de la CIA y actual Secretario del Departamento del Estado, lo admitió tan recientemente como el año pasado. Desestabilizamos las naciones y sus instituciones, fomentamos las guerras civiles y la violencia que continúa hasta hoy, impusimos la “guerra contra las drogas” que significaba armar a los militares para que atacaran a los campesinos e indígenas, desplazando a comunidades enteras y promoviendo los intereses económicos de las multinacionales estadounidenses. Y ahora, como parte de las políticas de un gobierno para erradicar los “no deseados” de una sociedad que está intentando afirmar su blancura y masculinidad, queremos castigarlos aún más cuando se ven obligados a huir de lo que ayudamos a crear, viajando miles de kilómetros a pie para llegar a nuestra frontera buscando no caridad, sino justicia. No solo tenemos la obligación en virtud del derecho internacional de recibir y procesar reclamos legítimos de asilo, sino que también tenemos la obligación moral de remediar décadas de destrucción de sus naciones.

Y esa obligación sólo comienza en la frontera; la justicia real y las reparaciones requerirían una mirada crítica a la política exterior de los Estados Unidos que no ha cambiado mucho desde la Doctrina Monroe. Los migrantes no deben ser obligados a migrar.  Aunque la migración es un derecho humano, la opción de permanecer en su tierra también lo es. La violencia económica y política ejercida contra millones de personas en la región ha sido financiada, organizada e implementada durante mucho tiempo con la asistencia de los Estados Unidos. Es hora de que los países comiencen a escuchar el discurso nacionalista de Trump y llamarlo por su nombre: un llamado honesto a los intereses paternalistas de los Estados Unidos, a toda costa. Ya es hora de que dejen de ser cómplices.

-Natasha Lycia Ora Bannan es consejera asociada de LatinoJustice