Juez federal bloquea nueva norma de Trump que buscaba obstaculizar más el aborto en EEUU
Juez de Washington determina que la norma probablemente viola el propósito central de la ley que busca hacer igualitario el acceso a la planificación familiar
La ley mordaza afecta los fondos federales de Titulo X. Crédito: Archivo | Mark Wilson / Getty Images
Un juez federal en el estado de Washington ha bloqueado este jueves la nueva ley de la administración del presidente Donald Trump que ordenaba revisar el programa de planificación familiar y eliminar los fondos públicos a los proveedores de salud que ofrecen abortos o que derivan a las pacientes a otros especialistas para realizar el procedimiento.
El juez federal Stanley Bastian se inclinó a favor de la solicitud hecha por el fiscal del estado de Washington, Bob Ferguson, quien se refirió a la ley como “una nociva norma que habría afectado gravemente el acceso a mujeres a servicios de atención médica”.
“El fallo de hoy asegura que las clínicas en toda la nación puedan seguir abiertas y seguir proporcionando atención de calidad, imparcial, para la salud de las mujeres”, añade Ferguson en un comunicado.
La norma, prevista que entrara en vigor el próximo 3 de mayo, establecía que los centros de planificación deben tener una “clara separación física y financiera” entre los servicios de salud subvencionados por el Gobierno y los que ofrecen para abortos, financiados de forma independiente.
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La norma iba a afectar directamente a Planned Parenthood, el mayor grupo de planificación familiar de EEUU, una organización sin ánimo de lucro, que ofrece asesoramiento sobre anticonceptivos, tratamiento para enfermedades de transmisión sexual, pruebas para la detección del cáncer y practica abortos.
El juez dio a conocer una opinión por escrito. “Los demandantes han demostrado que la Norma Final probablemente viola el propósito central del Título X, que es hacer igualitario el acceso a la planificación familiar amplia, fundamentada en evidencia y voluntaria”, escribió Bastian.
La norma iba a afectar al fondo federal conocido como “Título X”, que actualmente cuenta con un presupuesto anual de 260 millones de dólares al año y da servicios a cuatro millones de pacientes en 4,000 clínicas de todo Estados Unidos.
¿QUÉ ES EL TITULO X?
El Título X es una ley de 1970 diseñada para mejorar el acceso a los servicios de planificación familiar, en especial para las mujeres de bajos ingresos y las que viven en áreas rurales, pero los opositores al aborto y los conservadores religiosos dicen que ha sido utilizada desde hace tiempo para subsidiar indirectamente a los que realizan estos procedimientos.
El aborto es un procedimiento médico legal, pero las leyes federales prohíben el uso del Título X u otros fondos de los contribuyentes para pagar abortos, excepto en casos de violación, incesto o para salvar la vida de la mujer.
Las clínicas que reciben dinero bajo el Título X proporcionan una amplia gama de servicios, incluyendo control de la natalidad y exámenes para detectar la diabetes, enfermedades de transmisión sexual y cáncer. El programa proporciona servicios a cuatro millones de pacientes, de los cuales aproximadamente 1.6 millones obtienen servicios a través de la organización Planned Parenthood, especializada en servicios de salud reproductiva.
La nueva norma, además de prohibir que las clínicas financiadas con dinero de los contribuyentes recomienden opciones a las pacientes para realizarse un aborto, iba a prohibir a las clínicas que reciben dinero federal compartir espacio de oficinas con los que efectúan abortos. Los críticos apuntaban que esto obligaría a muchos a encontrar un nuevo sitio para trabajar, efectuar remodelaciones caras o cerrar.
“Ahora sabemos que todo el mundo puede seguir proporcionando sus servicios de salud como lo han estado haciendo durante los últimos 50 años”, ha dicho Clare Coleman, presidenta de la Asociación Nacional de Planificación Familiar y Salud Reproductiva.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos declinó hacer comentarios, citando una política de no declarar en torno a litigios.
La nueva norma permitía al personal de las clínicas hablar sobre el aborto con los clientes, pero ya no estarían obligados a hacerlo. Si los pacientes solicitaban una recomendación sobre un especialista para que les realice un aborto, el personal tendría que proporcionar una lista de proveedores de atención médica básica, sin ningún indicio sobre quiénes realizan abortos.
La lista tendría que incluir a proveedores que no ofrecen abortos, y no podría contener clínicas u organizaciones que no son proveedoras de atención médica básica, tales como Planned Parenthood.
El fallo ha sido emitido dos días después de que un juez federal en Oregon, en una audiencia por una impugnación aparte presentada por 20 estados, dijo que pretendía bloquear las normas, al menos parcialmente. Dijo que la nueva política gubernamental estaba motivada por “una suposición arrogante de que el gobierno está mejor equipado para dirigir los cuidados de salud de las mujeres que los que los proveen”.
Los contrarios a la norma, considerada un gesto de Trump hacia su base electoral más conservadora, la calificaban como una “norma de mordaza”.
“Washington está ahora 21-0 contra la administración de Trump”, dijo Ferguson, que no ha perdido ninguno de los 21 casos presentados desde el estado de Washington contra la Administración federal.
(Editado por Alba Moraleda con información de EFE y AP)
