AMLO quiere que la fortuna de “El Chapo” vaya a indígenas, pero hay un problema…

La mayoría de los miembros de las comunidades indígenas organizadas en el Congreso Nacional Indígena en México rechazan la posibilidad que la fortuna del convicto narco Joaquín “El Chapo” Guzmán, valuada en casi $13,000 millones de dólares, pase a manos de la población que representan.

No se trata de la opinión de unos cuantos. El rechazo consta en un acuerdo resultado de un encuentro en el Istmo de Tehuantepec, al sur del país, la semana pasada entre el 6 y el 9 de septiembre.

Sin embargo no todos están en contra de la iniciativa.

Fabiola Poblano, representante del Consejo Autónomo de los Pueblos Originarios, dijo a Sputnik que su organización se “califica como sujeto de derecho público, con personalidad jurídica para ser beneficiaria de dicha donación”.

La portavoz agregó que los recursos podrían servir para “consolidar la autonomía de los pueblos indígenas”. Ese fue el planteamiento que mediante una carta pública al presidente Andrés Manuel López Obrador, que circula en medios desde estse semana, en la que además truenan contra las políticas del presidente para estas comunidades.

“Denunciamos la voracidad de los que se sienten dueños y mandones en nuestros territorios, aquellos que manejan los grandes capitales, usando como facilitadores a los gobiernos municipales y estatales de todos los partidos y que desde el gobierno federal simulan consultas y entran con sus tentáculos en nuestras comunidades engañando a algunas autoridades comunitarias, tratando de imponer la privatización de la tierra y del agua, ofreciéndonos la idea de un falso “desarrollo”, que en los hechos pretende destruir la fuerza de nuestras Asambleas, de nuestra organización comunitaria y desarticular nuestras resistencias”, lee parte del texto.

“Criminalizan la lucha de nuestras organizaciones legitimando e incluso legalizando la represión con la “ley Garrote” en Tabasco y el despliegue de la Guardia Nacional en todo el sur del país. Al mismo tiempo, incrementa la violencia estructural hacia las comunidades campesinas, indígenas y afromexicanas, los trabajadores, las mujeres, los jóvenes, los migrantes y todas las personas que el sistema considera ‘desechables'”, plantean los suscribientes.

AMLO apoya la propuesta por entender que beneficiaría a los pueblos originarios del país.

Sin embargo, otro inconveniente judicial podría paralizar los procesos.

De acuerdo con medios mexicanos como Río Doce, el juez Jesús Alberto Chávez Hernández falló en contra de los abogados de “El Chapo”, Luis González Mesa y Juan Pablo Badillo Soto, por que los abogados que manifestaron la “voluntad” del Chapo “carecen de legitimación” para representarlo.

En 2016,  el Chapo le envió un escrito al juez en el que solicitó tener por no interpuesta la demanda de amparo que promovieron Badillo Soto y González Meza, contra la orden de extradición dictada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

De acuerdo con los argumentos udiciales, los abogados carecen de legitimación para reclamar por esta vía la extradición, ya que el hoy convicto capo les revocó la facultad para conocer cualquier acto derivado de estos procedimientos.