¿Qué impacto tiene en inmigrantes el proceso en cortes de “carga pública”?

Activistas presionan para cancelar la medida de USCIS

Convertirse en ciudadano sería un 83% más caro.

Convertirse en ciudadano sería un 83% más caro. Crédito: Scott Olson/Getty Images

Aunque en diciembre el gobierno del presidente Donald Trump tuvo un triunfo en el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito por la llamada regla de “carga pública”, la cual castigaría a inmigrantes que utilizaron ayudas sociales –como Medicaid o cupones de alimentos– al momento de aplicar por una visa o el cambio de estatus, esta regla no se aplica todavía en procesos migratorios.

Lo anterior se debe a fallos a nivel nacional en dos tribunales federales separados, además del que el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito sigue revisando las demandas interpuestas por activistas y gobiernos como el de Nueva York.

Abogados de grupos comunitarios de Nueva York urgieron este martes a la Corte de Apelación del Segundo Circuito a rechazar la medida del Gobierno de Estados Unidos que permite denegar visados o permisos de residencia a migrantes por ser una supuesta “carga pública” y beneficiarse de programas sociales.

En octubre, un juez federal bloqueó temporalmente la medida que, entre otras cuestiones, permitía negarles tarjetas de residencia legal a muchos migrantes que utilizan Medicaid, el seguro de salud del Gobierno de Estados Unidos para personas con dificultades económicas, así como cupones para alimentos y otras formas de asistencia pública.

Los grupos, en representación de las diversas comunidades raciales de Nueva York, dijeron que esta norma supondría una transformación del actual procedimiento e impondría un sesgo racista y clasista sobre las personas que aspiran a un cambio en su estatus migratorio.

“Rechazamos profundamente los intentos desvergonzados de imponer requisitos basados en la raza y la riqueza en nuestro sistema migratorio”, señaló en un comunicado el codirector ejecutivo de la asociación “Make the Road New York”, Javier Valdés, que considera que el sistema actual está de parte de los migrantes.

Valdés ha urgido a la Justicia a parar “la última tentativa” de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, de denegar el estatus a los inmigrantes basándose en preceptos “peligrosos e ilegales” para redefinir el significado de “carga pública”.

La demanda plantea que la norma de Trump ha estado motivada por un ánimo racial anticonstitucional, que intenta afectar a inmigrantes originarios de países con poblaciones no blancas y que demoniza a los inmigrantes de color.

Asimismo, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó otra demanda conjunta junto con el estado de Vermont y la ciudad de Nueva York para desafiar esta norma.

Con información de EFE

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