El asesinato que provocó la transformación de la policía de Honduras
La Policía Nacional hondureña inició una profunda reforma en 2012 y miles de agentes fueron expulsados. Sus defensores dicen que redujo los homicidios en el país
Crédito: AFP
Durante años, Honduras fue tristemente distinguido como un país donde el crimen campaba a sus anchas.
Junto a unos indicadores que lo ubicaban en lo más alto del ranking mundial de homicidios, persistía entre los ciudadanos una sensación de inseguridad y de desconfianza hacia quien, teóricamente, debería protegerlos: la policía.
Grandes escándalos de corrupción y de abuso salpicaron a este cuerpo hasta que, en 2011, el asesinato a manos de agentes del hijo de la rectora de la principal universidad del país logró remover cimientos y se hizo evidente la necesidad de realizar un cambio de raíz.
Un año después, se puso en marcha una profunda reforma para profesionalizar la policía y la expulsión de miles de agentes que, según las instituciones que la respaldan, ya ha dado sus frutos a juzgar por la notable caída en la cifra oficial de homicidios en el país.
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Este proceso de transformación “no parece tener ningún paralelo cercano en América Latina en las últimas décadas”, llegó a destacar el centro de pensamiento estadounidense Centro Wilson en un informe publicado el año pasado.
Sin embargo, diversas organizaciones de derechos humanos y exmiembros de la policía aseguran que la supuesta reforma y sus resultados no son reales por “falta de voluntad” política y todo se reduce a un mero lavado de imagen.
¿En qué consiste la reforma policial?
Con la puesta en marcha de este proceso se endurecieron los requisitos académicos para admitir agentes y se extendió el período de formación a once meses antes de poder patrullar.
“No se concibe que un policía no tenga las competencias mínimas necesarias para utilizar sus armas de fuego o para redactar un informe. Antes había policías que apenas sabían leer y escribir”, le reconoce a BBC Mundo Gerson Velásquez, comisionado de la Policía Nacional hondureña.
Se incorporaron más mujeres a sus filas, se les dotó de más equipamiento y tecnología y se mejoraron sus condiciones laborales incrementando su salario en un 40%, con la intención de que se eviten las habituales y denunciadas peticiones de “coimas” o sobornos a la población.
Precisamente, “crear las condiciones de servicio dignas para que el personal se mantenga motivado” es, según Velásquez, uno de sus principales desafíos ahora.
“Y obviamente eso pasa por tener recursos, por la capacitación continua y, obviamente, de la escala salarial que esta nueva generación de policías demanda”, dice.
¿En qué consistió la depuración de policías?
Pero uno de los principales puntos de la reforma fue la expulsión de unos 6.000 agentes (la mitad de los 12.000 que existían al iniciar este proceso) por lo que se calificó de “falta de idoneidad”.
Bajo este criterio, en el que se englobó a todos aquellos que no tenían la formación y conocimientos suficientes, se produjeron el 85% de expulsiones, según el vocero policial.
El 15% restante fue de los agentes a quienes se detectó “algún tipo de abuso de autoridad o por no respetar los derechos fundamentales del ser humano” tras el análisis de una comisión formada por el ministro de Seguridad y miembros de la sociedad civil.
Tras las miles de expulsiones, unos 14,000 policías fueron contratados en los últimos años bajo el nuevo currículum hasta llegar a los 20,000 elementos que conforman la Policía Nacional actualmente en todo el país.
Pero diversas organizaciones civiles del país califican esta depuración como un puro lavado de imagen sin un efecto real.
En esa línea opina María Luisa Borjas, comisionada de policía que fue destituida (años antes de la actual depuración) tras años denunciando corrupción en el cuerpo y de haber llevado a los tribunales a altos cargos supuestamente vinculados con asesinatos cuando era directora de Asuntos Internos.
Elegida como diputada del partido Libre para la actual legislatura, Borjas afirma que la mayoría de afectados pertenecían a escalas bajas del cuerpo y que fueron depurados únicamente “para demostrar cifras”.
“Muchos de los separados fueron personas que realmente podían ser un obstáculo para quienes siguen cometiendo actos ilícitos en la cúpula, que es donde están los mayores involucrados en corrupción”, le dice a BBC Mundo.
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Velásquez descarta esa idea y asegura que la transformación policial también afectó a los altos mandos.
“De los nueve comisionados generales que había, el más alto rango, seis fueron depurados. Había 64 comisionados y quedamos 26. Y así le puedo ir diciendo hacia abajo”, afirma.
Otra de las críticas más frecuentes al proceso de depuración es el hecho de que un gran número de los separados por supuestos delitos no hayan sido procesados judicialmente, por lo que incluso podrían seguir ligados a actividades ilegales.
“Los sacan de la institución sin ningún fin, sin ninguna acción procesal ni acción en tribunales. Por eso hablamos de corrupción y de impunidad en Honduras”, denuncia la veterana activista Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
Julieta Castellanos, directora del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), recuerda que esta función corresponde al Ministerio Público (MP) pero reconoce que el no tener un cuerpo de investigación propia es una debilidad para la comisión depuradora.
“Creo que hay una deuda de investigación del MP, por lo menos para priorizar los casos más evidentes. Si la depuración no avanza a la investigación, y si procede a la judicialización, estos grupos (ilícitos)se van a recomponer”, dice.
“Pero no podemos decir que es la comisión depuradora la que ha fallado ahí” por no ser su función, asegura en entrevista con BBC Mundo.
¿Qué resultados tuvo la reforma?
Defensores de este proceso de transformación vinculan que se haya profesionalizado el cuerpo de policía a que la cifra oficial de homicidios en el país se haya reducido a la mitad desde su record de 2011, cuando se alcanzó la escalofriante cifra de 86,5 homicidios por cada 100.000 habitantes.
El policía Velásquez reconoce que otros factores también influyeron en este descenso, como contar con mayor presupuesto o que las Fuerzas Armadas apoyen a la policía en tareas de seguridad pública.
“Pero sí, y lo digo con toda propiedad, que hay una relación directamente proporcional entre la capacidad instalada de la policía y la reducción de homicidios. Antes no teníamos ni siquiera patrullas, no teníamos forma de realizar de manera eficiente nuestro trabajo”.
También destaca los 37 muertos a manos de las fuerzas de seguridad reportados en 2019 por el Observatorio Nacional de la Violencia, que contrastan con la cifra 11 veces mayor de su vecino El Salvador.
Sin embargo, Oliva discrepa de las cifras oficiales y le habla a BBC Mundo de “subregistro o manipulación de la información”.
El comisionado de policía subraya que otro de los resultados de la renovación de la policía es el haber logrado, asegura, ganarse la credibilidad de la población.
“Al inicio del proceso teníamos, prácticamente, cero confianza ciudadana. Pero ahora es mucho mayor (…). Antes, la presunción de la sociedad era que todos los (comisionados) generales eran corruptos”, admite.
Ahora, destaca cómo el estudio “Ley y Orden Global” de Gallup en 2017 afirmó que el porcentaje de hondureños que decían tener confianza en la policía había pasado del 29% en 2015 al 50% un año después.
También los informes de “Percepción Ciudadana sobre Inseguridad y Victimización en Honduras” del IUDPAS reflejaron que si en 2014 solo el 5.2% de la población confiaba “mucho” en este cuerpo, en 2018 el porcentaje de confianza subió al 33.7%.
Pero Borjas rechaza de plano que la percepción de la ciudadanía sobre la policía haya realmente mejorado en los últimos años.
“Usted se va a la calle y pregunta a diez personas, y le aseguro que van a coincidir en que tienen miedo a la policía cuando ven un operativo policial, miedo de que algo le vaya a pasar”, asegura.
¿Qué caso provocó esta reforma?
El proceso de reforma fue impulsado en gran parte tras el asesinato en 2011 de los universitarios Rafael Alejandro Vargas y Carlos Pineda a manos de miembros de la policía, que después intentaron ocultar el crimen.
Rafael era hijo de Julieta Castellanos, quien entonces era rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Su muerte conmocionó al país y demostró que la policía había pasado de apoyar al crimen organizado a involucrarse directamente.
“Fue cuando tocamos fondo y nos marcó como institución”, reconoce Velásquez abiertamente.
“Creo que para mucha gente, inclusive para mí en aquel momento, la policía estaba vinculada a delitos, cobraba coimas, permitían el paso de drogas… Pero al involucrarse directamente en un crimen, fue como la confirmación de hechos de otra magnitud”, cuenta Julieta Castellanos.
Hasta aquel momento, recuerda cómo tras el asesinato de un juez o fiscal, siempre podía existir la duda de si habían resultado muertos por estar persiguiendo delitos o por estar implicados con el delito en sí.
“Cuando pasó lo de mi hijo, prácticamente todas esas dudas quedan despejadas porque se ve la colusión del Estado, se ve la protección de ministros, se ve a la policía queriendo alterar las pruebas”.
Castellanos, con décadas de experiencia estudiando el fenómeno de la violencia en Honduras, cree que este proceso de reforma de la policía “es realmente diferente y con resultados tangibles y objetivos” respecto a otras depuraciones intentadas en el pasado.
Destaca, por ejemplo, el hecho de que la actual comisión interventora cuente con una legislación que la ampara “para poder sacar a los policías sin que acudan después a los tribunales” a reclamar su readmisión.
También valora el hecho de que dicha comisión no esté integrada en su mayoría por empleados del gobierno, sino por organismos de sociedad civil.
“Hemos visto en el pasado cómo el Estado ha estado coludido con el delito. Así que por eso era difícil limpiar la policía desde dentro, desde el gobierno.
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Asimismo, cree que la creación de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en 2015 fue un gran acierto para reducir los niveles de impunidad que, pese a todo, continúa en un 86% según el índice de impunidad de homicidios.
Hasta aquel año, el Ministerio Público dependía de la investigación que hacía la propia policía para recibir pruebas e indicios con los que presentar los requerimientos fiscales en tribunales.
“¿Cómo iban a investigar la muerte en la que estaban policías involucrados si ellos eran los involucrados? Ellos eran juez y parte, eran los investigadores de sus propios delitos”, se pregunta.
¿Qué otras críticas recibió?
Oliva reconoce que realizar una depuración adecuada es difícil porque “es entrarle al hígado de la corrupción”, pero critica que haya “falta de voluntad política” para hacer un trabajo de fondo.
Además, alerta del riesgo de que la Policía Militar asuma cada vez más competencias.
“La tendencia es a debilitar la policía (nacional), porque parece que quisieran fusionarse como se vivió antes. Creo que la estrategia es volver 30-40 años atrás y hacer que el control unánime sea el militar, y eso coloca en mayor vulnerabilidad a la ciudadanía”, advierte.
Borjas coincide y destaca que “la policía sigue violentando los derechos ciudadanos”, por ejemplo con la detención de personas en el actual marco de pandemia o en recientes grandes protestas por la gestión del gobierno frente al COVID-19 y la supuesta corrupción a la hora de comprar equipos médicos.
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El policía Velásquez responde que la “importante conflictividad social y política” en Honduras pone a la policía en un “situaciones difíciles” de cara a la población.
“El golpe de Estado de 2009 nos dejó una herencia un poco compleja. La policía fue quien mantuvo el orden público tras aquello, y esto provocó un desgaste fuertísimo con el tema de la confianza hacia nosotros”, reconoce.
También admite que las detenciones de altos cargos en el cuerpo, como el reciente arresto de Leonel Sauceda por presunto delito de lavado de activos solo dos semanas después de ser ascendido a comisionado general, “le quita legitimidad a este proceso” de cara a la población.
“Pero lo realmente importante es reconocer lo positivo: en otros tiempos, no se habrían dado estos arrestos con este tipo de generales y su influencia”, remarca.
Velásquez reconoce que la reforma policial es una tarea que aún no está concluida y que se deben hacer ajustes, pero que puede afirmar que la situación “es mucho mejor” que en 2012.
“Créame que reformar la policía en un contexto de alta violencia y criminalidad y, sobre todo, de alta conflictividad política, es difícil. Pero en todas estas condiciones sociales adversas, se habla positivamente del proceso de reforma, eso quiere decir que algo bueno hay en todo ello”, concluye.
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