El alcalde y el NYPD son acusados de consentir brutalidad policial

NUEVA YORK.- El alcalde Bill de Blasio junto al Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) encaran una demanda por consentir la brutalidad policial indiscriminada durante las protestas que siguieron al asesinato de George Floyd a manos de un policía.

La demanda federal de derechos civiles planteada este lunes en Manhattan por la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU) y la Legal Aid Society (LAS), apunta contra De Blasio, el comisionado de policía Dermot Shea, el jefe de departamento Terence Monahan e individualmente sindica a varios agentes de policía.

La NYCLU y LAS representan a once demandantes, quienes, según estas organizaciones, experimentaron violencia indiscriminada y daño a manos de la policía, incluyendo ser golpeados con porras, rociados con gas pimienta, empujados al suelo y esposados ​​con bridas ajustadas. Varios de los manifestantes también fueron arrestados y encarcelados sin alimentos, agua, supervisión médica ni equipo de protección adecuados para prevenir la propagación del COVID-19.

“El asesinato de George Floyd fue la última gota para mí, porque resumió muchos de los problemas que enfrentan los negros en el país. El alcalde De Blasio y el NYPD deberían haber permitido que los neoyorquinos protestaran pacíficamente, pero en cambio, nos encontramos con el mismo tipo de fuerza brutal que la policía desató sobre George Floyd en sus minutos finales”, dijo el demandante Jarrett Payne.  

Payne agregó que, si bien esta demanda no garantizará una justicia completa para los literalmente miles de manifestantes pacíficos que defendieron la vida de los negros y fueron agredidos por la policía de Nueva York, se espera que transmita el mensaje que los neoyorquinos no tolerarán más mala conducta policial.

Donna Lieberman, directora ejecutiva de la NYCLU, comentó que en lugar de responsabilizar al NYPD por los repetidos abusos, el alcalde y el comisionado de policía se convirtieron en “apologistas en jefe” de la violencia.

“La respuesta de la ciudad a la ola justa de protestas #BlackLivesMatter es una mancha en la ciudad que no se puede permitir que prosiga sin control, especialmente cuando los neoyorquinos se preparan para la posibilidad de una nueva ola de protestas después de las elecciones”, insistió Lieberman.

“El mundo se sorprendió con razón cuando la policía de Nueva York usó la misma violencia que llevó a los manifestantes a tomarse las calles”, dijo Corey Stoughton, abogado a cargo de la unidad de litigios especiales con la práctica de defensa criminal en la Legal Aid Society.

Stoughton añadió que alcalde de Blasio y el comisionado Shea alentaron y permitieron esta respuesta violenta.

“Es un flagrante fracaso del liderazgo que continúa un patrón de larga data de promover la cultura de impunidad por la mala conducta de la policía que afecta principalmente a los neoyorquinos negros e hispanos, Los neoyorquinos demandan un cambio”, dijo el defensor.

Vidal Guzmán, uno de los demandantes, dijo que le rociaron con gas pimienta en la cara mientras protestaba en el Lower East Side a fines de mayo y cayó al suelo cuando fue golpeado por policías, rompiéndose el brazo y una pierna.

En un escueto comunicado el NYPD dijo que revisaría la demanda. La oficina del alcalde no respondió a una solicitud de comentarios.

Argumentos de la demanda

La querella legal aborda el primer mes de protestas entre el 28 de mayo y el 28 de junio, donde los agentes policiales utilizaron bastones, gas pimienta y otras técnicas agresivas para tomar represalias contra los manifestantes que reclamaban respeto a las vidas de los negros y exigían el fin de la violencia policial. Según la demanda, tales usos de fuerza excesiva contra estos manifestantes violaron sus derechos consagrados en la Primera y Cuarta Enmienda.

La demanda le pide a un juez que dictamine que la ciudad violó la Primera Enmienda, que protege el derecho a protestar, y la Cuarta Enmienda, que protege contra registros e incautaciones injustificadas.

La Demanda destaca los casos generalizados y ampliamente difundidos de uso de fuerza indiscriminada por parte de agentes de policía durante las protestas y afirma que el alcalde y la policía instituyeron una política de facto que permitió a los agentes atacar violentamente a los manifestantes, aprobando repetidamente despliegues contundentes y negando la disciplina o repercusiones por la flagrante mala conducta de un oficial.

La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, declaró que el comportamiento del NYPD en junio fue objeto de amplias críticas y revisiones, incluida una investigación de su oficina y un informe de Human Rights Watch que concluyó que la policía había violado las leyes de derechos humanos en una represión de protesta en Mott Haven.