Dreamers de Carolina del Norte con sentimientos amalgamados

RALEIGH, Carolina del Norte – Euforia y desconfianza, esperanza y miedo. Una mezcla de sentimientos embargaba a los jóvenes inmigrantes sin papeles de Carolina del Norte al inicio del nuevo programa gubernamental que suspende las deportaciones y concede un permiso temporario de trabajo.

“Esta es la noticia más grande que ha habido para el movimiento migratorio en más de 25 años”, dijo Moisés Serrano, un inmigrante mexicano de 22 años que estaba listo para solicitar el beneficio. “Es como un rayo de luz en nuestras vidas”.

Bajo el nuevo programa federal denominado Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) que fue anunciado en junio y entró en vigencia el 15 de agosto, jóvenes menores de 31 años que fueron traídos de manera irregular a Estados Unidos cuando eran niños y que cumplan ciertos requisitos podrán solicitar la suspensión de sus deportaciones durante dos años y obtener un permiso de trabajo.

Los requisitos incluyen haber estado en el país al menos durante cinco años y haber llegado al país antes de cumplir los 16 años, haber estudiado o bien estar estudiando o revistando en las fuerzas armadas.

Serrano, quien fue traído por sus padres de México a Yadkinville, noroeste de Carolina del Norte, cuando tenía 18 meses, dijo que cumple con todos los requisitos y estaba ilusionado con la posibilidad de “salir de las sombras”.

“Yo personalmente estaba cansado de estar viviendo en la oscuridad. Con la Acción Diferida vamos a poder aplicar para un permiso de trabajo y podremos sacar una licencia de conducir, es una forma de salir de las sombras y dejar de vivir con ese miedo constante de qué va a pasar cuando te pare un policía”, dijo.

Cynthia Cornejo, inmigrante hondureña de 16 años, también esperaba con ilusión el momento de poder presentar su aplicación en Durham, ciudad del noreste del estado.

“Estoy muy feliz”, dijo la joven, que cursa el anteúltimo año de secundaria. “Desde que se anunció esto, fuimos con mi mamá donde un abogado y ya tengo todos mis papeles, estoy lista para agarrar la aplicación”.

Cornejo tenía siete años cuando llegó de Honduras y aunque siempre supo que era indocumentada, tomó conciencia de ello al ingresar a la secundaria y al ver que tenía pocas opciones de ir la universidad, empezó a desinteresarse por los estudios.

“Me desilusioné tanto que ya no iba a la escuela, pero gracias a una maestra me di cuenta que sí había oportunidades para los indocumentados y me he convertido en una buena estudiante”, dijo Cornejo quien está decidida a estudiar psicología.

“Yo sí quiero ir a la universidad, no quiero que me pase lo que a mi mamá, que ha tenido de pasar por mil trabajos solo por ser indocumentada”, comentó.

Pero la esperanza que ha traído este nuevo programa federal a los jóvenes inmigrantes es compartida también por quienes no cumplen los requisitos.

“Mi reacción fue de alegría y esperanza”, dijo Irving de Dios, de 27 años y miembro del grupo juvenil NC Dream Team y la Alianza Nacional de Jóvenes Inmigrantes (NIYA). “En lo personal no califico para la Acción Diferida, pero me alegro porque hay muchas personas que sí, entre ellos amigos y conocidos, y estoy feliz por ellos”.

De Dios llegó a Apex, ciudad de la periferia de Raleigh, la capital estatal, en enero de 2001, dos meses después de cumplir los 16 años, que es el límite de edad de llegada establecido por el gobierno para poder aplicar a la Acción Diferida.

“Nosotros seguiremos esperando por el Dream Act, esta lucha no termina”, dijo De Dios, quien desde el 2008 participa en el movimiento de los “soñadores” y hace unos meses reveló públicamente su estatus migratorio, para reclamar una reforma.

El NC Dream Team, que en junio se mostró escéptico ante el anuncio de Obama, muestra ahora un apoyo tácito a la medida, pero con reservas.

“Nosotros estamos contentos porque la comunidad va a tener esta oportunidad, pero la lucha sigue. Este es un paso hacia delante, no es un paso atrás, pero lo que nosotros pedimos es el Dream Act y que paren las deportaciones, y vamos a seguir luchando”, declaró José Rico, vocero del NC Dream Team.

Otros miembros del movimiento mantienen su desconfianza en torno a la Acción Diferida, como la mexicana Cinthia López, quien a pesar de que cumple con todos los requisitos prefiere no aplicar, al menos hasta después de las elecciones presidenciales.

“Yo sinceramente no confío en el presidente Obama”, dijo Lopez, quien llegó a Raleigh cuando tenía 15 años. “Yo estoy pidiendo una reforma más justa porque esto no es nada seguro, el día de mañana lo pueden quitar si entra un nuevo presidente, siento que es como una trampa”.

“El presidente sigue diciendo que esto ya está funcionando pero yo no veo que eso esté sucediendo, porque siguen deportando gente, incluso muchas personas que califican para la Acción Diferida están siendo detenidas”, agregó.

De acuerdo con el Centro de Políticas de Inmigración (IPC, por sus siglas en inglés), se estima que 1,76 millones de jóvenes inmigrantes podrían beneficiarse de este programa federal anunciado el 15 de junio.

En Carolina del Norte, que es el sexto estado con mayor número de potenciales benficiarios, el IPC calculó que al menos 31,000 jóvenes podrían aplicar.

Las organizaciones locales también se han estado preparando para apoyar a las familias durante el proceso de aplicación.

El consulado de México en Raleigh, que tiene jurisdicción para Carolina del Norte y Carolina del Sur, creó en julio una ventanilla de atención especializada para dar información sobre el nuevo programa migratorio y ha tomado medidas para agilizar el trámite de documentos que requerirán los mexicanos para presentar sus aplicaciones.

El consulado también acogió en julio una sesión informativa sobre el tema organizada por el periódico local Qué Pasa a la que asistieron más de 200 personas, y tenía previsto efectuar otra el 27 de agosto.

El Centro Hispano, una organización sin fines de lucro, también ha estado organizando sesiones similares para orientar a la comunidad en sus sedes de Durham y Carrboro, y se ha unido con otras organizaciones para elaborar una serie de recomendaciones dirigidas a evitar fraudes durante el proceso.

“Hemos tenido muchísima gente viniendo y llamando por información, y ya tuvimos algunos casos de fraude porque la gente está con mucha ansiedad”, dijo Pilar Rocha, directora del Centro Hispano. “Hay personas que ya habían pagado hasta $1.500 cuando ni siquiera estaba iniciado el proceso”.

Con apoyo del Proyecto de Derechos de Inmigrantes que dirige el abogado Marty Rosenbluth, el Centro Hispano y otras organizaciones como El Pueblo Inc, el Vínculo Hispano y el Centro para Familias Hispanas, elaboraron un documento con 11 recomendaciones básicas para evitar fraudes.

En dicho documento se explica a las personas como certificar la experiencia y credenciales de un abogado, qué preguntas hacerle durante la consulta, qué cuidado tener al momento de firmar un contrato y dónde denunciar en caso de ser estafado.