Más de 600,000 niños y adolescentes indocumentados podrían ser deportados sin tener acceso a DACA

Al menos 620,000 niños y adolescentes son indocumentados y, a pesar de estar en edad escolar, podrían ser expulsados o deportados, si no tienen protección migratoria alguna, ya que no son elegibles para la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

Así lo dio a conocer la organización FWD.us, que destacó que los estudiantes están entre los niveles de kínder a duodécimo grado.

La información se revela como parte de la campaña de presión al Congreso de los EE.UU. para que apruebe alguna reforma migratoria, a través del proceso de Reconciliación, el cual tuvo un primer paso la semana pasada, cuando los demócratas dieron a conocer el plan de $3.5 billones de dólares que incluye beneficios migratorios.

“El Congreso debe tomar acción”, considera la organización. “La información nueva de FWD.us demuestra que unos 4.5 millones de estudiantes con padres indocumentados irán a la escuela este año, lo que significa que un 8% de todos los estudiantes escolares están en riesgo de que sus familias sean separadas por la deportación“.

El reporte agrega que sin una opción de regularización migratoria viable, el impacto es directo para los estudiantes y sus familias, pero también para las comunidades donde viven.

De los más de 600,000 menores se estima que al menos 100,000 están a la espera de una decisión en cuanto a su solicitud de asilo.

“Estos estudiantes indocumentados vinieron a los Estados Unidos como niños y han construido sus vidas jóvenes aquí”, destaca la organización.

Señala que pueden ser considerados ‘dreamers’, pero cerca de nueve de cada diez de ellos no califican para DACA, lo que los mantiene en un “limbo”, pues no tienen un camino claro si el Congreso no aprueba alguna reforma.

“Desafortunadamente, la mayoría de los estudiantes indocumentados de kínder a duodécimo grado en el año escolar de 2021-2022 son demasiado jóvenes para solicitar DACA, ya que se requiere tener al menos 15 años”, se expuso.

Sin embargo, el principal problema es que la mayoría, el 88%, llegaron a los Estados Unidos después del 2007, el último año que tenían las personas para vivir en los Estados Unidos y ser elegibles a las protecciones a ‘dreamers’.

Residencia y consecuencias

El reporte señala que la mayoría de los estados tiene, al menos, mil estudiantes indocumentados en sus escuelas, pero las cifras se disparan en las mismas entidades donde se registra el mayor número de inmigrantes, incluidos los indocumentados.

Por ejemplo en Texas se estima que hay 111,000 menores, en Florida 74,000 y en California 72,000.

“Cientos de miles de estudiantes indocumentados desde kínder hasta duodécimo grado que vuelven este otoño a sus salones cargarán con el peso enorme de la incertidumbre sobre su futuro en este país, así como con la ansiedad sobre si deben seguir construyendo sus vidas aquí de forma segura y unida con sus familias”, consideró Phillip Connor, demógrafo sénior de FWD.us.

Connor confió en que el Congreso apruebe una solución a largo plazo que beneficie a estos menores.

“Los estudios demuestran que tener una presencia legal como DACA permite que los estudiantes indocumentados logren metas educativas significativas”, agrega la organización. “Los estudiantes indocumentados a los que no se les permite recibir los beneficios de DACA, particularmente a aquellos en la escuela secundaria, se enfrentarán a muchas barreras a las que no se enfrentarán sus pares”.

Los problemas para estos menores se irán acumulando, ya que en muchos estados no podrán obtener licencia de conducir ni serán elegibles para empleos de tiempo parcial o completo.

El reporte también destaca que un 8% o alrededor de 4.5 millones de todos los estudiantes escolares tienen a un padre o madre indocumentado. Los mayores porcentajes de estos casos se centran en Texas (15%), Nevada (15%), California (12%) y Nueva Jersey (11%).

Qué se espera

El Congreso prepara los proyectos que integrarán la propuesta presupuestal de $3.5 billones de dólares que sería aprobada bajo el proceso de Reconciliación.

Los comités judiciales de la Cámara de Representantes y del Senado deberán definir un plan contemplando $107,000 millones de dólares para tres proyectos, incluido uno para otorgar la tarjeta verde “a inmigrantes elegibles”.

Congresistas como el representante Raúl Ruiz (California), presidente del Caucus Hispano del Congreso, confirmaron a este diario que a más tardar en noviembre habría una decisión en el Congreso sobre beneficios para indocumentados.