Editorial: Ayotzinapa, 7 años después
Los inquilinos en Los Pinos se suceden sin que se sepa que paso esa noche fatídica del 26 de septiembre de 2014 en Iguala
CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 23/09/2021.- Familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa protestan hoy en la sede de la Fiscalía General de la República, en Ciudad de México (México). Familiares de los 43 jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 y estudiantes en general iniciaron este jueves las protestas en Ciudad de México con motivo del séptimo año de la tragedia que se cumplirá el próximo domingo. "Este Gobierno da falsas esperanzas. Han hecho nada más mentiras con estas pobres familias", pronunciaron ante la Fiscalía mientras reclamaban la "aparición con vida" de sus 43 compañeros desaparecidos la noche del 26 de septiembre. Crédito: Sáshenka Gutiérrez | EFE
La desaparición de los 43 normalistas mexicanos en Guerrero, México, es un horror que no termina de resolverse. Es un símbolo de la impunidad que prevalece en el país vecino que lleva más de 80,000 desaparecidos en los últimos 15 años.
En la mayoría de los casos los muertos sin nombre en las morgues mexicanas y los “levantados” de los cuales no se vuelven a ver nunca más hasta casi pasan desapercibidos en una sociedad anestesiada por décadas de violencia ya sea de la delincuencia común, el crimen organizado o por autoridades corruptas.
Hay casos que se resisten a perderse entre el ocultamiento y la mentira. Los familiares de estos jóvenes llevan siete años exigiendo saber qué ocurrió con sus hijos. Los inquilinos en Los Pinos se suceden sin que se sepa que paso esa noche fatídica del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, estado de Guerrero.
En su momento el Gobierno de Enrique Peña Nieto dijo que policías corruptos de Iguala detuvieron a los estudiantes de la escuela normal para maestros de Ayotzinapa cuando tomaron autobuses para ir a una marcha el 2 de octubre en la capital.
La versión de la Administración de Peña Nieto, que llamó “la verdad histórica”, indica que los agentes entregaron a los estudiantes al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero del municipio de Cocula tras un ataque que dejó seis muertos además de los 43 desaparecidos.
Que absurdo hablar de una verdad “histórica” como si hubiera muchas verdades.
En realidad hay una sola: los jóvenes están desaparecidos, hay detenidos cuya confesión está contaminada por torturas, sospechosos asesinados y ni siquiera se sabe realmente que se hizo con los restos de los normalistas.
Se sabe que el Ejército jugó un papel importante en el caso. La negativa de los uniformados a colaborar con la investigación es más que sospechosa. La detención en noviembre del capitán José Martínez Crespo, a cargo de patrullar Iguala aquella noche es el enlace entre el Ejército y la matanza.
Según reportes los investigadores ahora hablan de unos 30 militares entre los que estuvieron en Iguala y la cadena de mando. Entre ellos están los generales José Rodríguez, responsable del batallón de Iguala en 2014, y Alejandro Saavedra, encargado de la zona militar del Estado de Guerrero.
La presidencia del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene el reto de esclarecer lo ocurrido. Llegó al poder bajo la promesa de transparencia. Creó la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa. Sin embargo, el clamor de los familiares de los normalistas sigue sin resolverse.
Su desesperación la comparten millones de mexicanos que ven impotentes la impunidad ilimitada de sus autoridades ante el crimen.
