Nueva York debe asumir su responsabilidad como líder nacional en la lucha ambiental

Junto con California, el estado de Nueva York tiene los planes ambientales más ambiciosos del país. Ahora se trata de poner las leyes y presupuestos ya existentes en efecto y buscar los primeros logros mensurables a la brevedad, y no solo para fechas que van más allá del ejercicio de los funcionarios electos, como 2050, 2040 o 2035.

El plan de California

El 31 de agosto, en su último día de deliberaciones, California se puso al frente a la lucha nacional contra la contaminación ambiental cuando la Legislatura aprobó un paquete de 54,000 millones de dólares cuyo aspecto más promocionado fue el compromiso del estado de dejar de añadir dióxido de carbono en la atmósfera en el año 2045. 

La ley establece que la venta de autos de cero emisiones comenzará a imponerse con 35% en 2026, 68% en 2030 y 100% en 2035.

En 2019 estas ventas eran de solo 7%, pero hoy se acercan al 20%.

La ocasión representó una importante victoria política para el gobernador Gavin Newsom. La ley parte de la base de su orden ejecutiva N-79-20, de enero de 2021.

Como tantas veces en el pasado, California, lidera la lucha contra el cambio climático, cuyos efectos dramáticos estamos sintiendo cada día. 

Y la esperanza es que, tal como lo han hecho repetidas veces, el resto del país se acople a las iniciativas del estado Dorado y adopte medidas similares. 

Anteriormente, el 25 de agosto, la Junta de Recursos del Aire de California (CARB por sus siglas en inglés) había adoptado una nueva y ambiciosa regulación según la cual en 2035 todos los vehículos vendidos en el estado deben ser de cero emisiones.

La regulación, llamada Programa Avanzado de Autos Limpios II o ACC II, es la continuación del programa ACC original, adoptado por la misma entidad en 2012. 

Justicia ambiental social

La legislación californiana dedica 6,600 millones de dólares en cuatro años a la adopción de autos de cero emisiones (ZEV) en las comunidades con mayor problemática ambiental y económica. 

Para ello, incluye ayuda económica considerable a través de tres programas. Primero, hasta 9,500 dólares a conductores de bajos ingresos que se deshagan de sus autos viejos y contaminantes para reemplazarlos con eléctricos o con enchufe, a través de Clean Cars 4 All. 

Luego, el Proyecto de reembolso de vehículos limpios (CVRP por sus siglas en inglés), proporciona hasta 7,000 dólares para conductores de bajos recursos para que compren un auto ZEV. Un tercer plan, el Programa de Asistencia para Vehículos Limpios, suministra  financiamiento y hasta $5,000 para pago del depósito inicial o enganche a personas de bajos ingresos. 

La nueva ley federal

Casi simultáneamente, el Congreso aprobó y el presidente Biden rubricó el proyecto climático, sanitario y fiscal más importante de la historia del país en el combate contra los daños del cambio climático. 

La Ley de Reducción de la Inflación de 2022 dedica un total de 375,000 millones de dólares en inversiones, para lograr una reducción del 40% en las emisiones contaminantes antes de 2030, comparadas con los niveles del año 2005. 

Concretamente, se propone llegar, entre otras metas, a un total de 120,000 turbinas de viento y 950 millones de paneles solares. Aspira reducir los gastos de energía de cada familia en 500 dólares por año, además de seguir proporcionando el crédito fiscal de 7,500 dólares por la adquisición de ciertos (no todos) automóviles eléctricos. 

A diferencia de lo que había existido hasta ahora, ese crédito será otorgado directamente por medio del concesionario y no requerirá que el comprador deba encargarse de solicitarlo en su declaración de impuestos, una situación que penalizaba a quienes, por carecer de ingresos suficientes, no tenían una deuda impositiva.

Ya en abril, la administración Biden había restaurado partes de la Ley de Política Ambiental Nacional, limitada por el gobierno de Donald Trump,  para exigir a las agencias federales que consideren los impactos ambientales acumulativos de sus acciones, así como revivido otras regulaciones ambientales canceladas por la administración previa. 

Ampliación en Nueva York

Para que estas iniciativas tengan realmente éxito y conjuntamente prevengan los aspectos más catastróficos del cambio climático, es imprescindible que otros estados adopten e implementen a la rapidez posible planes similares.

Esto es especialmente cierto para un estado como Nueva York, el cuarto en materia de población y quizás el más importante política y culturalmente. 

Nueva York es uno de los estados donde el cambio climático causa fuertes daños a la población. Especialmente están pagando las consecuencias de décadas de abandono ambiental las comunidades de color. 

Efectivamente, según la Union of Concerned Scientists, estos residentes respiran niveles desproporcionados de este aire tóxico. 

Según esta organización, los latinos están expuestos a un 81 por ciento más de contaminación vehicular que los blancos, y los afroamericanos a un 72 por ciento más. 

El gobierno estatal ha estado dirigiendo o apoyando una serie de proyectos legislativos importantes, en especial los contenidos en la ley  A.4302/S.2758. Este 8 de septiembre se cumple exactamente un año desde que la gobernadora de Nueva York Kathy Hochul firmó la ley. 

Esta, según el texto oficial, establece que “el 100% de las ventas en el estado de automóviles y camiones de pasajeros nuevos serán de cero emisiones para el 2035”.

Es decir, a la par de California

Ya en noviembre pasado, una enmienda a la Constitución estatal fue aprobada con el voto de más del 70% de los neoyorquinos, para proteger explícitamente su derecho fundamental a aire limpio, agua limpia y un medio ambiente saludable. 

A este esfuerzo se agregó a un paquete de ocho leyes ambientales que Hochul había rubricado en diciembre pasado. 

Entre otras cosas, en estas leyes se agregan nuevas sustancias químicas adicionales a la lista de contaminantes emergentes; se ayuda a los agricultores a mejorar la salud del suelo y el agua; amplía las pruebas de agua potable en establecimientos educativos; prohíbe el uso de pesticidas en campamentos infantiles; ordena un estudio sobre la incidencia del asma en la población, así como sobre los efectos sobre la salud de la operación de los aeropuertos JFK y La Guardia. 

Adicionalmente, Nueva York ya había establecido ambiciosas metas de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 40% para 2030 y 85% para 2050, con respecto a los niveles de 1990, a través de la ley de Liderazgo Climático y Protección Comunitaria, o bien Ley del Clima o CLCPA, promulgada el 18 de julio de 2019.

Según la Ley del Clima, al menos el 35% de los beneficios de las inversiones en energía limpia en energía limpia y programas de eficiencia energética  se dedicarán a “comunidades desfavorecidas”.  

Para ello, Nueva York aspira a que su producción eléctrica sea de cero emisiones en 2040, y que el 70% de esta sea energía renovable para 2030.

El estado aprobó inversiones de $33,000 millones en proyectos de generación y transmisión de electricidad y $6,900 millones para “reducir las emisiones de los edificios”, entre otros. 

Justicia social en Nueva York

Esta ley estableció un Consejo de Acción Climática compuesto por 13 representantes de organizaciones de justicia ambiental encargado de desarrollar recomendaciones relevantes.

Para definir a la población relevante en comunidades desaventajadas, se formó un Grupo de Trabajo de Justicia Climática (CJWG) encargado de establecer sus criterios geográficos de acuerdo con 45 indicadores determinantes. 

El principal entre ellos es la raza, seguido por ingresos y luego otros como vulnerabilidades de salud, la proximidad de las residencias a focos de contaminación, el uso del suelo para la industria o la minería previo a la construcción habitacional, la vulnerabilidad a espacios de calor excesivo o la posible exposición a contaminación de ciertos químicos.  

Además de esta definición por grupo, la ley identificó como favorecidas a familias con ingreso de no más del 60% del ingreso medio del estado.

El grupo ha trabajado dos años en la preparación de estos criterios. 

Un gran potencial

Con esta legislación, Nueva York tiene la oportunidad – y la obligación – de liderar al resto del país en un esfuerzo que, más que nada, ahorrará millones de vidas. 

Este estado debe dar el ejemplo en los resultados y no solo en las decisiones y su planificación. 

Ahora, se trata de demostrar cómo estos ambiciosos proyectos se convierten en realidad y no quedan en números o en proyecciones para un futuro que está a 10, 20 ó 30 años de nosotros. 

Por otra parte, el clima político para efectuar los cambios radicales que se requieren si no queremos confrontar una catástrofe ambiental en la próxima década ya existe.

En una encuesta realizada para Coltura, un grupo de activismo ambientalista, en noviembre pasado, Nueva York estuvo a la cabeza de los estados en la aceptación de que “todos los autos nuevos vendidos en su estado sean eléctricos para 2030”.

Mientras que el término medio para todo el país fue de 55% a favor y 35% en contra, para Nueva York fue de 66% a 34%, incluso más que California, con 62% a 31%. 

Los próximos pasos

Una de las próximas etapas en el proceso que vive Nueva York es la adjudicación de cambios para vehículos pesados. 

La gobernadora Hochul encargó el mes pasado al Departamento de Conservación Ambiental una propuesta de regulación para reducir la contaminación del aire por parte de los camiones.

Estos camiones, que no son más que el 1% a 2% del total de vehículos que circulan, causan del 15% al 20% de la contaminación ambiental total, tanto en California como en Nueva York. 

Son contaminantes por excelencia y causan problemas de salud especialmente para las comunidades de color. 

Un estudio reciente indica que latinos y afroamericanos en la ciudad de Nueva York están expuestos a un 5% más que el promedio a  emisiones de partículas tóxicas (PM2.5) definidos por la agencia federal de Protección Ambiental (EPA) como “partículas inhalables finas, con diámetros que son generalmente de 2,5 micrómetros y menos”. 

Son atribuibles a los camiones diésel, que si bien representan una pequeña parte del total de actividad vehicular, son responsables de aproximadamente la mitad de emisiones de óxido de nitrógeno en el transporte por carretera (NOx).

A su vez, los residentes blancos están expuestos a un 10% menos que el promedio. 

Paralelamente al desarrollo de presupuestos y planes destinados a acelerar y facilitar la transición a una infraestructura no contaminante, el estado de Nueva York ha estado implementando programas similares a los de California en apoyo de la venta y utilización de no sólo autos de pasajeros sino también camiones y autobuses eléctricos. Una vez más, sigue la lógica de que los vehículos de este tipo en existencia son especialmente contaminantes. 

Para camiones, el estado ofrece el Programa de Incentivos de Cupones (NYT-VIP). “El NYT-VIP”, dice el sitio estatal, ‘cubre hasta el 80% de la diferencia de costo entre un camión eléctrico y un camión diesel comparable. El NYT-VIP está disponible para flotas públicas o privadas en 31 condados del estado de Nueva York”.

Conclusión

El estado de Nueva York ha estado, junto con California, a la cabeza de los cambios requeridos para combatir la contaminación ambiental, tomando la delantera en legislación.

Ahora es el momento de la acción, a toda carrera, para efectuar los cambios necesarios para obtener resultados mensurables y concretos.