Jueza de Washington extiende bloqueo de memo de Administración Trump para congelar ayudas federales
Loren AliKhan entiende que el memo le pasa por encima a la autoridad del Congreso sobre los gastos del gobierno bajo la Constitución
El nominado director de la OMB, Russell Vought. Crédito: Evan Vucci | AP
Nueva York – La jueza federal de distrito Loren AliKhan extendió el bloqueo del memo que había circulado la Administración Trump a través de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OMB) y del que luego rescindió y que buscaba congelar el desembolso de fondos federales para préstamos, subvenciones y otros tipos de asistencia.
La jueza de Washington emitió su decisión este lunes por entender que la misma le pasa por encima a la autoridad del Congreso sobre los gastos del gobierno bajo la Constitución de Estados Unidos.
“No indica cuándo la congelación va a acabar (si es que se iba a acabar) e intenta arrebatarle el poder de la cartera a la única rama de gobierno que tiene derecho a ejercerlo”, escribió AliKhan en su decisión.
En ese sentido, la jueza argumentó en su orden que si las acciones de la Administración Trump violan la separación de poderes, “eso ciertamente sería arbitrario y caprichoso bajo APA (Administrative Procedure Act)”. APA o la Ley de Procedimiento Administrativo es la que regula los procedimientos de las agencias administrativas del gobierno de Estados Unidos y establece cómo las agencias federales crean y emiten reglamentos.
Argumentó que la apropiación de los recursos gubernamentales está reservada al Congreso no a la rama ejecutiva, y que una autoridad legal saludable apoya esta separación fundamental de poderes.
Aunque la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OMB) dejó sin efecto el documento dos días después de haberlo emitido, la jueza entiende que la orden del tribunal sigue siendo necesaria porque los problemas de financiamiento persisten y porque no hay certeza de que la OMB se abstenga de reactivar la política.
Matthew J. Vaeth, director en funciones de la OMB, emitió el memo (M-25-13) el lunes pasado para que las agencias completaran un análisis exhaustivo e identificaran todos los programas, proyectos y actividades que pudieran incumplir con lo establecido en las órdenes ejecutivas de Trump que impactan áreas como migración, energía, entre otros.
Pocas horas después, AliKhan emitió una orden temporal para pausar las disposiciones del memo a raíz de una demanda de varias organizaciones en representación de personas que se verían impactadas por la pausa en la distribución de fondos federales. El miércoles, en otro memo, la OMB informó que había rescindido del anterior, y que, si las agencias tenían dudas al respecto, debían comunicarse con el concejo general correspondiente.
“Los demandantes han provisto numerosas declaraciones para demostrar que muchas organizaciones necesitan inyecciones semanales de fondos federales para continuar operando”, señala la jueza en su memo y orden.
En contraposición, y, según la jueza, los demandados no han suministrado una explicación racional de por qué necesitan congelar toda la asistencia financiera federal con menos de 24 horas de notificación previa para salvaguardar los recursos valiosos de los contribuyentes.
“En lugar de adoptar un enfoque mesurado para identificar el gasto supuestamente despilfarrador, los demandados cortaron el flujo de combustible a una maquinaria nacional vasta y complicada, aparentemente, sin ninguna consideración de las consecuencias de esa decisión ”, expuso AliKhan.
El viernes, otro juez federal pero de Rhode Island, también falló en contra de la Administración Trump al detener la congelación de fondos.
La decisión del juez John McConnell Jr. respondió a una demanda de fiscales generales de 22 estados y el Distrito de Columbia, que argumentaron que el decreto causaría daños graves e irreparables en sus jurisdicciones.
McConnell Jr. prácticamente se basó en premisas similares a las de AliKhan para tomar la decisión, o a que Trump no puede ir por encima de la autoridad del Congreso en el tema de la asignación de fondos.
Temas como el anterior tienen particular eco en territorios como Puerto Rico, donde las autoridades locales manejan, en coordinación con las federales, miles de millones de fondos aprobados por el Congreso para iniciativas que van desde reconstrucción de la infraestructura pública afectada por huracanes y otros desastres naturales, así como para programas de asistencia alimentaria como PAN (Programa de Asistencia Nutricional), WIC (Programa Especial de alimentos suplementarios para Mujeres, Bebés y Niños) y el de Asistencia Temporera para Familias con Necesidades (TANF), entre otros.
Tras conocer del memo, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, dijo que ordenó a las agencias estatales evaluar qué programas podrían verse impactados y ajustar lo que fuera necesario para cumplir con las disposiciones de la OMB.
“Me aseguraré de que Puerto Rico cumpla con los requisitos aplicables y su buen uso para que esos fondos que nuestra gente necesita no se pierdan. Se les ha pedido a las agencias locales que revisen sus programas federales para saber si estos serían impactados, y poder hacer las revisiones o las solicitudes de consideración de caso por caso a OMB”, indicó a través de declaraciones escritas.
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