Jenniffer González reactivará task force para abogar en Washington por paridad en Medicare Advantage y Medicaid
El próximo lunes es la fecha límite para someter comentarios a los Centros de Servicios Medicare y Medicaid sobre el aviso previo de las tarifas MA para 2026
En Puerto Rico, aproximadamente, el 74.1% de los beneficiarios de Medicare están inscritos en un plan MA. Crédito: Pablo Martinez Monsivais | AP
Nueva York – La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, planea reactivar un “task force” o grupo de trabajo especial para que cabildee en Washington D.C. en temas de salud que van desde la falta de paridad en programas como Medicare Advantage para los ciudadanos en la isla y el “precipicio fiscal” de Medicaid, fondos de los que se nutre el plan del gobierno local (Plan Vital).
En un intercambio con miembros de la prensa tras ofrecer este viernes un mensaje en el Foro de Salud de la Asociación de Industriales, González dijo que el Grupo de Trabajo Multisectorial luchará por “financiamiento justo” para estos programas federales en el territorio.
“Una de las cosas que anuncié aquí es la creación o reactivación de un comité de salud para trabajar todos los temas relacionados a la tarjeta de salud, asuntos de Medicare Advantage y todo lo que tiene que ver con asuntos de salud y gobierno a nivel federal. Vamos a estar reestructurando la orden ejecutiva con el componente en el que va a estar la Asociación de Industriales, la Cámara de Comercio y la Asociación de Hospitales, entre otras organizaciones y profesionales de la salud que, en el pasado, nos ayudaron a asegurar los fondos federales”, declaró la primera ejecutiva.
Entre las prioridades del grupo estará presionar para que los Centros de Servicios Medicare y Medicaid (CMS) equiparen los pagos Medicare Advantage (MA) que reciben los ciudadanos en P.R. a los de los estados.
El enfoque del cabildeo el pasado año fue en la dirección de que CMS, adscrito al Departamento de Salud federal, ajustara los pagos para hacerlos equivalentes a los de las Islas Vírgenes (USVI).
En el 2023, el pago base de MA en Puerto Rico era $644 por beneficiario al mes, mientras que en el otro territorio ascendía a $837.
En el caso de EE.UU., la media son $1,099, según los datos expuestos por la gobernadora.
“Eso significa que Puerto Rico está generando mucho menos dinero por un servicio de salud de excelencia, por médicos certificados, simplemente porque viven en la jurisdicción de Puerto Rico. En Islas Vírgenes, reciben $837 por paciente. ¿De dónde surge la diferencia?, la data que se da para justificar el aumento”, argumentó González.
En Puerto Rico, aproximadamente, el 74.1% de los beneficiarios de Medicare están inscritos en un plan MA, el porcentaje más alto de todas las jurisdicciones de EE.UU., de acuerdo con las estadísticas del gobierno federal.
El caso de Medicaid
En cuanto a Medicaid, en septiembre de 2027, expira la asignación aprobada en el Congreso que evitó el llamado “precipicio” o “abismo fiscal” del programa. Las extensiones de fondos suplementarios a corto plazo han evitado el colapso del sistema.
En diciembre de 2022, se aprobó en Washington D.C. el proyecto ómnibus de presupuesto que incluyó $19,400 millones en fondos de Medicaid a Puerto Rico para cinco años, además de elevar a 76% el pareo federal para los servicios cubiertos por el Plan Vital.
La legislación asignó $3,650 millones en fondos de Medicaid para ese primer año fiscal federal; $3,700 millones para el año fiscal 2024; $3,850 millones para el 2025; $4,020 millones para el 2026; y $4,200 millones en el 2027.
“Logramos garantizar un acuerdo de Medicaid hasta el 2027, que nos da muchos más fondos de los que teníamos en años previos y que ha sido la primera vez en estos ocho, nueve o diez años que no tenemos un ‘Medicaid Cliff’, que no tenemos un abismo fiscal en términos de salud”, planteó González sobre las gestiones al tiempo que señaló que es importante empezar a trabajar desde ahora.
Más de 1.7 millones de ciudadanos estadounidenses (aproximadamente, la mitad de la población) que residen en el territorio estaban adscritos a Medicaid para el año fiscal 2023, de acuerdo con datos de CMS.
Sin embargo, el financiamiento en territorios como Puerto Rico difiere del de los estados debido a desigualdades en el Porcentaje de asistencia médica federal o FMAP y el tope anual en fondos federales que, históricamente, se traduce en una cobertura limitada.
“Los 50 estados y (Washington) D.C. reciben fondos federales de Medicaid de forma abierta, con una tasa federal equivalente (Porcentaje de asistencia médica federal o FMAP) que varía según el ingreso per cápita del estado. En contraste, el financiamiento federal anual de Medicaid para los territorios está sujeto a un límite legal con un FMAP fijo del 55%. Si Puerto Rico y USVI fueran tratados como estados, sus FMAP serían la tasa máxima permitida de 83%”, explica un reporte de Kaiser Family Foundation (KFF), organización especializada en el cuidado de salud en EE.UU.
El año pasado, la Administración Biden no acogió las recomendaciones para establecer un mínimo nacional en las tarifas de Medicare Advantage para Puerto Rico equiparable a lo que se paga en Islas Vírgenes. Una coalición de líderes de Puerto Rico y del Congreso, encabezados por entidades como la Asociación de Productos de Medicaid y Medicare Advantage (MMAPA), sumó esfuerzos para presionar por el ajuste.
Una hoja de datos sobre el aviso previo de Medicare Advantage para 2026 en la página web de CMS, publicada el pasado 25 de enero, no contempla el reclamo de la industria de la salud en Puerto Rico para atajar la brecha entre los pagos a Puerto Rico y las demás jurisdicciones de EE.UU.
“La proporción de gente con Medicare que recibe beneficios a través de MA (en oposición a FFS / pago por servicio) es mucho más grande en Puerto Rico que en cualquier otro estado y territorio. Las políticas propuestas y bajo la consideración para el año calendario 2026 continuarán proveyendo estabilidad al programa MA en el Estado Libre Asociado y a los puertorriqueños inscritos en los planes MA. Estas políticas incluyen la base de las tarifas de MA en Puerto Rico en los costos relativamente más altos de los individuos en FFS que tienen tanto las partes A y B del Medicare y aplica un ajuste con respecto a la propensión de los individuos con cero reclamos”, lee la notificación de CMS sobre Puerto Rico.
El periodo de comentarios culmina este lunes, 10 de febrero, antes de que CMS tome una decisión final.
Cabe señalar que, recientemente, la gobernadora envió una carta al presidente Donald Trump, en la que le pidió que interviniera para austar la fórmula de pago de Medicare Advantage en Puerto Rico para 2026.
“Señor presidente, recurro a su liderazgo y acción audaz para apoyar un programa de MA más sólido en Puerto Rico para beneficiar a nuestras personas mayores. Esto se puede lograr garantizando que el programa tenga las herramientas y recursos necesarios para seguir haciendo más con menos, fomentando la medicina basada en valores y haciendo que el sistema sea más rentable para todos”, indicó González en la misiva.
Durante el foro, la gobernadora mencionó además que, como parte de la primera fase de estabilización del sistema de salud, el gobierno de Puerto Rico evitó el cierre de la Sala de Emergencias del Hospital Metropolitano de la Montaña en Utuado y aseguró la continuidad de la Sala de Emergencias del Hospital Metropolitano en Cabo Rojo. Por otro lado, en coordinación con el Departamento de Agricultura, el Departamento de Salud lidera esfuerzos para enfrentar la gripe aviar.
Otros planes en agenda
Otra de las prioridades de González y su equipo es la creación de una unidad de métricas y costos en el Plan Vital para mayor transparencia; la evaluación y expansión de seguros de salud para empleados públicos; y la solicitud de estudios al Instituto de Estadísticas para respaldar ajustes en tarifas de Medicare y Medicaid.
En la agenda de la gobernadora también está fomentar nuevas residencias médicas, establecer incentivos para retener a talentos y agilizar la credencialización de médicos. Adicional, se ha propuesto crear un fideicomiso para el repago de préstamos estudiantiles, y mejorar las condiciones salariales para enfermeros y tecnólogos médicos.
También está sobre la mesa la certificación del Hospital de Trauma del Centro Médico como Nivel 1; expandir el acceso a telemedicina; y eliminar las barreras burocráticas en beneficios de farmacia (PBM).
