Contratos de Medicaid en Puerto Rico: 7 datos para entender auditoría de OIG que señala fallas y retrasos
Los hallazgos contenidos en un informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud federal revelaron que no se cumplió con los requisitos
Medicaid es un programa federal que ayuda a pagar los costos médicos a personas de bajos ingresos o con recursos limitados. Crédito: David Ake | AP
Nueva York – Una auditoría de la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Salud federal (HHS) reveló que Puerto Rico no cumplió a cabalidad con los requisitos de contratación aplicables al programa Medicaid y tampoco con la supervisión de los mismos.
Designación tardía de supervisor
El informe publicado el 27 de noviembre señala que, aunque las autoridades en el territorio sometieron a tiempo una certificación al HHS en relación con trámites de contratación, no designó un líder de supervisión cuando correspondía.
Se suponía que el Departamento de Salud a nivel local nombrara al supervisor para el 29 de junio pasado. Sin embargo, no fue hasta el 5 de septiembre que completó el proceso, especifica el reporte.
Tres contratos en disputa
Adicional, los hallazgos apuntan a que se certificaron tres contratos que no cumplían con los estándares federales de adquisiciones competitivas.
“En específico, el Departamento de Salud sometió a tiempo una certificación a HHS que incluyó cinco contratos cubiertos con fondos Medicaid; sin embargo, no se designó un líder de supervisión de manera oportuna. Adicional, el Departamento de Salud certificó tres contratos que no cumplían con los estándares federales de adquisiciones competitivas”, lee el documento de 33 páginas.
De acuerdo con la OIG, lo anterior ocurrió debido a que las políticas y procedimientos del Departamento de Salud no se ajustaron o atendieron todos los estándares federales de adquisición competitiva.
El Departamento de Salud no mitigó riesgo de fraude
“Como resultado, el Departamento de Salud no mitigó el riesgo de fraude, malgasto o abuso o aseguró una competencia justa”, añade el texto.
Los procesos de adquisiciones para Medicaid relacionados con servicios profesionales inician con una evaluación en la que el Departamento de Salud en Puerto Rico identifica una necesidad que puede ser subsanada con productos o servicios. Generalmente, los contratos por servicios profesionales que totalizan más de $150,000 dólares deben asegurarse de manera competititva. Este proceso debe iniciar con una solicitud de propuesta (request for proposal / RFP).
En el caso de los contratos en disputa mencionados en el informe, uno de los tres por servicios profesionales se concendió a través de una enmienda utilizando una adquisición no competitiva. El argumento de las autoridades en la isla fue que era una continuación de servicios, lo que es permitido bajo las regulaciones locales. Sin embargo, lo anterior no es una excepción en términos de estándares federales.
Los otros dos contratos, el Departamento de Salud los otorgó sin proceso competitivo y sin documentar si alguna de las excepciones bajo los estándares de adquisiciones federales era aplicable. El argumento de la agencia en Puerto Rico fue que, en estas instancias, las disposiciones federales no aplicaban a los contratos, ya que estos estaban en cumplimiento con las leyes locales y en conformidad con los estándares.
No es la primera vez que gobierno federal señala fallas
No es la primera vez que una entidad federal identifica problemas con el proceso de adquisiciones a través de fondos Medicaid.
En el 2020, destaca el reporte, la OIG completó una evaluación de riesgos del programa Medicaid en Puerto Rico que evaluó sus contrataciones como un área de alto riesgo debido a arrestos, referidos e investigaciones relacionadas con fraude en contrataciones.
En el 2021, la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (GAO) encontró que la mayoría de las transacciones de adquisiciones que revisó no incluían pasos importantes para promover la competencia y mitigar el riesgo de fraude y otras fallas.
Impacto de Ley de Apropiaciones Consolidadas de 2023
El informe divulgado este mes responde a las disposiciones de la Ley de Apropiaciones Consolidadas de 2023. Dicho estatuto establece que las autoridades en el territorio deben tomar acciones para reforzar la integridad del programa Medicaid. Adicional, le requiere a OIG evaluar e informar sobre el cumplimiento de Puerto Rico con la misma.
“(La ley) proveyó más de $19,000 millones en fondos para el programa Medicaid en Puerto Rico y extendió la tasa federal equivalente hasta fines del año fiscal 2027. La ley le require a Puerto Rico completar ciertas acciones…dentro de periodos específicos para reforzar la integridad del programa Medicare”, indica el informe.
La Ley de Apropiaciones del 2020 había dispuesto que Puerto Rico publicara un plan de reforma de contrataciones para Medicaid y divulgar reportes del estatus del plan. Además, que GAO le notificara a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) sobre los procesos de adquisiciones y competencia.
La versión del 2022 de la ley estableció que Puerto Rico debía reportar al Congreso sobre los procesos y los estándares utilizados para los contratos bajo el programa Medicaid.
Las recomendaciones de OIG
A raíz de los hallazgos de la evaluación más reciente realizada entre octubre de 2023 y septiembre de 2024, la OIG le recomendó a las autoridades en la isla actualizar las políticas y procedimientos de supervisión de contrataciones y adquisiciones para que cumplan con los estándares federales, incluyendo políticas y procedimientos relacionados con contratos de arrendamiento, bienes y servicios no profesionales, así como atender el rol del líder de supervisión y el proceso de certificación. Además, emplazaron a Salud a proveer entrenamiento a su personal sobre políticas y procedimientos. El Departamento respondió detallando los pasos que ha tomado y planea tomar para atender los señalamientos.
La respuesta del Departamento de Salud en Puerto Rico
La agencia estatal no indicó en sus respuestas concurrencia o no concurrencia con las recomendaciones.
Sin embargo, el Departamento dijo estar en desacuerdo con el hallazgo de la designación del supervisor el 5 de septiembre. Argumentaron que el funcionario empezó a cumplir con sus obligaciones el 26 de julio, cuando se unió al programa Medicaid en Puerto Rico. Declararon además que fue designado el 3 de agosto con fecha efectiva de 26 de julio. Según el Departamento, la designación tardía no impactó las labores de supervisión requeridas, ya que sometieron a tiempo una certificación de contratos al secretario de HHS.
Medicaid es un programa de seguro médico del gobierno federal para personas de bajos ingresos.
En Puerto Rico, es el Departamento de Salud en coordinación con la Administracion de Seguros Salud de Puerto Rico (ASES) el que implementa y administra los fondos del sistema de seguro que impacta a la mitad de los residentes.
En los 50 estados y el Distrito de Columbia el gobierno federal iguala los gastos con base en la fórmula conocida como FMAP o Porcentaje de Asistencia Médica Federal. En otras palabras, estas demarcaciones reciben fondos ilimitados bajo un porcentaje específico de los gastos por servicios médicos suministrados a las personas inscritas en Medicaid.
FMAP es el porcentaje de los gastos totales de Medicaid que CMS reembolsa.
En el caso de territorios como Puerto Rico, los beneficiarios reciben una asignación anual fija a través de una subvención en bloque o “block grant”, por lo que el financiamiento se queda corto para cubrir los costos de atención médica.
