Comité de Puerto Rico ante la USCCR realiza este jueves panel sobre disparidad en programas federales en el territorio
El presidente del Comité Asesor de Puerto Rico ante la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos adelantó detalles sobre la serie de paneles
Vista del exterior de la Corte Suprema de Estados Unidos. Crédito: Jon Elswick | AP
Nueva York – El impacto de la disparidad en fondos para programas federales como Medicaid, Medicare y Seguro Social en Puerto Rico será parte central de la nueva serie de paneles virtuales que realizará a partir de mañana el comité asesor de la isla ante la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos (USCCR), confirmó el presidente del organismo, Andrés Córdova Phelps.
En entrevista con El Diario, el profesor de derecho reveló que, como parte de la discusión que empieza con el primer panel este jueves, se evaluará el tratamiento que recibe el territorio en ese renglón en comparación con otras jurisdicciones.
“El manejo de Puerto Rico por distintas entidades federales y cómo lo clasifican para fines de su participación en diferentes programas; entre ellos, obviamente, el Medicare y Medicaid, el Seguro Social o SSI (Seguridad de Ingreso Suplementario), que es un caso grande”, explicó Córdova Phelps sobre la nueva ronda de intercambios.
“Todo esto para subrayar cómo Puerto Rico no está en posición de igualdad en el Congreso para fines de competir por las diferentes asignaciones de fondos o de participación de diferentes programas (federales)”, precisó el entrevistado.
De acuerdo con el abogado, unas 14 personas participarán de esta ronda, algunos de los que someterán por escrito sus ponencias.
Las discusiones forman parte del estudio en curso del comité sobre la doctrina de Casos Insulares del Tribunal Supremo de Estados Unidos, el territorio no incorporado y su impacto en los derechos civiles de los residentes de la isla. Distintos expertos ofrecerán sus perspectivas sobre subtemas vinculados directamente con el tema macro de los Casos Insulares.
El panel que se llevará a cabo por Zoom, mañana, se titula “Perspectivas sobre la estructura y organización de los programas federales en Puerto Rico”.
Entre las ponencias se encuentra la de personal del Censo de Estados Unidos que explicarán cómo el conteo poblacional que realizan impacta el diseño de programas sociales y su impacto en Puerto Rico.
“Van a comparecer y hablar sobre el conteo de la población, que, como sabes, es una institución que, no solo sirve para fines de la redistribución (de distritos congresionales), también para los cómputos de personas y su participación en programas del Congreso. Vamos a tener su testimonio”, detalló.
También se espera la presencia de miembros de la administración del expresidente Bill Clinton familiarizados con los procesos legislativos y de cabildeo en cuanto a temas de esta naturaleza.
Abogado del caso Vaello-Madero estaría deponiendo
Otro deponente sería Hermann Ferré, el abogado que representó a José Luis Vaello-Madero ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso por los beneficios de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) que se le negaron.
El caso Vaello-Madero, considerado parte de la “nueva cepa” de Casos Insulares, es emblemático del trato desigual a Puerto Rico en comparación con los estados por ser territorio no incorporado.
En el informe divulgado en febrero pasado en el que se expone la visión general del proyecto de investigación se menciona el testimonio de la licenciada Isabel Abislaimán-Quílez, quien representa a Emanuel Rivera Fuentes, uno de los demandantes en el pleito federal de clase para extender el SSI a Puerto Rico.
“En el 2019, Rivera Fuentes, quien sufre de impedimentos graves a causa de una parálisis cerebral, fue a solicitar el SSI en las oficinas de la Administración de Seguro Social en Puerto Rico y fue puesto en una lista de espera. En julio de ese año, recibió una carta con la determinación de no elegibilidad diciendo: ‘El beneficio de SSI no se paga en Puerto Rico’”, relató Abislaimán-Quílez ante el comité.
Tras el inicio de la demanda de clase, 11 personas se sumaron al litigio. La decisión del caso se demoró como resultado de la de Vaello Madero.
El comité también menciona en el memo la ponencia de Betzaida Ramos, directora de la organización Movimiento para el Alcance de Vida Independiente, quien citó un estudio en colaboración con la agencia federal National Disability Council sobre el estado de la calidad de vida y recursos para las personas discapacitadas en Puerto Rico.
“Ella compartió que los resultados del estudio comprueban disparidades que existen en programas de asistencia como Medicaid, SSI, Medicare, NAP (PAN) versus SNAP, y asistencia en desastre cuando se compara Puerto Rico, no solo con los estados, pero también con otros territorios. Además, la Sra. Ramos explicó que la cantidad de fondos asignados a estos programas se calcula por medio de los programas “block grant” (subvención en bloque), que son apropiados por el Congreso a través de fórmulas que se utilizan para los territorios, y estos fondos son considerablemente más bajos que lo que se asigna a los mismos programas en los estados”, lee el memo del comité asesor de Puerto Rico titulado “Los Casos Insulares y la Doctrina del Territorio No Incorporado y sus efectos en los derechos civiles de los residentes de Puerto Rico”.
Otros temas que ha abordado el comité son las perspectivas económicas y el sistema contributivo en Puerto Rico en relación con la doctrina, y el impacto de la jurisprudencia federal en los derechos electorales de los boricuas.
Los tres paneles este mes serán los últimos que realizará el comité antes de enviar un informe final con recomendaciones a la USCCR.
“(El informe) se envía a la Comisión de Derechos Civiles en Washington D.C., y la comisión delibera y decide si acoge o no las recomendaciones…Si las acoge como suyas, entonces ellos las envían al Congreso, a la Casa Blanca y a todas las dependencias gubernamentales”, explicó el también presidente de la Junta de Educación Jurídica Continua del Tribunal Supremo de Puerto Rico.
En la primera parte de la entrevista con El Diario, Córdova Phelps afirmó que la doctrina de los Casos Insulares del Tribunal Supremo es racista en su fondo y discrimina contra los ciudadanos estadounidenses en el territorio.
A juicio de Córdova Phelps, basta estar familiarizado con el impacto de la Ley PROMESA en Puerto Rico para que los boricuas sigan la discusión que encabeza el comité sobre el efecto de la doctrina de los Casos Insulares y del territorio no incorporado en la cotidianidad de sus vidas.
“La mejor justificación para atender esto es lo que hemos estado viviendo por los últimos 9 años, que es la Ley PROMESA (Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico). Tenemos una Junta de Supervisión Fiscal (FOMB) que es la que toma las decisiones finales sobre el manejo del presupuesto del gobierno de Puerto Rico. Nosotros no tenemos voz ni voto en Washington D.C.; no tenemos verdadera opinión en las decisiones, y eso es una situación, a mi juicio, inaceptable, bajo un sistema republicano y democrático de gobierno…”, expuso el experto.
En el 2020, el Tribunal Supremo determinó, de manera unánime, que los nombramientos de los miembros de la Junta, que controla las finanzas de la isla desde el 2016, cumplen con la Constitucion.
En resumen, el máximo foro decidió que el proceso para la selección no viola la Cláusula Constitucional de Nombramientos porque los deberes de la Junta son principalmente locales y no federales.
Lo anterior significa que los integrantes del organismo creado en virtud de la Ley PROMESA, aprobada en el Congreso, no tienen que ser nombrados por el presidente y confirmados por el Senado, como establece la cláusula de nombramiento.
Los Casos Insulares fueron una serie de decisiones que tomó la Corte Suprema durante el siglo pasado bajo las que se estableció un marco legal que legitima la gobernanza desigual hacia los territorios adquiridos por Estados Unidos después del 1898.
Los Casos Insulares definieron y diferenciaron entre “territorio incorporado” y “territorio no incorporado” y se han convertido en la justificación legal para tratar a los ciudadanos en territorios como Puerto Rico de manera discriminatoria. A los habitantes de los territorios no incorporados no se le garantizan los mismos derechos constitucionales que a los de los incorporados.
Próximos paneles del Comité Asesor de Puerto Rico ante la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos
Panel II: Perspectivas sobre el acceso a los programas federales en Puerto Rico
jueves, 13 de marzo de 2025
3:30 p.m. hora del Atlántico/hora del Este
Panel III: Perspectivas sobre el papel de la raza y la etnicidad en la relación entre Puerto Rico y el gobierno federal
viernes, 14 de marzo de 2025
12:00 p.m. hora del Atlántico/hora del Este
Los paneles se realizarán en inglés a través de Zoom, con interpretación en español disponible.
Los interesados también pueden presentar comentarios públicos en cualquiera de los tres paneles al finalizar las presentaciones programadas y la sesión de preguntas y respuesta. También pueden enviar su testimonio por escrito al correo vmoreno@usccr.gov antes del 14 de abril de 2025.
