Delia Ramírez dice que es momento de poner freno a estadounidenses criptoinversores que evaden impuestos federales bajo Ley 22 en Puerto Rico
Junto a las demócratas de Nueva York, Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, la congresista de Illinois presentó recientemente una medida a esos fines
La representante demócrata de Illinois, Delia Ramirez (con vestido azul), en el exterior del Congreso. Crédito: Patrick Semansky | AP
Nueva York – La representante demócrata de Illinois, Delia Ramírez, dijo que si los republicanos quieren aprobar una ley seria de impuestos tienen que poner en cintura a los estadounidenses que se relocalizan en Puerto Rico bajo decretos de Ley 22 para no pagar impuestos al fisco federal.
“Yo estoy en comités día y noche en los que los republicanos están diciendo que no tenemos suficientes ingresos para nuestro presupuesto y que hay gente que se está aprovechando del sistema y no está pagando impuestos. Bueno sí, los hay, y muchos de ellos se están yendo a Puerto Rico, y por la Ley 22 no están pagando impuestos. Así que para los republicanos que tienen esa conversación, supuestamente de eficiencia, debemos asegurarnos que estamos haciendo todo para poder detener el fraude. La Ley 22 de muchas maneras está dejando que ciudadanos americanos vayan a la isla y hagan fraude. No están pagando sus impuestos federales en un momento en que estamos negociando la ley de impuestos de los próximos años…”, planteó Ramírez en entrevista con El Diario.
Las declaraciones de la congresista, que también representa a constituyentes boricuas en el referido estado, se dieron luego de presentar, junto a las demócratas de Nueva York, Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, la “Ley de Tributación Justa de los Activos Digitales en Puerto Rico de 2025” (Fair Taxation of Digital Assets in Puerto Rico Act of 2025).
La medida propone enmendar el Código de Rentas Internas de 1986 para modificar la aplicación de las reglas de procedencia de los ingresos por activos digitales y que los inversionistas en criptomonedas paguen la parte que les corresponde mientras se benefician de decretos fiscales bajo la Ley 22 (Ley para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico)
Actualmente, los ingresos de actividades relacionadas con activos digitales, como la minería o “staking” pueden quedar exentos del pago de impuestos federales si son clasificados como si fueran de origen puertorriqueño.
Mediante la Ley 22, se exime a los beneficiarios del pago de impuestos de dividendos, intereses, acciones y ganancias de capital. La intención detrás de la ley local era que estos extranjeros se establecieran en la isla, invirtieran, crearan empleos y contribuyeran al desarrollo económico de la isla.
El estatuto establece que los inversionistas cobijados bajo la Ley 22 deben adquirir una vivienda, ser residentes “bona fides” de la isla y permanecer en el territorio por un período de 183 días al año, entre otros requisitos. Los detractores de la medida, entre los que se encuentra Ramírez, entienden que el estatuto no ha cumplido con su propósito, y que, más bien, ha convertido el territorio en un paraíso fiscal en el que estadounidenses adinerados, muchos de estos criptoinversores, se han apoderado del mercado inmobiliario llevando a un aumento en el costo de la vivienda.
La legislación presentada por las congresistas busca atender parte de los problemas con la Ley 22, al tiempo que vela por los ingresos federales.
“Nosotros vamos a tener que pasar una ley ahora, porque van a pasar años antes de poder tener esta conversación nuevamente”, emplazó Ramírez en referencia a las discusiones en el Congreso sobre el tema impositivo.
Actualmente, y, luego de concurrir en una resolución presupuestaria que sienta las bases para trabajar en un futuro proyecto de ley de reconciliación, los legisladores en Washington D.C. discuten una ley de impuestos.
Se espera que la legislación incluya extensiones a la Ley de Reducción de Impuestos y Empleos de 2017 (TCJA), que promulgó el presidente Donald Trump durante su primer mandato, entre otras disposiciones.
“En estos momentos estamos teniendo las conversaciones y discusiones acerca del proyecto de ley de impuestos, y muchos de nuestros colegas están diciendo que estamos quebrados, y al mismo tiempo están hablando de billones en exenciones fiscales para los más ricos. Y yo creo que si nosotros vamos a tener una conversación real sobre cómo manejamos los impuestos y el Servicio de Rentas Internas (IRS), creo que también tenemos que hablar de los impuestos justos para los activos digitales en la isla”, argumentó la representante del ala más progresista del Partido Demócrata.
Ramírez explicó que en el caso del proyecto de ley que presentó junto a Velázquez y AOC, el mismo aplica a las personas que están usando criptomonedas para inversión o del dinero derivado de las inversiones en activos digitales.
“Sabemos que si vivieran en Estados Unidos, tendrían que pagar esos impuestos, así que para nosotros es importante. Si estás en Puerto Rico o estás en Chicago, la ley es la ley y tienes que pagar tus impuestos”, afirmó.
El foco de la pieza legislativa es cerrar la laguna fiscal en el Código de Rentas Internas federal que está siendo explotado por criptoinversores que se trasladan al archipiélago amparados bajo la Ley 22.
“Queremos cerrar la laguna fiscal en el Código de Rentas Internas federal que está siendo explotado en estos momentos por criptoinversores al reclamar que viven en Puerto Rico para evadir impuestos; cerraría esa laguna y le requeriría que pagaran los impuestos por los activos digitales en los que han incurrido como resultado de las inversiones en criptomonedas”, abundó la representante.
Ramírez, de origen guatemalteco, anticipó que, en las próximas semanas, esperan recibir un informe del IRS con datos específicos sobre la cantidad de dinero que está perdiendo el gobierno federal debido a los ciudadanos que se trasladan a Puerto Rico para evadir impuestos.
“Nosotros tenemos una idea, pero ese reporte nos va a dar a nosotros la información necesaria para continuar convenciendo a los colegas republicanos que si para nosotros es importante cerrar esa laguna fiscal; para nosotros es importante que tengamos los fondos necesarios y que se siga la ley, que se estén pagando los impuestos correctamente. Vamos a tener que pasar esta ley, porque de verdad nos está costando dinero; estamos perdiendo dinero por la Ley 22”, insistió.
Sobre el apoyo republicano a la medida, dijo que, al momento, ningún congresista la ha co-auspiciado.
“Pero estamos hablando con ellos, y, obviamente, estamos negociando la ley de impuestos”, recalcó.
“Yo tengo colegas en los comités que calladamente me dicen, ‘deberíamos hacer eso, pero nos están diciendo que no podemos hacer nada con demócratas’, o que no pueden colaborar en asuntos críticos”, señaló la congresista.
El IRS lleva desde el 2021 investigando a unos 100 recipientes de los decretos por alegadamente mentir sobre su estancia en la isla para evitar pagar impuestos en EE. UU. sobre los ingresos de origen estadounidense.
En una entrada en su página web en julio del 2023, la agencia indicó: “Recientemente, identificamos alrededor de 100 personas de altos ingresos que reclaman beneficios en Puerto Rico sin cumplir con las reglas de residencia y fuente relacionadas con las posesiones de los EE. UU. Estas personas adineradas están tratando de evitar los impuestos de los EE. UU. sobre los ingresos de origen estadounidense, y esperamos que muchos de estos casos procedan a una investigación penal”.
Esta no es la primera iniciativa legislativa que presenta Ramírez contra beneficiarios de la Ley 22 que abusan del alcance de la misma para evadir su responsabilidad fiscal.
En octubre pasado, presentó la resolución “Unidos con los puertorriqueños opuestos a los riesgos de la Ley 22” (UPROAR). La pieza buscaba poner un freno a las lagunas fiscales federales que permiten a los estadounidenses ricos eludir su responsabilidad de pagar impuestos locales y federales.
La postura del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) de Puerto Rico es que los incentivos a individuos inversionistas arrojan un retorno de inversión positivo o de, aproximadamente, 10%. También rechazan que la llegada de estas personas haya agravado la crisis de vivienda bajo el argumento de que, en cuanto a residencias, los beneficiarios de los decretos han adquirido unas 4,800 bajo la Ley 22. El gobierno local sostiene además que hay otros factores que no tienen que ver con el estatuto y que desde el 2020 han incrementado el costo de las viviendas.
Los opositores a la Ley 22 han cuestionado la falta de fiscalización por parte del DDEC a los decretos.
Precisamente, esta semana, el secretario del DDEC, Sebastián Negrón Reichard, informó que los negocios exentos e inversionistas beneficiarios de las leyes 20 (para Fomentar la Exportación de Servicios que ofrece incentivos fiscales a las empresas que exportan servicios desde Puerto Rico) y la 22 deben presentar sus Informes Anuales (IANE) antes de la fecha límite del 15 de mayo.
Parte de las exigencias de los decretos concedidos bajo Ley 22 es que estos individuos tienen que presentar, anualmente, documentación con información sobre el negocio, los accionistas, las exenciones fiscales otorgadas, la inversión y empleos generados en Puerto Rico.
“Seremos bien rigurosos y estrictos con la fiscalización y cumplimiento de todos los requisitos que rigen estas y las demás industrias cobijadas bajo el Código de Incentivos de Puerto Rico”, dijo Negrón Reichard en declaraciones escritas.
El DDEC se atribuye haber revocado 315 decretos de Ley 22 entre 2021 y 2024 versus los 29 entre el 2012 y 2020. La mayoría de las revocaciones fueron, precisamente, porque los beneficiarios no presentaron sus informes anuales.
Cuando se revoca uno de estos acuerdos de exención, se aplican sanciones retroactivas que se traducen en el pago de contribuciones desde la fecha de incumplimiento.
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