Campaña de firmas en respaldo a proyecto de ley que busca proteger a migrantes de redadas de ICE en espacios “sensibles” en Puerto Rico
La ACLU de Puerto Rico anunció el inicio de un esfuerzo de recolección de firmas y endosos digitales en favor del Proyecto de la Cámara 331
Vista del exterior del Capitolio en San Juan, Puerto Rico. Crédito: Alejandro Granadillo | AP
NUEVA YORK – Como parte de la campaña multimedia “Migrar no es un crimen”, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Puerto Rico informó del inicio de un esfuerzo para recolectar firmas digitales con el fin de impulsar la aprobación del Proyecto de la Cámara 331 que busca proteger a las personas de intervenciones de agentes federales en lugares considerados “sensibles”.
La acción, denominada “Migrar no es un crimen: protege a la comunidad migrante en Puerto Rico”, fue anunciada este lunes.
El Proyecto de la Cámara 331, que se presentó a pedido de la ACLU, busca prohibir que agentes de la Policía de Puerto Rico, ya sea estatales o municipales, colaboraren con agencias federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en redadas y arrestos sin una orden judicial válida. La medida además busca evitar que se detenga o arreste a personas sin un motivo fundamentado.
La legislación, introducida el 13 de febrero pasado por representantes del Partido Popular Democrático (PPD) y del Independentista Puertorriqueño (PIP), además define y amplía los lugares considerados sensibles, entre los que se encuentran escuelas, hospitales y recintos religiosos. También establece directrices para evitar intervenciones arbitrarias que afecten servicios esenciales desde estos lugares.
De acuerdo con el comunicado, con la iniciativa se busca que la Asamblea Legislativa avance en la evaluación y aprobación del proyecto. A través de la página web habilitada por la ACLU, las personas pueden someter su firma y también un correo electrónico directo a los 51 miembros de la Cámara de Representantes.
“Este proyecto propone reforzar la protección de los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, con un énfasis particular en aquellos espacios que históricamente han sido reconocidos como lugares sensibles”, indicó Lolimar Escudero Rodríguez, abogada de Política y Legislación de la ACLU de Puerto Rico.
Una introducción en la página de firmas resalta que el Proyecto de la Cámara 331 busca fortalecer los derechos humanos y la dignidad de todas las personas independientemente de su estatus migratorio.
“Con las políticas inhumanas del presidente Donald Trump acechando, es vital asegurar que nadie tenga que elegir entre acceder a servicios básicos o temer por su estatus migratorio”, lee el sitio.
“Este proyecto es una defensa contra las tácticas que socavan la confianza en la Policía y desvían recursos locales, priorizando la seguridad pública de todos”, añaden desde la ACLU.
La carta describe el proyecto como uno “vital” y de justicia ante las políticas migratorias discriminatorias del gobierno federal.
“La iniciativa busca asegurar que las autoridades estatales y municipales no colaboren de manera indebida en la aplicación de leyes de inmigración que puedan derivar en prácticas discriminatorias, allanamientos sin orden judicial válida o detenciones arbitrarias”, lee parte de la misiva virtual.
La organización argumenta que la mayoría de los arrestos en Puerto Rico, que están aumentando dramáticamente, corresponden a migrantes que no han cometido delitos penales, y se han realizado en violación a derechos constitucionales como el debido proceso de ley.
El llamado plantea que la acción de la Administración Trump de eliminar la política que limitaba el acceso de agentes migratorios federales en espacios sensibles también atenta contra los derechos de las personas.
“Los lugares sensibles constituyen lugares seguros de refugio reconocidos por el derecho de gentes, incluso en tiempos de guerra, y son parte de las normas imperativas de derechos humanos que todo país viene obligado a respetar. Esta norma responde a valores superiores que son parte del derecho humanitario y del derecho de solidaridad entre los pueblos”, expone el texto.
La carta hace especial énfasis en la necesidad de que la categoría de lugar sensible aplique a espacios como tribunales.
“Llevar a cabo arrestos por agentes federales de inmigración en los tribunales crea un efecto perturbador y amenazante, que impide que las personas llamen a la policía para pedir ayuda o comparezcan ante los tribunales. Se crea un problema de acceso a la justicia. Esto tiene serias implicaciones para la seguridad pública en las comunidades de todo el país”, alertan.
La ACLU reafirma que las redadas en lugares sensibles violan los derechos constitucionales a la salud, educación y libertad religiosa, entre otros.
“Además, ante las intervenciones abusivas y discriminatorias en lugares protegidos, los oficiales de seguridad estatal y municipal podrían enfrentarse a reclamaciones judiciales por violaciones a derechos civiles”, advierten.
“Este proyecto procura establecer protecciones claras en lugares designados como ‘sensibles’, para garantizar que las personas migrantes y sus familias puedan vivir sin miedo y satisfacer sus necesidades básicas, buscar servicios esenciales, como la educación y la atención médica, o practicar su fe libremente mientras normalizan su estatus migratorio”, explican sobre el alcance que tendría el proyecto de convertirse en ley.
Otro fin de la medida, según se establece en el pedido, es limitar y regular la intervención de la Policía de Puerto Rico con migrantes, proteger la información privada para que las entidades gubernamentales e instalaciones de salud, entre otros lugares, no recopilen ni divulguen datos relacionados con el estatus migratorio de una persona.
La carta también hace un llamado a los gobiernos estatales y municipales para que no cedan a las intenciones de Trump de usarlos para incrementar su agenda de arrestos y deportaciones masivas.
“Lo último que los gobiernos locales deberían hacer es usar el dinero de los contribuyentes para financiar esta agenda. Los estados tienen la responsabilidad de diseñar e implementar políticas que reivindiquen los derechos humanos”, puntualiza la carta.
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