Demócratas en la Cámara federal piden a la Junta información “urgente” sobre recortes de fondos a ONGs en Puerto Rico
El grupo expresó “profunda preocupación” por los recortes en el financiamiento a estas entidades que, entre otras cosas, afectan servicios esenciales
Robert Mujica fue director de presupuesto del estado de Nueva York. Crédito: Hans Pennink | AP
NUEVA YORK – Seis demócratas en la Cámara de Representantes federal le pidieron al director de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico (FOMBPR), Robert Mujica, datos sobre la disponibilidad de fondos federales para el sector de las organizaciones sin fines de lucro en la isla.
El reclamo “urgente” fue hecho por medio de una carta con fecha del 11 de diciembre en la que el grupo expresó “profunda preocupación” por los recortes en el financiamiento a estas entidades que, entre otras cosas, afectan los servicios esenciales que se brindan a la ciudadanía y las oportunidades de empleo.
“Es urgente que la Junta de Supervisión y Gestión Financiera proporcione al Congreso información sobre sus esfuerzos para monitorear la disponibilidad de fondos federales para el sector cívico, incluyendo las cantidades que recibe a través del gobierno central. Su ausencia podría afectar significativamente la planificación fiscal de Puerto Rico, especialmente considerando los datos sobre sus contribuciones a la economía, las principales agencias estatales y los esfuerzos de recuperación ante desastres”, indicaron los legisladores en la misiva.
Los congresistas argumentaron que, a pesar de la importancia que revisten estas organizaciones para impulsar la economía y la estabilidad fiscal de Puerto Rico, “algunas de las políticas más drásticas de la Administración Trump han puesto en riesgo su existencia”.
Los firmantes mencionaron algunos de los programas que se financian con fondos federales en los que se han reportado reducciones de fondos tras la llegada de Trump.
“Entre los programas que han sufrido recortes significativos se encuentran el programa de Visitas Domiciliarias para Madres, Bebés y Niños Pequeños (MIECHV), los programas de la Ley de Víctimas del Delito (VOCA) y el programa de Instituciones al Servicio de la Comunidad Hispana (HSI). Sin embargo, la información disponible sobre el impacto y el alcance de estos recortes, así como sobre los planes del Gobierno para garantizar la continuidad de estos servicios, es muy limitada. Algunas organizaciones han declarado públicamente que desconocen la existencia de un plan de acción estatal que, al menos, garantice la disponibilidad de servicios para poblaciones altamente vulnerables, como las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos”, señalaron en el documento.
Los datos que maneja Filantropía Puerto Rico y Estudios Técnicos Inc. que son citados en la carta apuntan a la existencia de más de 13,863 organizaciones sin fines de lucro activas en la isla.
“Cada una emplea un promedio de 18 trabajadores, lo que en 2020 representó el 15% del empleo privado total del territorio (100,000 empleos). Ese mismo año, cerca de 735,000 voluntarios —equivalentes a 45,052 trabajadores a tiempo completo— generaron un valor económico de $1,230 millones. El peso del Tercer Sector en la economía es tal que, si se calculara como un componente del Producto Interno Bruto (PIB) del territorio, sería comparable al de la industria del turismo”, resaltaron los legisladores.
Unas 693,150 de personas se benefician cada año del trabajo de estas organizaciones, cuyas contribuciones se concentran en los sectores de salud y educación.
“En 2020, las organizaciones que ofrecían servicios de salud tuvieron una nómina de $1,719 millones, mientras que las que ofrecían servicios educativos tuvieron una nómina de $1,143 millones. De hecho, el Departamento de la Familia y el Departamento de Salud contratan al mayor número de organizaciones para la prestación de servicios”, añadieron.
La carta también enfatizó en cómo estas entidades hacen más con menos en comparación con el Gobierno.
“Un análisis de los costos evitados reveló que por cada dólar que una organización sin fines de lucro gasta en la prestación de un servicio de salud, el Gobierno gasta $4. En el sector educativo, por cada dólar que una organización sin fines de lucro gasta en la prestación de un servicio, el Gobierno gasta $17.8”, expusieron en el texto.
La misiva además incluyó el dato de que la Junta en su Plan Fiscal de 2024 reconoció que, para que el Departamento de Educación de Puerto Rico pueda completar sus reformas educativas, debe trabajar en estrecha colaboración con las ONGs.
Otra área en la que las organizaciones son clave es en la de respuesta por desastres.
En esa dirección, el escrito resaltó que, en 2022, una de cada 10 brindó servicios relacionados con respuesta a emergencias. “Además, aproximadamente, dos de cada 10 organizaciones recibieron fondos para abordar los impactos de los huracanes de 2017 y los de 2020 por terremotos y la pandemia. De hecho, la mayoría de las 3,000 ONG que se crearon tras el paso de los huracanes Irma y María se centran en el desarrollo económico y comunitario”, agregaron.
Otro problema que enfrentan estas organizaciones y que está establecido en el documento es la reducción en financiamiento privado en comparación con los años justo después de los huracanes Irma y María en el 2017.
“Un factor de riesgo adicional para las ONG puertorriqueñas es la continua disminución de la financiación privada en comparación con los años inmediatamente posteriores a los huracanes Irma y María. Si bien los datos precisos son limitados, un análisis realizado por Filantropía Puerto Rico reveló que la isla recibió más de $375 millones de dólares en contribuciones en efectivo de tan solo 41 organizaciones donantes entre 2017 y 2023; sin embargo, ocho años después, estos niveles de financiación están disminuyendo para muchas organizaciones”, especificaron.
Por otro lado, las entidades con estatus de exención fiscal federal dependen mucho más de fondos federales que las de Estados Unidos, plantearon los representantes.
“De las 297 entidades sin fines de lucro en Puerto Rico que presentaron el Formulario 990 ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS) en 2021, el 84.2% recibió aproximadamente $599 millones de dólares en fondos federales. En comparación, alrededor del 70% de las organizaciones sin fines de lucro en Florida (69.9%) y Nueva York (69.5%) dependen de fondos federales. A nivel de EE.UU. y sus territorios, la proporción alcanza el 67.3%. Como resultado, las organizaciones objeto de este estudio corren el riesgo de sufrir un déficit financiero del 30.9% debido a los recortes y congelaciones masivas de fondos implementados por la administración Trump”, calcularon.
Los congresistas pidieron a Mujica contestar, no más tarde del 7 de enero de 2026, una serie de preguntas relacionadas, por ejemplo, con el pedido de información que le hizo la Junta a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) de Puerto Rico sobre los fondos federales que han sido cancelados. El grupo busca determinar si el análisis ayudará a evaluar los impactos individuales de la escasez de financiación en el sector cívico, los municipios y las agencias.
También solicitaron respuestas sobre potenciales planes de acción elaborados por el gobierno de Puerto Rico para garantizar la prestación de servicios esenciales en medio de los recortes y la congelación de fondos.
Aparte de Nydia Velázquez, de NY, quien encabeza el esfuerzo, la carta fue firmada por los también legisladores neoyorquinos Alexandria Ocasio-Cortez y Ritchie Torres, así como por el comisionado residente Pablo José Hernandez. Estos cuatros son de origen boricua.
Los otros dos representantes son Raja Krishnamoorth y Delia Ramírez, ambos de Ilinois.
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