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Nydia Velázquez tilda de “indignante” respuesta de la Junta sobre recorte de fondos federales a organizaciones en Puerto Rico

La demócrata de NY cuestionó la supuesta inacción de la Junta de Control Fiscal para proteger el financiamiento a entidades sin fines de lucro en Puerto Rico

Congresista boricua Nydia Velázquez

La representante de origen boricua de NY, Nydia Velázquez. Crédito: Susan Walsh | AP

NUEVA YORK – La representante demócrata de Nueva York, Nydia Velázquez, tronó contra la supuesta inacción de la Junta de Control Fiscal (FOMBPR) para garantizar el financiamiento a organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico a raíz del recorte en fondos federales.

Por medio de una publicación en sus redes sociales este martes, Velázquez, quien es de origen boricua, catalogó de “indignante” la respuesta que dio la Junta al Congreso de Estados Unidos sobre el manejo de fondos federales para entidades del tercer sector en la isla.

Escribí directamente a la Junta de Supervisión Fiscal exigiendo respuestas sobre el futuro de las organizaciones sin fines de lucro que son vitales para Puerto Rico. Su respuesta es indignante: el Gobierno de Puerto Rico no tiene ningún plan para proteger a las ONG ante los recortes y la congelación de fondos federales”, expuso la congresista.

“Este nivel de negligencia es inaceptable. Puerto Rico merece un plan concreto, no excusas”, añadió Velázquez, quien representa al distrito 7.

La publicación de Velázquez incluye la referencia a una historia del periódico Metro con el titular: “Junta Fiscal: No existe aún un plan del Gobierno para proteger servicios esenciales ante recortes federales”.

El escrito con fecha de este lunes indica que el organismo creado mediante la ley federal PROMESA (Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico) confirmó a la legislatura en Washington D.C. que el gobierno de Puerto Rico no cuenta con un plan para asegurar la continuidad de servicios, particularmente los que se proveen a través de organizaciones sin fines de lucro ante los amplios recortes por parte de la Administración Trump.

La información que reseña el rotativo consta en una carta, con fecha del 7 de enero, en la que el director ejecutivo de la Junta, Robert Mujica, señala que, al momento, “no tiene conocimiento de ningún plan de acción formal preparado por el Gobierno de Puerto Rico para garantizar la prestación de servicios esenciales ante los cambios recientes en la financiación federal”.

Sin embargo, añade la misiva remitida a Velázquez y a otros cinco representantes demócratas, la Junta “está trabajando activamente con el Gobierno en un enfoque colaborativo para la elaboración del presupuesto del Gobierno de Puerto Rico para el año fiscal 2027. En este proceso, el Gobierno lidera la preparación del presupuesto, mientras que la Junta de Supervisión apoya esta transición fortaleciendo los procesos de planificación y gestión financiera”.

En otra de las respuestas a las preguntas de los congresistas, Mujica especificó que, durante los últimos seis meses, la Junta ha recibido solicitudes de financiación de entidades gubernamentales para abordar las deficiencias en los servicios de atención médica, gestión de emergencias y educación.

El director ejecutivo resaltó el caso de la Administración de Familias y Niños (ADSEF) a la que se le emitió una transferencia de $8.58 millones, pero con condiciones.

“En el sector de la salud, la Administración de Familias y Niños (ADSEF) solicitó la transferencia de $8.58 millones de fondos asignados bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OMB) a su presupuesto institucional para apoyar los centros residenciales para menores. Estos fondos ya estaban asignados en el Presupuesto Certificado del Estado Libre Asociado para el año fiscal 2026, y esta transferencia no aumentó el presupuesto total; simplemente permitió que la agencia accediera y utilizara fondos previamente asignados a la custodia de la OMB”, explicó Mujica.

“La Junta de Supervisión aprobó esta transferencia con condiciones, incluyendo garantizar la estabilidad financiera y el cumplimiento de la Sección 4 de la Resolución Conjunta del Fondo General del Estado Libre Asociado (ELA) para el año fiscal 2026”, añadió.

El financiero también mencionó la aprobación de una transferencia de $950,000 de fondos previamente asignados bajo la custodia de la OMB al Departamento del Tesoro para permitir el desembolso de fondos a la “Asociación de Puertorriqueños en Marcha” (APM).

Otras de las partidas señaladas en la carta fue la transferencia solicitada por la secretaría del Tesoro de $1 millón en fondos previamente asignados bajo la custodia de la OMB para desembolsarlos a Caribbean Preparedness and Response, Inc., una organización sin fines de lucro con sede en Puerto Rico que trabaja que provee servicios de internet sin fines de lucro y apoya una red de centros comunitarios digitales para brindar comunicaciones de emergencia. Estos fondos ya estaban asignados en el presupuesto certificado del Estado Libre Asociado para el año fiscal 2026, y esta transferencia no aumenta el presupuesto total; simplemente permite a la Secretaría del Tesoro desembolsar los fondos previamente asignados bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OMB).

En cuanto al Departamento de Educación, Mujica indicó que la agencia solicitó una transferencia interinstitucional de $14.83 millones de fondos a la OMB, originalmente asignados para el año fiscal 2025, para cubrir los costos de construcción pendientes del Vimenti Workforce Hub, un proyecto de desarrollo de la fuerza laboral.

En este caso, el organismo está revisando la solicitud para permitir el uso de fondos del año anterior para cubrir los costos pendientes.

Sobre las fuentes de financiación alternativas a las que las ONG pueden acceder a través de los municipios o agencias estatales para seguir prestando servicios esenciales, Mujica mencionó la Reserva de Emergencia, que tiene como objetivo agilizar los servicios de respuesta ante emergencias y el capital no recurrente.

La respuesta de Mujica se dio a raíz de otra misiva enviada por los demócratas el mes pasado en la que pedían información “urgente” sobre la disponibilidad de fondos federales para el sector de las organizaciones sin fines de lucro en la isla.

Es urgente que la Junta de Supervisión y Gestión Financiera proporcione al Congreso información sobre sus esfuerzos para monitorear la disponibilidad de fondos federales para el sector cívico, incluyendo las cantidades que recibe a través del gobierno central. Su ausencia podría afectar significativamente la planificación fiscal de Puerto Rico, especialmente considerando los datos sobre sus contribuciones a la economía, las principales agencias estatales y los esfuerzos de recuperación ante desastres”, lee parte del documento con fecha del 12 de diciembre.

Los legisladores federales, encabezados por Velázquez, argumentaron que, a pesar de la importancia que revisten estas organizaciones para impulsar la economía y la estabilidad fiscal de Puerto Rico, “algunas de las políticas más drásticas de la Administración Trump han puesto en riesgo su existencia”.

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