Defensoras del aborto en Puerto Rico explican cómo el proyecto del Senado 923 criminalizaría a mujeres y médicos
El derecho al aborto es nuevamente centro del debate en la isla a raíz de una serie de medidas presentadas por la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP)
Mujeres protestan en San Juan, Puerto Rico, contra ley que reconoce al no nacido como persona natural. Crédito: Thais Llorca | EFE
NUEVA YORK – Aunque el aborto sigue siendo legal en Puerto Rico, activistas en pro de ese derecho insistieron en que el fin de recientes proyectos de ley en la isla es establecer un marco legal para limitar o coartar la práctica e incluso criminalizarla.
“Las personas pueden seguir yendo a hacerse terminaciones de embarazo y no tienen que cancelar la cita. Actualmente, el aborto en Puerto Rico continúa siendo legal. Incluso, si se aprobara el (Proyecto del Senado) 923, el aborto en Puerto Rico continuaría siendo legal”, dijo Alondra Hernández Quiñones, portavoz de Aborto Libre Puerto Rico (ALPR).
La abogada se refiere a la medida que fue aprobada en ese cuerpo legislativo la semana pasada. Al momento, se encuentra bajo la consideración de la Cámara de Representantes.
El 923, que es un proyecto de Administración, enmienda el Artículo 92 del Código Penal para establecer que, a los fines del delito de asesinato, se considerará ser humano al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno.
La legislación, según el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, busca armonizar el marco penal con recientes cambios en leyes como la “Keyshla Madlane” (Ley 166-2025) y la Ley 183-2025.
El primer estatuto enmienda el Código Penal a los fines de establecer que constituirá asesinato en primer grado aquel que se cometa contra una mujer embarazada que resulte además en la muerte del concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno. Además estipula que, si como resultado de una agresión contra una embarazada solo muere el concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno, se entenderá que se ha cometido un asesinato en primer grado.
A través de la Ley 183, antes Proyecto del Senado 504, se enmendó el Artículo 67 del Código Civil para reconocer al concebido en cualquier etapa de gestación como persona natural.
“Este asunto del Proyecto del Senado 923 que deja de manera completamente clara, como lo pretendí yo en el Proyecto de Senado 3, que hoy es ley, no afecta en nada ni confunde a nadie. Está clarísimo. Y si hubiera que legislar por todas las vías, por todas las veces que sea necesario para proteger la vida, yo lo haría. Ojalá este proyecto fuera algo para restringir más el aborto, y yo estaría a favor. Estaría aquí defendiéndolo con la misma vehemencia. Yo no tengo problemas con eso”, declaró Rivera Schatz a través del comunicado en el que confirmó la aprobación del 923.
Para las defensoras del derecho al aborto, que es legal en la isla desde el 1980 a raíz del caso Puerto Rico vs. Duarte en el Tribunal Supremo, el proyecto no solo tiene un lenguaje confuso sino que criminalizaría incluso a profesionales de salud en casos, por ejemplo, en los que una embarazada pierda a su bebé en medio de algún tratamiento médico.
“La definición actual de asesinato, que es lo que atiende el 923 en el Código Penal, establece lo que es dar muerte a una persona. Con el 923, sería a una persona y al concebido, pero no nacido, independientemente de su etapa gestacional. Así que añadir la definición de asesinato, aunque no impacta el artículo con respecto al aborto, la realidad es que, al considerarlo debajo de la sombrilla de asesinato, genera una confusión jurídica y médica”, planteó Hernández Quiñones, al tiempo que cuestionó que el proyecto fuera aprobado por descargue y sin vistas públicas.
La entrevistada hizo distinciones entre el alcance de la “Ley Keyshla Madlane” y el PS 923, ya que, bajo este último, a una mujer que pierda espontáneamente un bebé se le podría imputar asesinato si se evidencia algún tipo de negligencia, anticipó.
“Lo que contempla la Ley Keishla es doble asesinato, o sea, se mata a una mujer embarazada, no va a ser una persona, van a ser dos para cuestiones de la pena. Lo que plantea enmendar el artículo de asesinato (923) es que en cualquier instancia, (el concebido) es una persona para los fines de asesinato, y no hace ningún tipo de exclusión con respecto a las modalidades de asesinato, por lo cual hay una preocupación generalizada entre médicos y otros profesionales de la salud sobre los llamados abortos espontáneos o abortos naturales, porque, ¿por una negligencia vamos a contemplarla como un asesinato?”, cuestionó.
Hernández Quiñones reconoció que, para lo anterior, se requiere una denuncia, “pero obviamente al llegar una mujer a un hospital o a buscar atención médica, el facultativo médico o la institución hospitalaria podría levantar el protocolo a esos fines”.
Leyes propician la medicina defensiva
La líder de Aborto Libre argumentó sobre la posibilidad de que algunos médicos opten por abstenerse de atender a embarazadas por temor a las repercusiones de cualquier tratamiento.
“Primero se va a ver en la praxis porque los médicos no van a querer estar asistiendo a mujeres con opción a gestar, embarazadas, etc., porque le podrían imputar un asesinato. Promueve la medicina defensiva. Por ejemplo, si una mujer tiene un dolor de muela, necesita atención médica y está embarazada, que le digan que no la van a atender porque, si en el procedimiento el medicamente se te fue en contra y tiene una pérdida, (el médico) estaría expuesto”, abundó.
En cuanto al ámbito jurídico, la “confusión” que crearían las disposiciones de la propuesta de ley llevaría a que los tribunales tengan que interpretar controversias relacionadas con el asunto, estimó la abogada de derechos humanos.
“En el aspecto jurídico, por supuesto que también crea esa confusión para que los tribunales en Puerto Rico sean los responsables, como los llamados a interpretar las leyes y la Constitución, a interpretar ese choque entre el artículo del aborto y el artículo propuesto sobre la nueva definición de asesinato. Ellos le están pasando la papa caliente a la Rama Judicial”, añadió.
Con lo anterior coincidió Rosa Seguí, activista proderecho y excandidata política por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).
La también columnista del periódico Metro PR señaló que la práctica médica en Puerto Rico ya ha sido criminalizada con la firma de la gobernadora Jenniffer González del Proyecto del Senado 350 que prohíbe procedimientos médicos o quirúrgicos que alteren la biología sexual de los menores como parte de una transición de género, incluyendo intervenciones hormonales irreversibles.
La Ley 63-2025 (PS 350) fue presentada por miembros del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP) y uno de sus autores fue, precisamente, Rivera Schatz.
“Los médicos en Puerto Rico, ya su práctica ha sido criminalizada. Lo primero que se hizo fue que se prohibieron las terapias hormonales a menores de edad y se le imponen sanciones a los médicos, pena de cárcel y multas”, recordó la feminista.
La “Ley para la protección de la salud y el bienestar de los menores de edad en Puerto Rico” aplica a menores de 21 años.
La legislación establece una pena de 15 años de cárcel para los infractores y una multa de $50,000 si se trata de personas jurídicas.
Para defender la ley, los legisladores sostuvieron que estas prácticas médicas pueden generar consecuencias irreversibles en el desarrollo natural de los menores.
En términos del PS 923, Seguí consideró que ni siquiera hacía falta presentar la legislación tras la aprobación del PS 504.
“Como se le concedió personalidad jurídica al no nacido, no hacía falta tipificarlo criminalmente, porque el hecho de darle una personalidad jurídica, pues entonces cualquier cosa que le suceda pudiera entonces ser responsable o la madre gestante o el médico que la está atendiendo”, indicó Seguí también en entrevista con este rotativo.
La excandidata al Senado por el Distrito 1 bajo la insignia de MVC en las elecciones del 2024 sostuvo que, aunque está clara la intención detrás de estas medidas, el lenguaje es ambiguo y confuso.
“Ya esta confusión la vemos desde que se le da personalidad jurídica, y ahora, más agresivamente, se está tipificando como asesinato”, afirmó.
En esa dirección, Seguí cuestionó el argumento de González y otros políticos en el sentido de que el derecho al aborto está protegido con el lenguaje en el PS 504 que establece que los derechos que se reconocen al no nacido no menoscaban la potestad de la mujer gestante de tomar decisiones sobre su embarazo conforme a la ley.
“Antes era sobre los derechos constitucionales, ahora solo dice legal, en ley; solo dice la palabra ley y las leyes están cambiando todos los días…Teniendo una disposición específica que menciona aborto, ¿por qué no se menciona entonces?, ¿por qué no se dice tomar decisiones relacionadas con su embarazo incluyendo el aborto?”, cuestionó.
A juicio de Hernández Quiñones, la gobernadora está impulsando y firmando proyectos de ley sobre los que no conoce a fondo.
“La gobernadora está firmando proyectos de ley, algunos de los que son administrativos, y no sabe lo que está firmando. El 923, específicamente, no dice nada a esos efectos. Lo que trae a la mesa la salvaguarda el recién aprobado PS 504 que dice que se protege ese derecho. No obstante, sabemos que, al otorgarle personalidad y capacidad jurídica al no nacido, cualquier cosa pase es a una persona. Volvemos, el andamiaje y el vaivén político es tanto que lo que están buscando es promover las confusiones jurídicas para que el debate sea confuso y, de esa forma, adelantar posibles controversias que las tengan que resolver los tribunales en Puerto Rico el que, como está constituido es un tribunal más conservador que liberal, sea revocado ‘Pueblo vs. Duarte’, que es el actual ordenamiento jurídico de la isla”, reiteró la defensora de la justicia reproductiva.
El PNP y Proyecto Dignidad buscan favor electoral
Otro ángulo de este asunto es, de acuerdo con Seguí, el electoral.
La también miembro de ALPR denunció que los líderes PNP y de Proyecto Dignidad quieren jugar con la salud de las mujeres para adelantar causas políticas.
“El partido de turno que es el Partido Nuevo Progresista se ha sentido amenazado por la creación del partido Proyecto Dignidad que levantó la bandera de la extrema derecha, y eso ha hecho que para que el PNP quiera recuperar a esas personas para que regresen al partido, pues entonces ha asumido esta voz de ser la extrema derecha en Puerto Rico y ha tenido una agenda muy clara, aunque no fue la agenda que compartió con el pueblo de Puerto Rico durante las elecciones. Estas propuestas de eliminar el aborto, criminalizarlo, coartar los servicios de salud, criminalizar la conducta de profesionales de la salud, esas no fueron parte de las propuestas del PNP”, analizó.
Seguí argumentó que muchos de los militantes de esas colectividades políticas “sirven” también a la Administración del presidente Donald Trump.
“Tenemos unos partidos que han querido llevar la batuta servilmente, copiándose de las medidas que se están aprobando en Estados Unidos y han querido ser más trumpistas que Trump. Así que tenemos ese problema y la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, no votaba de esta manera cuando ella era representante; ella votaba a favor de la equidad. Así que esto es un cambio para tratar de ganar más votos porque en las elecciones el 2024 fue la que menos cantidad de votos recibió el PNP”, puntualizó.
En ese sentido, Hernández Quiñones catalogó de “media verdad” que muchos puertorriqueños, por sus creencias conservadoras, estén en contra del aborto.
“El puertorriqueño es muy doble moral. Esa es la realidad, porque, en Puerto Rico, cuando las personas necesitan liberarse de sus sesgos conservadores, ejecutan muy rápido. No son cuadriculados, no son estrictos en esos dogmas. Claramente, Rivera Schatz quiere legislar esto porque necesita esos votos ignorantes del mal llamado sector conservador del país que no es ajeno a la oleada de la ultraderechización de la región y del globo terráqueo”, coincidió la portavoz.
“Puerto Rico dice estar dividido. Sin embargo, en las clínicas de terminación de embarazo y en otros espacios vemos como mujeres pentecostales muy arraigadas a las directrices de la iglesia van y se practican abortos. O sea que realmente el país respeta muchísimo los derechos humanos de las mujeres e incluso dicen que ese no es su problema y muchas veces viran hacia al lado. Lo que pasa es que es un grupo que insiste, insiste e insiste en que sea ilegal y no les importa la autonomía de las mujeres”, continuó.
Seguí dijo que, aunque respeta las creencias religiosas que usan algunas personas para oponerse a la terminación de un embarazo, una cosa son las creencias y otra los derechos.
“Yo no quiero convencer a nadie de que crea en el aborto; lo que queremos es que no se criminalice, porque mueren mujeres, porque esto no es en el vacío, porque ha sido la historia, porque todavía al día de hoy es la causa principal de la mortalidad materna. No podemos ignorar la ciencia y los hechos. Yo creo que es bueno que cada persona pueda tener sus creencias. De lo que estamos hablando ahora es de cambiar el ordenamiento jurídico. Todas las personas podrían creer que tenían vida desde la concepción. Eso ninguna ley puede cambiarlo; no se puede prohibir tu creencia; ahora, al enmendar la ley y criminalizarlo, pues entonces lo que existe es una prohibición quienes necesitan acceso a salud”, reflexionó.
Consideró que, para reducir los abortos, las vías deben ser otras como la educación sexual.
“Lo que abogamos desde Aborto Libre es que se reduzcan los abortos y para hacerlo hace falta educación sexual para que las personas conozcan cómo protegerse, cuándo poder tener relaciones sexuales; cuándo es consentido, cuándo no; anticonceptivos para evitar los embarazos no deseados y aborto seguro para no morir”, concluyó la política.
Marco legal del aborto en Puerto Rico
Desde principios del siglo pasado, el aborto estuvo tipificado en el Código Penal de Puerto Rico, como un delito. Sin embargo, en el 1980, el Tribunal Supremo en la isla, a través del caso El Pueblo de Puerto Rico vs. Pablo Duarte Mendoza, determinó que el aborto era legal como vía para proteger la vida o salud física y mental de la mujer.
La interpretación del tribunal se basó en artículos de la Constitución de Puerto Rico.
Sin embargo, la Ley 122 del 29 de octubre de 2025 estableció que el aborto en casos de menores de 15 años o menos requiere el consentimiento informado por escrito de al menos uno de los padres o tutor legal. El estatuto además dispone que la clínica debe referir el caso al Departamento de la Familia e investigarlo.
Cabe señalar que esa agencia enmendó en el 2024 el reglamento que regula los Centros de Terminación de Embarazo en Puerto Rico para obligar a las clínicas a referir a las autoridades los casos de menores de 15 años o menos que soliciten un aborto en los casos en los que haya sospecha de agresión sexual.
La decisión del Supremo federal en el 2022 que revocó Roe vs. Wade, que legalizaba el aborto a nivel nacional, prácticamente, no tuvo impacto en la isla.
“En términos jurídicos Dobbs vs. Jackson (sentencia del Supremo federal) no afecta absolutamente nada, porque lo que Dobbs vs. Jackson dice es que en EE.UU. no hay una tradición de derecho a la intimidad y de aborto, por lo cual le corresponde a los estados y territorios como Puerto Rico legislar sobre el aborto. Como Puerto Rico ya estaba legislado y ya está súper interpretado, pues no cambió nada. Obviamente, lo que sucede es que, en términos reales, esto da la oportunidad que estos grupos antiderecho al aborto se envalentonen y continúen el hostigamiento legislativo para criminalizar el aborto en la isla”, explicó Hernández Quiñones.
Las activistas proderechos adelantaron que seguirán educando mediante distintos foros sobre el tema y sobre la necesidad de que no se apruebe el PS 923.
También informaron que continuarán las protestas en la calle como la que está pautada para el próximo martes, 27 de enero, en el exterior del Capitolio, en San Juan, capital de Puerto Rico.
Un reporte de El Nuevo Día el 28 de septiembre del 2023, con motivo del Día de la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, arrojó que el 2022 cerró con 4,931 abortos realizados en las cuatro clínicas de terminaciones de embarazo en Puerto Rico. Lo anterior representó 706 más que los reportados para la misma fecha, pero en el 2021.
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