Intentan ir contra gays

WASHINGTON, D. C.— Los grupos conservadores que esta semana sufrieron un revés en Arizona en su campaña por la “libertad religiosa”, continúan la brega con propuestas de leyes en al menos otros 14 estados de EEUU que permitirían la discriminación en la provisión de servicios, especialmente a los homosexuales.

La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, terminó vetando el miércoles una ley aprobada por la mayoría republicana en ambas cámaras de la legislatura estatal y que proporcionaba una excepción por motivos religiosos a las leyes que prohíben la discriminación por razones como raza, género u orientación sexual.

La polémica tiene su origen en 2006. Cuando Vanessa Willock, una lesbiana, pidió a los fotógrafos Elane Eugenin y Jon, su esposo, en Albuquerque (Nuevo México), que tomaran imágenes de su boda, la pareja rehusó indicando que sólo cubrían “bodas tradicionales”, es decir entre un hombre y una mujer.

La pareja homosexual demandó al estudio fotográfico y el año pasado el Tribunal Supremo de ese estado validó el criterio de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo México, según el cual la empresa violó las leyes de servicio al público.

Esto espoleó a ciertos grupos conservadores, en su mayoría cristianos evangélicos, que salieron en defensa de lo que entienden como su “libertad religiosa”.

Un estudio del Instituto de Investigación de Religión y Opinión Pública (PRRI) indicó esta semana que el 69% de los blancos y el 59% de los negros afiliados a iglesias cristianas evangélicas se oponen a los casamientos de homosexuales.

Por contraste, el 62% de los blancos protestantes, el 58% de los blancos católicos y el 56% de los hispanos católicos aprueban esos casamientos.

La polémica alcanzó resonancia nacional semanas atrás justo cuando Estados Unidos y otros muchos países protestaban contra las leyes que penalizan la homosexualidad en Rusia.

El senador republicano de Arizona, Steve Yarbrough, uno de los tres patrocinadores de la legislación, afirmó que la iniciativa no apuntaba contra los homosexuales o cualquier otro grupo, sino que defendía la libertad religiosa de todos.

“Imagínese una empresa de banquetes propiedad de tres judíos, y que llega un cliente a encargar servicios de comida para una fiesta”, señaló Yarbrough. “El cliente pide que el menú incluya embutidos y otros productos de carne de cerdo, algo prohibido en la dieta kosher”. ¿Puede el cliente demandar a la empresa si no le sirve lo que pide?

En esta batalla en pro supuestamente de las creencias religiosas participan grupos como la Alianza para la Defensa de la Libertad, por la Fe y la Justicia; el Centro de Arizona para Políticas de Protección de la Familia y la Preservación de Nuestro Futuro, y el Centro de Ética y Política Pública, que tiene filiales en dieciocho estados de EEUU.

Un actor relevante en esta brega es el grupo Foco en la Familia, fundado por James Dobson —cofundador de la Alianza para la Defensa de la Libertad—, quien sostiene que si se legalizara el casamiento de homosexuales “nada impediría que, expandida así la noción de matrimonio, haya casamientos en grupo, o que los papás se casen con sus niñitas, o que un hombre se case con su burro”.

La Alianza tiene un presupuesto de más de 30 millones de dólares, y su portal en Internet incluye una “Agenda de los homosexuales” según la cual el propósito de las personas de esa orientación es “diluir los fundamentos morales de la nación para que la homosexualidad se considere normal”.

De acuerdo con el PRRI, el 52% de los blancos religiosos cree que las condiciones sociales en EEUU han empeorado desde 1950. En cambio, aproximadamente el 57% de los negros y el 58% de los hispanos opina que la cultura y el estilo de vida son mejores hoy que hace seis décadas.

Estos grupos conservadores han preparado los proyectos de ley y respaldan a los legisladores que los han propuesto, como la iniciativa en Alabama que “prohíbe que las escuelas públicas discriminen a un estudiante o su familia por sus puntos de vista religiosos o la expresión religiosa en las escuelas públicas”.

En Idaho una legislación propuesta prohibiría que el Gobierno “niegue, revoque o suspenda una licencia profesional, ocupacional o comercial por acciones que invoquen el ejercicio o expresión de creencias religiosas sinceras”.

Hay iniciativas parecidas en Georgia, Kansas, Michigan, Mississippi, Carolina del Norte, Ohio, Oklahoma, Dakota del Sur, Tennessee, Utah, Virginia y Virginia Occidental.